La mesa para discutir acerca de sí se solicita o no a Nicaragua la extradición del expresidente Mauricio Funes está servida. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya tienen en sus manos la documentación que solicitaron al juez de la causa para comenzar a deliberar el próximo jueves.
La confirmación la hicieron a El Diario de Hoy los magistrados de la Corte Suprema Aldo Cáder Camilot y Óscar Alberto López Jerez.
“En ese caso ya se ha agendado desde la semana pasada para su deliberación final, ya está en agenda de Corte Plena para la deliberación final y tomar la decisión si procede o no procede (la extradición)”, afirmó el magistrado Cáder.
Según el magistrado, podrían comenzar a ver el próximo martes y decidir a más tardar el jueves si se solicita la entrega de Funes, quien está acusado por la Fiscalía General de la República de haber desviado $351 millones del Estado en su gestión (2009-2014).
De igual forma, el magistrado López Jerez confirmó que ya están listos para iniciar las deliberaciones “El jueves vamos a votar si se decide o no la extradición”, afirmó.
Ambos magistrados manifestaron que ya tienen en sus manos la documentación requerida al Juez Séptimo de Instrucción y que están satisfechos con los que les envió.
“La información que pedimos es lo que rindió el juez, le pedimos información del expediente para tener una visión más clara, ahora se estaría analizando para ver si cumple o no con los requisitos para su extradición”, afirmó Cáder.
Agregó que la petición estaba orientada a “tener claro los hechos que se imputan y la documentación, sobre todo los fundamentos del requerimiento fiscal, tener bien claro en qué consistía la imputación y conocer cronológicamente cómo sucedieron las cosas, para estar bien preparados”.
Por decisión de Corte Plena se le había pedido al referido juez que les enviara más información sobre los delitos de que se le acusa a Funes, de cómo sucedieron los hechos y los fundamentos de la acusación.
López Jerez dijo por su parte que lo requerido al juez “ya fue subsanado” y que de allí lo que sigue es decidir el jueves si se accede a pedirle al gobierno de Nicaragua que entregue al exmandatario.
El tema estaba estancado en la Corte Plena luego de que decidieran solicitar al juez más detalles del caso, incluso el juez pidió una ampliación del plazo otorgado para reunir todos los documentos requeridos.
El magistrado López Jerez explicó que lo solicitado iba en el sentido de conocer los hechos y fundamentos.
Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, fecha en que el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político exprés. En junio de 2017, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó la primera orden de detención provisional con instrucción formal en contra de Funes.
A finales de septiembre pasado, el Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel Argüello, remitió a la Corte la solicitud de extradición del exmandatario, a quien Fiscalía acusó de lavado de dinero y de encabezar una red compuesta por funcionarios de primer nivel, colaboradores y familiares para la sustracción millonaria del Estado.
La solicitud llegó a manos de la Corte Suprema en octubre pasado y esta inició la discusión sobre esa solicitud en diciembre.
Sobre cómo deliberarán sobre el tema los magistrados está vedado a los ciudadanos de momento, pues esa discusión tendrá reserva total, según acuerdo de la Corte Plena del pasado 27 de noviembre.
Aunque en su momento el magistrado Carlos Sergio Avilés explicó que la decisión la fundamentaron en el artículo 19 de la Ley del Acceso a la Información Pública, para que no se genere “especulaciones innecesarias” ni se les dé connotaciones políticas a posiciones técnicas que adopten ciertos magistrados en ese proceso.
La convención y el asilo
La solicitud de detención y extradición abarca a Funes, a su pareja, Ada Mitchell Guzmán; y a sus dos hijos Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Mauricio Funes enfrenta cuatro procesos penales
1. Condena civil a devolver al estado $419,145
El génesis de los cuatro procesos penales contra Mauricio Funes comenzó en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia cuando encontró suficientes indicios de enriquecimiento ilícito por $702,000 al analizar los bienes que tenía al inicio y al final de su mandato. Corte Plena lo envió a juicio y la Cámara Segunda de lo Civil lo halló culpable a él y a su hijo Diego, les ordenó devolver al Estado $419,145.19, y a la Fiscalía a que iniciara investigaciones. Esta descubrió que desvió $351 millones en su gestión y lo acusó penalmente.
