Unos 3,800 de los 12,800 personas que son procesadas por diversos delitos y que están en detención provisional podrían quedar libres en los próximos meses, ya que se les estaría por vencer el plazo de esa medida cautelar.
En el sistema penitenciario salvadoreño hay más de 38,000 presos de acuerdo con las cifras de esa institución, aunque en los últimos meses realizó traslados de más de 1,200 personas que estaban guardando detención provisional en bartolinas de la Policía Nacional Civil. La ley detalla que las bartolinas policiales solo deben ser para que los detenidos permanezcan como máximo 72 horas, mientras se presenta la acusación formal ante un juez.
El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, ha advertido este miércoles que en los próximos días son 170 a 200 detenidos a los que se les vencerá el plazo de detención provisional -que es de 24 meses- y, según la ley, “estas personas deben ser puestas en libertad”.
El sistema penitenciario presenta una alta saturación de personas detenidas (más del 200 % de la capacidad de las cárceles), y los juzgados marchan a paso lento debido al creciente número de capturas de sospechosos de diversos delitos.
De acuerdo con el director de Centros Penales, entre las personas que quedarían en libertad hay varios que han sido condenados pero sus casos están en casación -apelación- ante diversas cámaras.
La detención provisional es una medida cautelar contemplada en el artículo 329 del Código Procesal Penal y consiste en privar de libertad durante el proceso penal al imputado, y debe ser decretada por un juez. Esta medida se adopta mientras se decide la situación jurídica del imputado y así se garantiza que comparecerá a cualquier diligencia.
Población penitenciaria de El Salvador
Reos son los que están en las cárceles de El Salvador, las cuales presentan elevado hacinamiento.
Según Lima, la saturación del sistema judicial provoca la acumulación de audiencias, algunas de las cuales se reprograman, unas incluso hasta luego del plazo de detención provisional que, según la ley, no puede exceder de 24 meses.
Otras situaciones que provocan retrasos en los procesos judiciales son la ausencia de las partes a las audiencias, ya sea del defensor o de los fiscales, y en algunos casos los juzgados ordenan determinadas diligencias, las que también obligan a reprogramar audiencias.