El Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador programó del 4 al 8 de marzo el proceso judicial contra el exfiscal general Luis Antonio Martínez, así como contra el exjefe fiscal Julio Arriaza y los abogados Luis Ernesto Peña y Héctor Francisco Grimaldi.
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Los cuatro procesados son acusados por la Fiscalía de fabricar pruebas contra tres víctimas a efecto de favorecer al empresario Enrique Rais, quien es prófugo de la justicia y reclamado por varios tribunales.
Una de las víctimas es la abogada Claudia Herrera de Calderón, así como Emerson Josué Zelaya Sánchez y Balmore García Villalta.
En uno de los casos Rais, a través de sus abogados, habría pagado 5 mil dólares a un empleado del Instituto de Medicina Legal, quien también es prófugo de la justicia, para que falseara los resultados de un examen practicado al mismo Rais y a su sobrino Hugo Rais Blanco, para utilizarlas como pruebas contra Herrera de Calderón.
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Inicialmente el juicio iba a ser celebrado en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, pero este juzgado se declaró incompetente para realizar el juicio por considerar que Martínez y el resto de procesados son miembros de una estructura de crimen organizado.
No obstante el Juzgado Especializado de Sentencia A, consideró que no se trata de una estructura de crimen organizado, pero en todo caso realizará la vista pública pues el proceso es complejo.