La abogada Ruth Eleonora López presentó un escrito a la Sala de lo Constitucional en el que aduce que el gobierno está incumpliendo la sentencia 21-2020, emitida en junio de este año, que prohíbe establecer limitaciones a derechos fundamentales, como la circulación, por otro mecanismo que no sea la vía legislativa.
Esto, en ocasión del cerco sanitario que el gobierno de Nayib Bukele ha establecido en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, por un posible rebrote de casos de COVID-19. A juicio de López, este cerco que incluye un fuerte dispositivo militar e impide la libre circulación de los habitantes de Chalchuapa viola lo establecido por la Sala en la referida sentencia en el sentido de que el Gobierno emitió unilateralmente una limitación de derecho fundamental.
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Con base en el texto de la sentencia, la jurista afirma en su escrito que “cualquier otro decreto ejecutivo u orden administrativa que se emita después de la sentencia, y que vaya dirigida a establecer un cerco sanitario cuyo efecto, más allá de vigilancia epidemiológica, sea establecer una limitación, suspensión o pérdida del derecho a la libre circulación configurará un incumplimiento a la orden de la Sala de lo Constitucional”.
Por ello, pide que la Sala tenga por no cumplida su sentencia y que además se certifique a la Fiscalía General de la República el desafío a una orden de estricto cumplimiento para que esta deduzca responsabilidades y determine si se ha cometido delitos con el cerco militar en Chalchuapa.
Asimismo, pide que “se declare que el céntrico sanitario en el municipio de Chalchuapa no tiene ningún efecto relativo a la suspensión, limitación o pérdida de derechos fundamentales, particularmente los relativos a la libre circulación y libertad económica; manteniéndose vigentes en esa orden las acciones de estricta vigilancia epidemiológica”.
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Al ser abordada por El Diario de Hoy, López manifestó que “establecer medidas de protección para la población no implica vulnerar sus derechos” y añadió que “no podemos normalizar la ruptura de ley y los mandatos judiciales”.
A su juicio, “como ciudadanos estamos obligados por la Constitución en el artículo 73, numeral 2 a “cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República”. En ese sentido, sentenció la jurista, “solo los delincuentes prefieren el caos sobre el respeto de la ley”.