Un miembro de la pandilla Barrio 18, facción sureños murió la pasada noche durante un intercambio de disparos entre pandilleros y efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR).
La oficina fiscal de la localidad de Cojutepeque detalló que el tiroteo se produjo en el caserío El Cementerio, cantón La Esperanza, de la localidad de San Pedro Perulapán.
La Fiscalía, que continúa con la investigación del suceso, no detalló, hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo el hecho ni brindó la identidad del pandillero muerto.
FGR de Cojutepeque informa que un miembro la pandilla 18 sureños, falleció anoche en intercambio de disparos con PNC en caserío El Cementerio, cantón La Esperanza, de San Pedro Perulapán. Se le incautaron 2 armas de fuego.
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 17 de marzo de 2019
En el enfrentamiento, no murió ni resultó herido ningún efectivo policial, aunque es habitual en El Salvador que, cuando se producen este tipo de sucesos, ambas partes sufran bajas o reporten lesionados.
Entre el 1 de enero de 2019 hasta la fecha, al menos 9 policías fueron asesinados, crímenes atribuidos principalmente a las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha y otras minoritarias.
A estos homicidios se agregan los de un empleado administrativo de la Policía y dos militares, asesinatos que fueron perpetrados principalmente cuando se encontraban en su día libre.
Durante 2018 fueron asesinados 32 policías, más 2 empleados administrativos del cuerpo de seguridad, 17 militares, 3 custodios de Centros Penales y un estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
Desde que comenzó el año en curso, hasta el pasado 10 de marzo, último reporte de la PNC, el cuerpo de seguridad computó 51 enfrentamientos con miembros de pandillas, con el saldo de 25 “terroristas” muertos, 35 detenidos y el decomiso de 33 armas de fuego, entre ellas 6 fusiles.
En el mismo período de 2018, los enfrentamientos entre efectivos policiales y pandilleros ascendieron a 57, en los que 39 resultaron abatidos a tiros, 27 detenidos y 56 armas confiscadas, de las cuales 7 eran fusiles.
Las autoridades de Seguridad han señalado en diversas ocasiones que con los ataques contra los miembros de los cuerpos de seguridad las pandillas buscan presionar al Gobierno para obtener beneficios carcelarios para sus líderes.
El Gobierno de El Salvador responsabiliza a las “maras” de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación centroamericana como uno de los países más violentos del mundo.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.