El magistrado de la Cámara de lo Civil, Jaime Eduardo Escalante Díaz, ha continuado desempeñándose en su cargo porque no hay ningún proceso judicial en el que se haya decretado la suspensión de sus funciones dentro del Órgano Judicial, explicaron fuentes judiciales.
Tampoco existe una decisión de la Corte Suprema de Justicia al respecto.
Lo que sí le ha concedido la Corte Suprema es un permiso sin goce de sueldo por tres días que el magistrado Escalante Díaz ha solicitado para preparar su defensa en este caso en el que se le señala de haber manoseado a una niña de diez años la semana pasada en la colonia Altavista, de Ilopango.
Se preguntó oficialmente a la jefa de la oficina de Prensa de la Corte Suprema sobre la situación laboral del magistrado Escalante Díaz, luego del señalamiento que enfrenta y el proceso abierto en la Asamblea Legislativa para determinar si se le desafuera, pero no se obtuvo una respuesta.
El Diario de Hoy también intentó obtener ayer una reacción del magistrado sobre ese punto y de los señalamientos que se le hacen, pero tampoco fue posible.
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Cuando Atilio Benítez fue desaforado
La última vez que la Asamblea tuvo en sus manos un caso de antejuicio contra un funcionario fue hace poco más de dos años. El entonces embajador de El Salvador en Alemania, Atilio Benítez, fue desaforado en diciembre de 2016 y puesto a la orden de la Fiscalía para que respondiera por delitos supuestamente cometidos cuando fue ministro de la Defensa.
El Ministerio Público acusó a Benítez de los delitos de comercio y depósito ilegal de armas de fuego, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, actos arbitrarios y estafa agravada.
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Fiscalía dijo que entre marzo 2010 al 19 de junio de 2014 el General Benítez ordenó a otros militares la inscripción de armas mediante un decreto que ya no se encontraba vigente; posteriormente un número significativo de armas fueron vendidas o donadas a diferentes personas porque él lo ordenó y que estas habían sido ilegalmente registradas.
Benítez ha defendido su inocencia pero la Cámara Primera de lo Penal decidió en abril de 2018 que siguiera procesado en libertad y le dio a Fiscalía seis meses para la aportación de pruebas. Pero ese plazo se cumplió y aunque Fiscalía pidió otros seis meses se lo denegaron, pero tampoco aportó nuevas pruebas de las que había presentado en el proceso seguido en la Asamblea Legislativa, afirmó Mario Machado, abogado defensor de Benítez.
El caso sigue en manos de la Cámara.