Pese a los cuestionamientos que se hacen al costo y poco uso de los brazaletes electrónicos, el juez de Instrucción de Ciudad Delgado, Delfino Parrilla y la coordinadora de la Defensoría Penal de la Procuraduría General de la República Rocío López, dijeron esta mañana en Frente a Frente, estar a favor de incrementar el uso del brazalete electrónico como una medida de prisión sin rejas que favorezca el ejercicio del derecho a la defensa y que a su vez humanice la pena.
Actualmente el sistema penitenciario consta de 27 mil reos alojados en 19 cárceles, 11 mil aún no conocen su condena, son procesados, afirma Rocío.
Tener en prisión a esa cantidad de personas le cuesta al Estado y a todos los salvadoreños 22 millones anuales en alimentación, a razón de 3 dólares por los tres tiempo que consume cada reo. El sistema penitenciario cuenta con un total de 2,840 brazaletes electrónicos por un valor de 4.7 millones de dólares.
Desde hace dos años que entró en vigencia el uso de brazaletes electrónicos en el país solo es usado por unos 300 reos y sin embargo el Estado paga por la totalidad de un servicio que no se aprovecha más que en el 8 por ciento.
Parrilla asegura que el brazalete electrónico es una opción entre la cárcel y la fianza económica dos opciones a las que se puede echar manos para la sanción penal del reo, pero que se vuelven medidas extremos en sistema penitenciario salvadoreño, porque no todos están en condiciones de pagar una fianza como garantía a seguir sometido al proceso, por lo que no queda más que enviarlos a incrementar el hacinamiento carcelario.
“Muchas veces las cárceles son un mecanismo de tortura, no todo es bonito. Este dispositivo (brazalete electrónico ) es un medio muy humano para evitar el hacinamiento carcelario, no podemos satanizar el tema (…) Nosotros defendemos al 85 % de la población detenida”, afirmó López.
La procuradora López abogó por el uso del sistema de brazaletes electrónico porque facilita el trabajo de defensa, que sin ella la tarea se les volvería difícil, porque ellos son 240 abogados públicos para ejercer la defensa del 85 por ciento de los prisioneros.
López comparó el número de fiscales o acusadores del Estado contra 240 defensores públicos, lo que refleja una relación de 5 a 1; y pese a esa condición, cada fiscal tiene de 100 a 250 expedientes a su cargo, lo que implica un exceso de trabajo.
“Desde que tuve conocimiento pedí a Centros penales que dieran una charla en Ciudad Delgado sobre el dispositivo electrónico. En mi caso específico van más de 40 brazaletes que se han colocado.”, afirmó Parrilla, Juez de Instrucción de Ciudad Delgado.
De éstos, aseguró que solo seis incumplieron las condiciones porque cometieron otros delitos y se les retiró a quienes ya nos se le volverá a dar ese beneficio, pero por esos pocos no se puede limitar a los más de 11 mil reos que podrían ser candidatos, y de esa manera reducir la saturación penitenciaria.
Adultos mayores de 70 años, enfermos terminales, violencia intrafamiliar, delitos por accidentes de tránsito y otros delitos de poca monta.