El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) presentó la tarde de este martes un escrito a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, en el que reclama a los magistrados, cuál ha sido el motivo por el que no han resuelto un recurso de apelación que los defensores de un grupo de militares presentaron para que la justicia salvadoreña resuelva si existen fundamentos para reabrir el caso en el que se procesan a los intelectuales de la masacre de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989.
Según el abogado Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Idhuca, el Juzgado 7o. de Paz de San Salvador ordenó que se reabra el proceso judicial en contra de un grupo de militares calificadores de autores intelectuales en la muerte de seis jesuitas y dos de sus colaboradores.
Los abogados defensores recurrieron a la Sala de lo Penal para pedir que se separara a un magistrado por haber adelantado criterio del proceso, el caso fue resuelto por el tribunal en el sentido de que no había impedimento para que el magistrado aludido formara parte del tribunal que analizaría el recurso presentado.
Asimismo los magistrados de la Sala de lo Penal, en octubre del año pasado, trasladaron el caso a la Cámara Tercero de lo Penal para que evaluara si era pertinente reabrir el proceso contra los intelectuales en la muerte de los jesuitas.
El abogado Baulenas, estima que el tiempo ha pasado y la Cámara Tercero de lo Penal no ha resuelto, por lo que solicitaron que aceren el proceso.
Un escrito de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez respondió a la petición del Idhuca, en el sentido de que el proceso “sigue su curso normal y no hay atraso alguno; pero por ser un proceso delicado y voluminoso se debe estudiar muy concienzudamente para emitir una resolución totalmente apegada a derecho. El pasado 6 de noviembre se recibió el caso procedente de la Sala de lo Penal por una excusa. Dicha instancia se tardó seis meses en resolver esa petición, lo cual refleja lo extenso del expediente”.
Además, la oficina justifica que hubo un cambio de magistrado, ya que el Lic. Martín Rogel, fue trasladado a la Cámara Primera de lo Penal y llegó una nueva funcionaria a esa instancia, asimismo, pasaron las vacaciones de diciembre, el caso apenas lleva dos meses, pero ya se finaliza el estudio respectivo que da pie para que pase a la siguiente etapa dentro de la misma instancia que lo analiza.
De igual forma, se debe aplicar otras resoluciones, como de la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la Ley de Amnistía, tratados internacionales relacionados a delitos de lesa humanidad o cometidos en guerra o beligerantes y hasta la misma Ley de Amnistía, y así fundamentar, apegada a derecho, la nueva dedicación judicial en torno al homicidio agravado en seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras. Tales crímenes ocurrieron en el marco de la coyuntura de la llamada “Ofensiva hasta el Tope”, el 16 de noviembre de 1989 al interior del recinto de la universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
Se espera que la resolución se dé a conocer antes de las próximas vacaciones de Semana Santa del presente año.