La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) ha denunciado ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) al ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y al viceministro Raúl López, por presuntamente haber violado la Ley de Ética al constituir una ONG para administrar las tiendas en los centros penales.
Según los representantes de FUNDE y su Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (conocido como ALAC), los funcionarios señalados pudieron haber infringido la prohibición ética contemplada en el artículo 6, literal g, de la Ley de Ética Gubernamental que, en esencia, prohíbe a los servidores públicos aceptar o mantener empleos o relaciones contractuales que menoscaben su imparcialidad o provoquen conflicto de intereses.
En el escrito de la denuncia, presentada el 14 de marzo, FUNDE-ALAC señala que los funcionarios comparecieron a constituir ASOCAMBIO en julio de 2018, fecha en la que todavía ostentaban los cargos de dirección en el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Los funcionarios denunciados y el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, integran la referida ONG que administra la dependencia que maneja las inversiones y ganancias a partir de la venta productos de consumo en cárceles.
Ramírez Landaverde es quien preside ASOCAMBIO.
El ministro ha defendido la creación de la asociación y su pertenencia a ella. Ha declarado que los fondos que se reciben son para apoyar y financiar las diferentes necesidades de los centros penitenciarios, entre ellos el mantenimiento de las clínicas médicas. Pero además dijo que no solo están “debidamente inscritos” como asociación, sino que también son supervisados por el Ministerio de Gobernación.