La corrupción es el abuso de poder para el beneficio propio, según Transparencia Internacional. En el ámbito político, se dice que la corrupción es la manipulación de instituciones y normas de procedimientos en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostiene que la corrupción en sí misma puede considerarse un obstáculo estructural para el disfrute de los derechos humanos. Esta misma oficina también advierte que, de acuerdo al nivel y grado de penetración, la corrupción puede repercutir de forma devastadora en la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los bienes y servicios vinculados a los derechos de la población. Pero parece que no todos los salvadoreños son conscientes de las consecuencias que la corrupción tiene para ellos y para el país.
De acuerdo al Latinobarómetro del año 2018 (más reciente a fecha de esta publicación), el 58 % de la población mayor de 18 años en El Salvador dijo que, respecto a 2017, la corrupción aumentó mucho o algo.
La encuesta también arroja que un 69 % de la población se mostró muy de acuerdo o de acuerdo en que, ante un acto de corrupción, lo mejor es callar. Por otra parte, cerca del 45 % de los salvadoreños dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo con pagar el precio de “cierto grado de corrupción” a cambio de que se solucionen los problemas del país.
Otro dato interesante es respecto a qué grupos de personas piensan los salvadoreños que están involucrados en actos de corrupción. Más de la mitad de la población cree que el Presidente de la República y sus funcionarios, así como los diputados tienen relación con actos corruptos. El 53 % y el 54 % de la ciudadanía piensan que el ejecutivo y el legislativo, respectivamente, abusan de su poder para beneficio propio.
Una leve mejoría
Aunque hay algunas preguntas que se mantienen año con año, hay otras que solo se realizan en determinadas ediciones del Latinobarómetro. El Diario de Hoy extrajo los resultados de las bases de datos de los últimos años. Si bien tales mediciones no son las más recientes, son cercanas al año 2019, lo cual permite dimensionar de mejor manera la forma en que se percibe la corrupción en el país.
En el año 2017, se consultó a los salvadoreños si creían que se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado, respondiendo el 78 % que “no”, “poco” o “nada”. Es decir, hubo una impresión generalizada de escaso avance en la lucha contra la corrupción.
En 2016, el 74 % de la población dijo sentirse obligada a denunciar un acto de corrupción si lo hubieren presenciado; también, el 73 % de la población consideró que la gente común puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. El 46 % de las personas piensan que la forma más efectiva para el ciudadano común de combatir la corrupción es denunciandola. A pesar de lo anterior, ese mismo año, el 49 % dijo estar dispuesto a tolerar la corrupción siempre que se solucionen los problemas del país.
Ante estos resultados, El Diario de Hoy entrevistó a dos personas con conocimiento de la materia: Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana y Karen Estrada, politóloga de la Red de Politólogas, que es un proyecto que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la Ciencia Política latinoamericanista.
Estrada piensa que la percepción de aumento de la corrupción en la ciudadanía tiene que ver con la información recibida por la población en ese momento. Es así como el destape de los casos de corrupción de expresidentes, tanto de ARENA como del FMLN, hizo que ambas fuerzas políticas fueran consideradas “similares”.
Sobre la aceptación de la corrupción, esta politóloga sostiene que es un tema de cultura política, en donde la gente suele asumir o normalizar el hecho de que “roba pero al menos resuelve este o aquel problema”; es decir, que al tener una continua ausencia de respuestas a sus necesidades, la población tiende a tolerar o justificar en cierta forma cualquier manifestación de corrupción relacionada con la “solución” otorgada.
Respecto a cómo revertir o erradicar la disposición de la ciudadanía a tolerar la corrupción, Estrada dice que esto sería un proceso de largo plazo. Principalmente, debería de implicar reformas a las regulaciones de la función pública. Es decir, atacar de raíz las prácticas de corrupción en todos los niveles. Lo primordial es la efectiva formulación e implementación de las políticas dirigidas a la función pública.