Presuntos pandilleros que operaban en el municipio de Guazapa, extorsionaban a agricultores de la zona pidiéndoles anualmente entre $2,000 y $2,500, según la investigación de la Fiscalía contra 29 acusados por delitos de organizaciones terroristas y extorsión agravada.
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” instaló ayer el juicio y en el caso de extorsión se contó con la declaración de un testigo criteriado (con beneficios penales) clave “Norte”, quien dijo que tenía un cargo dentro de la pandilla, quiénes era sus integrantes y cómo infundían terror para “mantener el control de la zona”.
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El testigo mencionó que operaban en las colonias San Antonio I y II, caserío Santa Bárbara, cantón La Loma y cantón La Bolsa, de Guazapa. Además que ellos se mantienen económicamente de la venta de drogas y por el cobro de la extorsión, de esta última dijo que mensualmente reúnen $12 mil 300.
“Es miembro de pandilla desde 2013. Primeramente fue a matar a un contrario en el cantón La Loma, lo designó el “Saico”. Se encargaba de imponer y recoger extorsión en el caserío Santa Bárbara y cantón La Loma, a unas personas que se dedicaban a la agricultura”, dijo “Norte” al referirse a uno de los acusados.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los pandilleros intervenían a las víctimas que desarrollaban actividades de comercio en la zona.
“La forma de operar es siempre la imposición por un grupo de sujetos en los cuales se les dice que ya tienen verificada la situación o la actividad comercial a la que se dedican y que en razón a ello tienen que pagar ciertas cantidades de dinero”, expresó el fiscal del caso.
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En el juicio se conocerá el testimonio de una de las víctimas con clave “Berta”, ya que la otra denominada “Simón” tuvo miedo a declarar y ya no está en el país.
En el caso de “Berta”, que se dedica a la actividad agrícola, los acusados le habrían impuesto cantidades anuales por el tipo de cultivo o cosecha que ella obtenía. Mientras que al comerciante “Berlín” le exigían $100 mensuales.
“Berta” denunció a sus extorsionistas en 2017 y para identificarlos, las autoridades dirigieron una entrega controlada de $1,500.
“El rango económico que los extorsionistas pedían a los agricultores rondaban entre $2000 y $2500, y esto dependía del tipo y cantidad de cosecha. Son rentas muchísimo más altas que una renta periódica como en el caso de clave “Berlín” y “Simón” que sí son rentas mensuales”, añadió el funcionario.
De acuerdo con la investigación, los miembros de la estructura extorsionaron entre 2016 y 2017.