Más de 17,000 procesados confesaron sus delitos para reducir penas de cárcel en El Salvador

Las cifras corresponden al período de 2014 hasta el 7 de abril de este año, según la Fiscalía. Este beneficio penal lo puede pedir desde un corrupto confeso hasta un violador.

descripción de la imagen
El expresidente de la República, Antonio Saca, condenado a diez años de prisión, es uno de los 17,086 procesados que confesaron sus delitos. EDH/ Mauricio Cáceres

Por David Marroquín

2019-04-22 9:02:57

El sistema de justicia permitió que 17,086 procesados por distintos delitos se sometieran a un procedimiento abreviado para confesar sus delitos y recibir penas menores de cárcel o hacer trabajos de utilidad pública.

Los datos corresponde al período de 2014 a abril de 2019, según cifras de la Fiscalía General de la República.

La legislación penal establece que las penas que podrán acordarse entre el fiscal, el imputado y su defensor será: desde la tercera parte del mínimo de la pena hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito que se le imputa al que se somete al juicio abreviado.

También se podrá solicitar penas distintas a la prisión cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o alternativas.

La reducción a la mitad del mínimo de las penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa, son parte de las medidas contempladas por la legislación penal.

No importa el delito que haya cometido el que solicita el proceso abreviado, lo puede pedir un corrupto confeso como fue el caso de Elías Antonio Saca hasta que el viola a una mejor o el que asesina. Todos ellos forman parte de los más de 17 mil que se acogieron a este recurso legal.
Saca, tres de sus exfuncionarios y dos exempleados de Casa Presidencial confesaron haber participado en el robo de 301 millones de dólares de las arcas del Estado en la gestión de Saca.

Tras confesar los actos de corrupción en los que participaron, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Saca y a su exsecretario privado Elmer Charlaix a diez años de prisión por peculado y lavado de dinero.

Los exsecretarios de Comunicaciones y de la Juventud, Julio Rank y César Funes, respectivamente, fueron sentenciados a cinco años de cárcel por lavado de dinero. Los exempleados de Casa Presidencial, Jorge Herrera y Francisco Rodríguez, cumplirán tres y seis años de prisión.

Otro exempleado, Pablo Gómez, quien fue el único que desistió del procedimiento abreviado, le impusieron 16 años de prisión.

Pese al juicio abreviado, la Fiscalía pidió que Saca devuelva al Estado, 260 millones de dólares para resarcir los daños. Situación con la que no está de acuerdo la defensa de Saca.

La defensa de Ana Ligia de Saca, exprimera dama de la República y esposa de Saca, también acordó con la Fiscalía General de que ella se someterá a un procedimiento abreviado a cambio de confesar haber lavado 17 millones de dólares, pero que también que tendrá que devolver al Estado.

Otros seis imputados en el caso Destape a la Corrupción II también han expresado su interés en alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para someterse a un juicio abreviado para evitar ir a la cárcel a cambio de cumplir otras medidas como trabajo utilitario y normas de conducta.

La audiencia preliminar se reanudará el 13 de mayo próximo en el que se espera que el Juzgado Séptimo de Instrucción autorice el proceso abreviado a la exprimera dama y los otros seis imputados.

Beneficiados con juicio abreviado van en disminución

El año 2014 ha sido en el que más procesados se sumaron al procedimiento abreviado. Solo en el referido año hubo 3,981 casos de este tipo, de los cuales 3,904 se declararon culpables y el resto, 77, quedaron exonerados.

A partir de ese año, el número de acusados que aceptaban declararse culpables comenzó a disminuir.

Por ejemplo, la Fiscalía tiene registrados 3,888 casos en el 2015 y al año siguiente, hubo otra reducción, es decir, que se recibieron 2,874 peticiones de procedimiento abreviado. De ese total, 2,836 se declararon culpables y fueron condenados; mientras que el resto, 68 casos, salieron bien librados.

En el año 2017, los procesados sometidos al referido procedimiento disminuyó con relación al año anterior.

Las cifras de la Fiscalía General registran que recibieron 2,739 peticiones de procedimiento abreviado, de los cuales 2,711 reconocieron su culpa y fueron condenados; mientras que 28 quedaron exonerados de los cargos que les imputaban.

El año pasado, los acusados que se sometieron al referido beneficio penal subió de nuevo con respecto al año 2017. El Departamento de Estadísticas de la Fiscalía General aceptó realizar 2,949 procesos abreviados, de los cuales, 2,906 imputados fueron condenados y 43 exonerados de cargos.

Para este año, en el período del 1 de enero al 7 de abril, los jueces autorizaron 914 procesos abreviados, en los cuales 907 se declararon culpables y fueron condenados y siete más fueron exonerados.

El procedimiento judicial abreviado que establece la legislación penal ha sido establecido para todos los delitos, explicó recientemente a este medio el jefe de la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía, German Arriaza.

Agregó que cualquier imputado se puede someter a ese beneficio penal, independiente de quien sea y el delito que sea, siempre y cuando acepten su culpabilidad. “Ahí estamos hablando de homicidios, extorsiones, delitos de naturaleza sexual, delitos patrimoniales, delitos de corrupción”, dijo Arriaza.

Agregó que “el procedimiento abreviado como tal tiene ciertos requisitos que aplican para todos, tanto para procesados que cometen delitos menores como para personas que han cometido delitos que atentan contra la vida”.

Arriaza cree que algunos de los procesados se someten a un juicio abreviado “ante la fortaleza de los elementos probatorios del proceso no queda opción a los procesados de confesar el delito”.

El procedimiento abreviado está contemplado en el Código Procesal Penal desde 1998, una figura conocida como justicia anticipada.

“La mayoría de las personas que han sido procesadas y eventualmente condenadas, muy pocas aceptan que han cometido delito, casi todos aseguran ser inocentes, iban pasando por ahí y entonces como que el nivel de avanzar hasta la aceptación de un hecho delictivo es importante”, analiza Arriaza.

El jefe fiscal rechazó cuestionamientos en redes sociales que comparaban el trato dado a Ana Ligia de Saca con el de la persona que robó $42 en carne en un supermercado.

Arriaza señaló que en algunos casos en los que se les ha negado el procedimiento abreviado es porque no han cumplido los requisitos que señala la ley.

“Como fiscales somos garantes del principio de legalidad y al serlo nuestro parámetro de acción debe de estar dentro del marco de la ley”, dijo Arriaza.