La abogada Ruth Eleonora López Alfaro pidió este martes a la Sala de lo Constitucional, luego que declaró inconstitucional la convocatoria del Consejo de Ministro del Gobierno de Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa y que terminó en la toma de esta, que notifique a la Fiscalía General los posibles delitos cometidos por esa incursión militar.
López Alfaro presentó un escrito ante los magistrados de la Sala de lo Constitucional donde solicitó que se notifique al Ministerio Público y se investiguen los posibles delitos cometidos por las personas que incursionaron de manera abrupta y violenta en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero.
“Pido que se admita el presente escrito y se certifique a la Fiscalía General de la República lo advertido por esta Sala y en consecuencia investigue la comisión de posibles delitos”, señala en el escrito que la abogada ha presentado en la Sala de lo Constitucional.
El pasado 23 de octubre, la Sala de lo Constitucional resolvió que el punto cuatro del acuerdo emitido por el Consejo de Ministros en la sesión No. 2 del 6 de febrero de 2020, mediante el cual se acordó por unanimidad convocar a la Asamblea Legislativa para que llevara a cabo una sesión extraordinaria a las 15 horas del 9 de febrero de 2020 es inconstitucional.
Según esa resolución que cita en el nuevo escrito: “el que el Órgano Ejecutivo sea el que disponga de la fuerza pública — policial o militar— no significa que pueda abusar de esa posición orgánica, ni que recurriendo a ella trate de afectar las funciones y competencias de los otros órganos de Estado. De igual forma, no puede dificultar la actuación de los restantes órganos mediante abuso de las fuerzas militares o policiales. Tampoco debe ocupar militar o policialmente las instalaciones donde funcionan dichos órganos…”.
En el documento, la abogada retoma puntos de la resolución del máximo tribunal Constitucional donde se establece que tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil no pueden usarse con fines políticos.
“La disposición de las armas y la posición de autoridad en que se encuentran los militares en servicio activo son propicias a causar intimidación e influir el ánimo de las personas por razones distintas de sus propias convicciones políticas. Esto supone que el uso de la fuerza armada no puede emplearse con fines políticos, partidistas u otro fin que no sea constitucionalmente legítimo”, fragmento de la sentencia de los magistrados que retoma la abogada López Alfaro en su escrito.
Al mismo tiempo, menciona que “desde la dimensión estatal hay una obligación total de no instrumentalizar a la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil para eventos que, en lugar de asegurar la paz ciudadana en su dimensión individual y colectiva, la alteren generando tensión, zozobra, temor e inseguridad por el uso indebido de las fuerzas que el Estado tiene para… El uso desnaturalizado de ambas instituciones es plenamente violatorio de la Constitución, a la vez que es delictivo para todos los que participen en dichas actividades en cualquier orden y nivel, inclusive la aquiescencia”.
Añade la abogada que el presidente Nayib Bukele “hizo apología de dichos actos mediante su cuenta oficial de Twitter (@nayibbukele) y reafirmó su legitimidad, a la vez que se refirió a las personas que comparten visiones distintas a la suya de manera impropia para un funcionario público”. El escrito presentado ante la Sala incorpora los tuits del gobernante.
La abogada López Alfaro afirmó en el documento que la Sala ha tenido en cuenta que el presidente Bukele dio una orden inconstitucional a dos instituciones (Fuerza Armada y PNC) que están bajo su mando directo y se configuró un incumplimiento a sus deberes como funcionario.Añade, que Bukele incluso en el día de la toma de la Asamblea arengó con un discurso polarizante donde dijo que tenía el control.
Finalmente, López Alfaro estima que “corresponde a esta Sala, según lo expuesto en la sentencia de referencia, certificar a la Fiscalía General de la República para que el Fiscal (Raúl Melara) investigue y determine el cometimiento de delitos como el claro incumplimiento de los deberes constitucionales que posee el Presidente de la Republica (Nayib Bukele)”.