Vacíos legales favorecieron al pastor central del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, para que la misma Fiscalía General de la República ordenara su libertad la tarde del viernes, tras haber sido detenido mientras manejaba en “evidente estado de ebriedad”, como lo afirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía adujo que dejaron en libertad a Rivas por falta de prueba que demostrara su condición a la hora de ser arrestado el pasado jueves por la madrugada en el bulevar Constitución, de San Salvador.
El Fiscal General, Raúl Melara, en su cuenta oficial de Twitter adelantó ayer que la institución que él dirige va investigar el caso del pastor Rivas.
El Diario de Hoy consultó a abogados y diputados sobre la decisión de la Fiscalía de dejar libre al pastor Rivas a menos de 48 horas de su detención, quienes coincidieron que la medida era legal pero que eso no exime al Ministerio Público de su misión constitucional de investigar el ilícito que cometió “el religioso”.
Rivas se negó a que se le realizara el alcotest cuando fue sorprendido por agentes del 911 y eso le valió para no estar ni siquiera 72 horas en bartolinas policiales, plazo que manda la ley a una persona que maneje alcoholizada un vehículo.
Para el abogado penalista Rolando Aparicio este es un mal mensaje para los conductores que manejan borrachos, porque al negarse al test de alcoholemia, con esa prueba un juez ordenaría su detención provisional o las medidas alternas como ir a un centro de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción.
En esa misma dirección se expresó el abogado Dennis Muñoz, quien consideró “inusual” que una persona detenida por un delito quede en libertad en menos de 72 horas, “dado que se debe judicializar un caso”.
“La legislación, como está, permite que una persona no se haga la prueba de alcoholemia, aunque el Reglamento General de Tránsito establece los parámetros, como más de 100 mililitros de alcohol en sangre y otros factores ”, dijo Aparicio.
“Ante la negativa de realizarse la prueba científica de alcotest sería atinado determinar cuántas personas quedan en libertad”, sugirió el abogado Muñoz.
Solo en la Semana Santa, la Policía ha detenido a 107 conductores ebrios, de quienes se desconoce cuántos siguen en bartolina o cuantos han salido libre, como Rivas.
Lo que sucede, afirmó por su parte Aparicio, es que Rivas es una persona pública y como tal debe mostrar moralidad más allá de cualquier ciudadano, “porque es un guía espiritual”, pero “mientras no se haya hecho la prueba no puede el juzgador establecer en qué estado de ebriedad se encontraba, ya que están los parámetros: menos de 50, menos de 100 y más allá de 100 mililitros de alcohol en sangre, pero ante un juez no se puede suponer”.
Recalcó que el no haberse hecho la prueba dejó atado al juez porque el artículo 171 del Reglamento General de Tránsito indica los grados que debe tener de alcohol en sangre en razón de mililitros en sangre.
Sugirió a Fiscalía a profundizar sobre la situación del pastor Rivas, pues no puede decir de manera excepcional “este sí y este no” porque la ley es igual para todos y más aún con Rivas, quien “es una persona de carácter público, religioso y moral, su actitud debió ser diferente del resto de ciudadanos”.
Vacíos de ley
Para los abogados consultados, el problema de la ley es que ante una autoridad judicial no se puede presumir que una persona estuvo o está ebria, debe haber una prueba científica que lo demuestre y esa solo es posible a través del alcotest o el examen forense de Medicina Legal.
“La presunción no es válida ante la ley, la única presunción válida es la de inocencia. En ese orden tendrían que hacerse reformas que indique qué hacer cuando una persona se niega hacerse la prueba, por ejemplo, la del ADN, donde el juez puede obligar a una persona a efectuarse la prueba sin importar los medios físicos”, apuntó Aparicio.
Sin una prueba que indique los mililitros de alcohol en sangre, un juez no puede establecer el nivel de ebriedad en que fue detenida una persona, aunque los agentes captores como testigos y en su acta hayan descrito el estado en que estaba el conductor, añadio el jurista.
Ese no es más que un vacío legal utilizado por muchos conductores para no hacerse la prueba de alcohol y no ser procesada judicialmente.
Hacerse la prueba es voluntario
El diputado Mauricio Vargas menciona que en este momento son las personas las que deciden si hacen el “alcotest” o no y de no realizarse asume que va directamente a las bartolinas y debe comprobarse el delito de conducción peligrosa.
En ese caso, según el legislador queda abierta la posibilidad de que el imputado salga libre antes de las 72 horas, porque es la Fiscalía quien tiene que probar la falta cometida.
Legislación actual es permisiva
Conductores que quedan libres
Hay que darle más dientes a la Ley
Para Vargas, aún se debe trabajar mucho en materia de legislación vial y “dotar de más dientes” a las leyes para que se ejecuten.
Según el diputado Carlos Reyes, la Ley de Transporte ya establece procedimientos, mismos que se pueden acortar, dependiendo de otras instancias como la Fiscalía y el Órgano Judicial, pero la ley está bastante clara en ese aspecto, afirma.
“Nosotros estamos por hacer un análisis que tiene que ver con las reformas a la Ley de Transporte y Tránsito y Seguridad Vial”, añadió.
Dichas reformas van en camino de incrementar las multas y las licencias de las motocicletas, que se ven mayormente involucradas en los accidentes de tránsito.
‘’Tenemos que hacer un esfuerzo los tres órganos del Estado y la población, tenemos que tomar conciencia, no podemos seguir con esta racha de accidentes y personas fallecidas que es lo más problemático”, expresa el diputado.
Conductores presos
Es el total de conductores que al someterse al alcotest en los diferentes retenes policiales sobrepasaron los 100 grados de alcohol en sangre en esta Semana Santa.
El tema de los conductores en estado de ebriedad también es complicado y va relacionado con tomar mayor conciencia y deben mejorarse los procedimientos y las multas, analiza el legislador Vargas
Dentro de las propuestas de los parlamentarios también está cumplir rigurosamente con dos revisiones mecánicas al año de los vehículos, medida que ya está planteada en la ley.
Aseguró que en la comisión están trabajando por una ley más rigurosa, pero se necesita que se haga cumplir la ley y que la policía actúe con mayor rigurosidad.