Los agentes de seguridad pública otra vez están en la mira de los grupos delincuenciales. El lunes anterior, el subdirector de la Policía Nacional Civil, César Baldemar Flores Murillo, emitió un memorándum a las jefaturas de diferentes unidades policiales para alertarlas sobre posibles atentados que podría cometer la Mara Salvatrucha contra la vida de “operadores de la ley”.
“A través del presente, hago de su conocimiento sobre información de interés relacionada a amenazas y posibles atentados en contra de la vida de operadores de la ley (personal de la Dirección General de Centros Penales) por parte de miembros de la pandilla MS-13”, dice la misiva.
El crimen más reciente contra un empleado de seguridad que debía tratar con reclusos fue cometido el 9 de marzo pasado en la colonia La Pradera, de San Miguel. José Samuel Hernández Villarreal fue asesinado por pandilleros cerca de su vivienda. Dos parientes de la víctima resultaron lesionados.
Flores Murillo instruyó al personal para que realice las coordinaciones respectivas con los directores de los presidios que estén en sus jurisdicciones e implementen “acciones operativas de inteligencia, investigación e intervención” para verificar la información y planifiquen dispositivos que permitan identificar a los cabecillas de la pandilla que están tras las amenazas.
El Ministerio de Justicia además informó que este miércoles, a las 9:00 de la mañana, trasladarán hacia el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (Zacatraz), La Paz, a los cabecillas de pandillas que han participado en hechos recientes de violencia dentro de las cárceles del país.
Las autoridades anunciaron que también darán detalles sobre el plan de prevención que han activado para prevenir estos casos entre los reclusos.
Penal de Izalco en “estado de emergencia” tras matanza
Las medidas anunciadas por las autoridades se dan después de que el 12 de abril las autoridades penitenciarias decretaran “estado de emergencia” en la cárcel de Izalco, Sonsonate, durante 15 días.
La decisión fue tomada tras el asesinato de cinco reclusos que eran parte de la pandilla 18 sureños. Ellos habrían sido ultimados por rencillas con delincuentes de la misma estructura delictiva, según las autoridades.
Los convictos, quienes purgaban penas por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas, estaban encarcelados en distintas celdas del sector II. Todos fueron vapuleados y asfixiados por otros reos; los cadáveres fueron descubiertos por los custodios cuando hacían el recuento diario de internos.
El 2 de marzo pasado, también fue decretado “estado de emergencia” en el presidio de Quezaltepeque, La Libertad. Ese día cuatro reclusos, también integrantes de la pandilla 18, murieron apuñalados y asfixiados por otros reos.
Aunque el memorándum que giró el subdirector de la Policía a los subalternos no hace referencia a posibles atentados contra policías y militares, ellos están en constante riesgo de ser víctimas de las pandillas.
El lunes el soldado Kevin Alberto Ramírez Umaña fue asesinado a balazos por un pandillero mientras hacía un patrullaje preventivo en el caserío La Serena, del cantón Tula, en San José Villanueva, La Libertad. Ya son cuatro militares asesinados este año por grupos criminales.