La Ley para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para Las Mujeres establece que la violencia contra la mujer es toda acción que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, hasta el grado más elevado que es la muerte.
De esta manera en los últimos años se han registrado casos en los que mujeres han sido asesinadas por sus esposos o parejas con lujo de barbarie.
Entre los casos, se registra el feminicidio de Jocelyn Abarca, asesinada por su compañero de vida, Ronald Urbina.
Partes del cadáver mutilado de la joven fueron encontrados el 6 de julio del año pasado en diversos puntos de la capital: hallaron unas partes en una cubeta en la quebrada La Mascota, otras cerca del Cementerio Los Ilustres, en San Salvador, y el 10 de julio de 2018 fue localizada la cabeza en la quebrada El Piro, de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
La periodista Karla Turcios fue asesinada por su esposo, Mario Huezo, el 14 de abril del año pasado y sus restos fueron abandonados a un lado de la carretera Longitudinal del Norte en Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana.
La madrugada del 29 de diciembre de 2017, la agente Karla Mayarí Ayala fue asesinada y su cuerpo desaparecido, después de una fiesta navideña en la sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), cerca del Estadio Cuscatlán.
Luego que el exjefe del GRP, Julio César Flores, ordenara a los expolicías Wilfredo Deras y Ovidio Pacheco que fueran a dejar a Ayala a su casa en una patrulla, Juan José Castillo Arévalo -prófugo- también abordó el carro y a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, lesionó a la víctima en la cabeza, según la Fiscalía. El cuerpo de Ayala fue hallado diez meses después, en San Francisco Javier, Usulután.
Los anteriores casos fueron mediáticos y la presión social permitió que se resolvieran, pero según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), desde el 1 de enero hasta el pasado 10 de abril de 2019, se registraron 88 feminicidios, y muchos de estos pasaron en el anonimato.
Y a pesar de que hasta la fecha, comparada con el año anterior, hay una disminución de 41 feminicidios, es una violencia que está permanente en el país, asegura la Jefa de la Unidad Especializada para las Mujeres de la Fiscalía General de la República (FGR), Cecilia Pineda.
Cabe destacar que la Ley establece que a un feminicidio le anteceden hechos violentos por menosprecio y odio hacia una mujer, desencadenados por las relaciones desiguales (económicas o de formación académica o de valores), entre hombres y mujeres.
El Salvador tuvo la mayor tasa de feminicidios en América Latina en el 2017, según el Observatorio de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los registros oficiales detallaron que El Salvador registra 10 homicidios de mujeres por cada 100,000 habitantes.
Pineda asegura que muchas personas no denuncian porque para “las víctimas es difícil expresarlo por lo patrones estereotipados derivados del sistema patriarcal que se tiene y el expresarlo no es fácil para las víctimas”.
“A pesar de que su familia se mantiene, a pesar de todos los problemas que tiene o ha tenido y si siguen juntos, siente que ha triunfado para el sistema patriarcal y detrás de eso hay toda una historia de violencia, una historia de violencia que se ha tenido que aguantar y soportar y diferentes tipos de violencia” agregó Pineda.
“Es bien complicado el abordar estos tipos de violencia porque la misma mujer que está en el ciclo de la violencia no lo quiere decir por mantener su núcleo familiar”, asegura Pineda.
Según los resultados revelados el año pasado de la primera Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, realizada por el Banco Central de Reserva de El Salvador, siete de cada diez mujeres, a partir de los 15 años ha sufrido algún tipo de violencia en su vida.
La Ley tipifica diferentes tipos de violencia, entre ellos la psicológica que es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional o perjudique el sano desarrollo de la mujer, en este caso se incluyen gritos o insultos.
Este tipo de violencia, dependiendo de cómo haya sucedido, se configura en el delito de expresiones de violencia contra las mujeres. Solo en el 2018, la Fiscalía recibió 3,670 denuncias por este delito y hasta mediados de marzo de este año se registran 379 casos.
También, la violencia física “es la violencia que es producto de los estereotipos, producto de la violencia dirigida por ser mujer, que hayan elementos misóginos” mencionó Pineda.
Dentro esta categoría, se puede determinar el delito de violencia intrafamiliar. En el primer trimestre del año, la Fiscalía recibió 161 denuncias por este tipo de delito; en el 2018 se tuvo 1,474 casos.
La violencia sexual puede manifestarse de diversas maneras y de acuerdo a ello se tipifican como delitos: el acoso sexual, la agresión sexual, la violación, el estupro, entre otros.
Los resultados de la encuesta, mencionada anteriormente, también determinaron que 53 por ciento de las mujeres recibieron violencia psicológica, 26 por ciento violencia física, y el 43 por ciento violencia sexual.
Violencia tipificada
Cabe destacar que no en todos los casos de violencia se ejerce acción penal o que permita constituir un delito, ya que se deben reunir ciertos requisitos de legalidad.
En muchos casos, a las víctimas solamente se les brindan medidas de protección.
“Hay varios casos que se ejercen acción penal, en la Unidad especializada para las Mujeres de la Fiscalía se está ejerciendo acción penal en alrededor de 40 casos mensuales y de medidas de protección se solicitan unas 20 al mes” dijo Pineda.
Las medidas de protección pueden ser que el denunciado no deba acercarse a la presunta víctima o que la Policía le preste seguridad exclusiva en determinados momentos a la denunciante.
Cuando una mujer es víctima de violencia puede acudir a las oficinas de la Fiscalía General de la República o remitirse a las autoridades de la Policía Nacional Civil (ver infográfico).
Sin embargo, las denuncias recibidas por PNC son remitidas a la Fiscalía a las 24 horas, solo en los casos que hay una persona capturada, se remite a las ocho horas.