El 21 de abril, cuando El Salvador cumplió su primer mes de cuarentena obligatoria, El Diario de Hoy consignó que el gobierno se enfrentaba al COVID-19 con improvisación, arbitrariedad y autoritarismo.
Y hoy, a 80 días del inicio del confinamiento estricto, la situación no ha variado. El Salvador no es solo uno de los países con las medidas de cierre más largas, también ha ingresado a la negra lista de países que han respondido a la crisis con excesos de poder y sin un plan de normalización como han advertido analistas políticos y económicos.
Pese a la atropellada retórica de los asesores jurídicos de la Presidencia, el país sigue en un limbo legal, pues la cuarentena sigue sostenida sobre decretos con dudosa o acaso inexistente legitimidad.
Así lo sostiene el constitucionalista Enrique Anaya, quien advierte que ninguno de los decretos ejecutivos emitidos desde el 21 de marzo, cuando el presidente ordenó este confinamiento, ni la misma Ley de Cuarentena aprobada por el Legislativo han sido apegados a la Constitución.
“Los alegatos jurídicos de Casa Presidencial y sus asesores son burdas mentiras, ofensivas mentiras y groseras distorsiones”, expresó categóricamente Anaya, quien añadió que el ramo Ejecutivo no tiene potestad para decretar cuarentena ni restringir derechos fundamentales.
Pese a que la Constitución le otorga a la Asamblea Legislativa la facultad limitar derechos fundamentales, el Ejecutivo lo ha hecho de facto al decretar limitaciones de movimiento y ordenar retenciones por la Policía y la Fuerza Armada sin que haya una ley que lo justifique. El presidente Nayib Bukele incluso ha desafiado sentencias de la Sala de lo Constitucional que le prohíben ordenar capturas solo por infringir la cuarentena y le recuerdan que solo debe retenerse a quienes objetivamente se consideren fuente de contagio de COVID-19.
Según Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, el gobierno “ha puesto de manifiesto un profundo irrespeto a la Constitución pues ha querido gestionar la crisis por medio de decretos ejecutivos” ilegales más allá de sus facultades.
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Además, advierte la estrategia de emitir decretos de corta duración para que la Sala de lo Constitucional no tenga tiempo de inhabilitarlos.
Castro también señala violaciones graves a los derechos humanos. Hasta ayer, la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos había recibido 1,668 denuncias de violaciones a garantías fundamentales, entre las cuales destacaban detenciones arbitrarias, y negligencia en los centros de retención.
“Decretitis” y la improvisación
El Salvador vive una “decretitis”. Desde el 21 de marzo, se ha emitido 74 instrumentos normativos para regular la cuarentena y la emergencia que terminan confundiendo a la población. Estos se dan a conocer en redes sociales, en ocasiones pocas horas antes de su entrada en vigencia, con lo que no hay suficiente publicidad para garantizar que la ciudadanía se entere de las restricciones y tome las medidas necesarias.
Así sucedió cuando se ordenó el 6 de mayo detener el transporte público de pasajeros. Cerca de las 4 de la tarde, se publicó en Twitter el decreto que entraba en vigencia a la medianoche, dando poco margen de maniobra a los cientos de miles de salvadoreños que se movilizan en autobuses. A solo 25 minutos de la entrada en vigencia de esta medida, el Gobierno publicó una actualización obligando a los empleadores de negocios autorizados a operar a proveer transporte gratuito a sus trabajadores. El siguiente día, como era de esperarse, muchos caminaron por horas para llegar a sus empleos, médicos e incluso pacientes crónicos se quedaron sin poder movilizarse y la improvisación volvió a pasar factura al país.
Estos casos, a juicio de Eduardo Escobar, muestran una pobre técnica del Ejecutivo a la hora de formular medidas, lo que además de ilegalidades genera confusiones e incrementa los costos para la ciudadanía.
Pero lo que más caracteriza al Ejecutivo, según el director de Acción Ciudadana, es la incomodidad que le genera someterse a los límites que establece la ley. “Ellos tratan de exceder sus facultades y tienen resistencia a ser controlados”, dice y añade que la decretitis es una forma de “atajo no democrático” en el que norman todos los aspectos de una sociedad, incluso limitación a derechos fundamentales, por decretos que pueden emitir en cualquier momento y cuya ejecución tiene el auxilio de policías y militares.
Marcela Galeas, abogada penalista, ve una contradicción entre un Ejecutivo que exige cumplimiento irrestricto a sus medidas y amenaza con detenciones arbitrarias, pero que se resiste a cumplir la ley suprema del país, la Constitución.
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Además, critica “que usurpen funciones del Legislativo solo porque no se quieren poner de acuerdo o no les gusta el requisito de transparencia que establece este”.
Esto último, porque la negativa del Ejecutivo a rendir cuentas que le establece la ley y que le solicita el Congreso le ha llevado a quemar puentes de diálogo, para luego culparles no solo de no cooperar con los esfuerzos, sino de “estar del lado de la muerte” o del virus.
Ninguno de los analistas consultados por este medio se atreve a atribuir esta errática conducta jurídica a malicia o a incapacidad. Sin embargo, Escobar adelanta una teoría: que el presidente se ve a sí mismo como un “mesías” que quiere ser el único que ofrezca la salvación a los salvadoreños, por lo que no quiere compartir el aplauso con nadie más.
Esta apreciación caza con la conducta del mandatario que ha vetado al menos 2 iniciativas que salieron del mismo Ejecutivo (una prórroga del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de emergencia, cuarentena y reapertura en la que sus emisarios invirtieron una semana de arduas negociaciones), pues no se dieron en los términos que él pedía. Esto, advierte, se explica cuando recordamos que estamos en año preelectoral y que el presidente precisa en 2021 alcanzar una mayoría legislativa propia que le exima de estar negociado con los mismos partidos a los que les ha declarado la guerra política.
En fin, 80 días y 74 instrumentos normativos después, la cuarentena en El Salvador parece estar sujeta al capricho de un Ejecutivo que no dialoga, al que le incomodan los límites y carente de la capacidad técnica para elaborar un plan sensato de normalización.