2. Operación saqueo público vincula a Funes y 31 imputados en el desvío de más de $351 millones.
El 10 de junio de 2018, el Juzgado 5o. de Paz de San Salvador abrió la primera causa penal contra el expresidente Mauricio Funes y 31 acusados más, entre ellos su exesposa, dos hijos y su actual compañera de vida, tras figurar como sospechosos de crear en Casa Presidencial una estructura corrupta para desviar más de $351 millones durante su gestión. Funes fue procesado por los delitos de lavado de dinero, peculado, casos especiales de lavado y de encubrimiento.
3. Operación Corruptela relaciona a Funes con sobornos a exfiscal General Luis Martínez
El 12 de noviembre de 2018, el Juzgado Cuarto de Paz decretó continuar el proceso judicial con orden de detención internacional contra Mauricio Funes por el delito de cohecho activo y cohecho propio (soborno) y al ex-Fiscal General Luis Martínez por falsedad documental agravada y omisión a la investigación. Según Fiscalía, Funes dio entre $10,000 a $30,000 por mes a Martínez para que no lo investigara por la tregua entre pandillas y el arreglo directo en caso El Chaparral.
4. Dos procesos más: caso el chaparral y el Ros
Un tercer proceso judicial contra el exmandatario fue entablado en el Juzgado Noveno de Paz el 8 de enero de 2019 por los delitos de peculado y lavado de dinero en la que, supuestamente Funes recibió $3.5 millones de la constructora Astaldi por haber ordenado el arreglo directo con la CEL y el consiguiente pago de $108 millones. El 18 de enero de 2019, el Juzgado Quinto de Paz acumuló el cuarto proceso penal contra el expresidente Funes por revelar información confidencial conocido como ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas).
Los cuatro huyeron a Nicaragua en 2016 poco antes de que la Fiscalía iniciara una serie de allanamientos a las viviendas de Funes y sus familiares, así como a la empresa de spa y un bufete de abogados que están presuntamente involucrados en el desvío de dinero estatal.
Mauricio Funes sigue argumentando que su extradición no depende de lo que decida la Corte aquí, sino de la decisión que tome el régimen de Ortega. Lo recordó el viernes pasado al reaccionar a lo dicho por el presidente electo, Nayib Bukele en Estados Unidos, de que “le guste o no le guste va a venir a enfrentar la justicia en El Salvador”.
Pero en el tema de la extradición hay convenciones o tratados regionales vigentes suscritos por Nicaragua que estarían obligándolo a extraditar a Funes.
El magistrado López Jerez dice que si bien Nicaragua tiene soberanía para decidir sobre el destino de Funes, la Convención Centroamericana de Extradición no les impide solicitar que lo entregue, si es que así lo deciden, pues a este no se le imputan delitos políticos o conexos, sino que son delitos comunes.
“He revisado todo el cuadro fáctico, los delitos y ninguno es delito político ni conexo con políticos. Considero que está debidamente fundamentado tanto el requerimiento fiscal como la solicitud de extradición para comenzar a deliberar y evaluar si se da trámite a la extradición”, dijo López Jerez.
Nicaragua y El Salvador suscribieron la mencionada convención y en ella se establecen, entre otros requisitos a cumplir para extraditar a sus ciudadanos o personas que refugian, que no se requiera por delito “de carácter político, o siendo común, fuere conexo con este”.
Si esta semana, la Corte en Pleno decide pedir la extradición de Funes y su grupo familiar, el siguiente paso que seguirá es certificar el expediente a Cancillería para que tramite la petición con la autoridad competente de Nicaragua y esperar que esta decida, explica el magistrado Cáder Camilot.
En el caso hipotético de que se resuelva pedir la extradición a Nicaragua y esta acceda a la petición de El Salvador, lo que sigue, dice López Jerez, es esperar que Nicaragua envíe documentación a la Corte salvadoreña y luego se acuerda fecha y hora para la entrega, siempre a nivel de gobiernos.