Los abogados constitucionalistas Francisco Bertrand Galindo, Enrique Borgo Bustamante y Rodolfo González, coincidieron en que la finalización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre El Salvador y Taiwán debió presentarse ante la Asamblea Legislativa.
Los profesionales asistieron como invitados ayer a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa donde se analiza el proceso cómo se finalizó el Tratado comercial con la isla asiática.
El abogado constitucionalista Enrique Borgo Bustamante afirmó que al aprobarse un TLC, primero debe ser analizado por el Ministerio de Economía para estudiar lo que implican para el país los documentos que integran un tratado y luego deben pasar por la Asamblea porque sólo de esa manera se convierte en Leyes de la República.
“Debo decirlo que en mi criterio los tratados están sometidos a la Constitución, encima de la Leyes, pero creo que en el orden jerárquico de las normas que nos rigen a nosotros, primero está la Constitución”, destacó Borgo Bustamante.
El profesional añadió que todos esos documentos tuvieron la aprobación de la Asamblea y por supuesto son leyes de la República.
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Según él las iniciativas de ley llegan a la Asamblea Legislativa para nacer, al ser el TLC una ley de la República, debe seguirse ese camino jurídico para que un tratado pierda la fuerza de Ley de la República.
El abogado Francisco Bertrand Galindo apuntó que está claro que quien negocia y firma los tratados es el Órgano Ejecutivo, a través de Cancillería, pero según la Constitución para que tengan valor interno deben convertirse en leyes secundarias y esa potestad la brinda la Asamblea.
“La firma del tratado viene siendo como la iniciativa de ley para la ratificación del tratado por parte de la Asamblea”, afirmó Bertrand Galindo.
Consideró que hay un rol legislativo, no en fijar la política exterior porque eso le corresponde al Ejecutivo, pero sí debió someterse tal decisión a la ratificación correspondiente del congreso, para derogar los efectos de ley secundaria que tiene el TLC con Taiwán.
“Porque si no nos encontraríamos en el caso de que el Ejecutivo tiene facultad para derogar leyes y eso le compete a la Asamblea Legislativa”, apuntó.
El abogado y ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, coincidió con sus colegas, que si el tratado determina que para para su vigencia se requiere una ratificación por la Asamblea, sí hay un rol compartido entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo.
Agregó que la ruptura de relaciones diplomáticas con un país no es una “causal” para terminar un tratado, a menos que sea condición imprescindible para que este continúe teniendo efecto.
Bertrand Galindo agregó que su valoración va en línea de la de sus colegas, en que debió seguirse el mismo procedimiento de cómo se ratifico el tratado, para denunciarlo y que deje de ser ley de la república.
Destacó además que debe existir un periodo para notificar a los ciudadanos involucrados en el TLC, para darle una ventana de transparencia al proceso y una certeza jurídica a los empresarios.
El diputado por el FMLN, Damián Alegría, insistió en que la Asamblea Legislativa tiene un rol en el proceso de denuncia del TLC.
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Ante las conclusiones de los especialistas, Alegría mencionó que solo son puntos de vista y en la comisión se invitarán a más personas para que también expongan su opinión.
Afirmó que el presidente de la república tienen como responsabilidad dirigir las relaciones exteriores, mientras que el poder legislativo tiene como función crear, reformar, derogar o prorrogar leyes.
Sin embargo, según la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, quien preside la comisión especial, el diputado del FMLN no presentó propuestas de personas a quienes llamar a la comisión, cuando se mencionaron a las personas que invitarían para aclarar el tema constitucional.
Sala de lo Constitucional tiene la última palabra
Ante las anomalías que ha conllevado el proceso de denuncia del TLC con Taiwán, el sector azucarero, uno de los más afectados, ya presentó un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional para que emita medidas cautelares sobre la suspensión del pacto comercial.
“Entiendo que hay un amparo presentado y eso ya será materia de la decisión de la Sala”, destacó Bertrand Galindo.
Otro de los puntos de análisis fue ante quién se denunció el TLC, el Gobierno lo hizo ante China y no ante Taiwán, lo que según el abogado González, en teoría abriría la posibilidad de que Taiwán no tome en cuenta la denuncia y asuma que el tratado continúa vigente.
La comisión especial que analiza el proceso de denuncia del tratado continuará reuniéndose y está a la espera de la información que se ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionados con la denuncia.
Mañana viernes la comisión espera la asistencia de los productores y exportadores que han resultado más afectados.
Además dos de las personas que tuvieron función de negociantes del Ministerio de Economía cuando nació dicho TLC y el especialista en el tema Rigoberto Monge.