En los últimos nueve años, El Salvador ha sido escenario de miles de hechos sangrientos atribuidos principalmente a la Mara Salvatrucha (MS) y al Barrio 18. Las investigaciones fiscales y policiales concluyeron que otros de estos crímenes fueron obra de narcotraficantes y de hombres que mataron a sus parejas o a las madres de sus hijos tras someterlas a continuos episodios de violencia.
De entre todos estos casos, algunos causaron más conmoción social dentro y fuera del país por la brutalidad con la que los delincuentes asesinaron a las víctimas; o por la cantidad de personas que fueron ultimadas en un mismo hecho.
La extrema crueldad con la que actuaron los homicidas y las críticas de la población contra el Gobierno por el desborde de la violencia, así como por la poca efectividad de los planes de seguridad, llevaron a las autoridades a dar un giro a la manera de combatir a los criminales.
Algunas de las acciones que tomaron fue pedir a la Asamblea Legislativa que aprobara la aplicación de las medidas extraordinarias en las cárceles del país y aumentar la presencia de soldados de la Fuerza Armada en las calles para que acompañaran a los agentes de la Policía Nacional Civil en las tareas de seguridad pública.
Los autores intelectuales o materiales de algunas de estas matanzas fueron condenados a diferentes penas de prisión por los delitos de homicidio agravado, organizaciones terroristas o agrupaciones ilícitas. Algunos de los homicidas fueron sentenciados a más de 400 años de cárcel, pero solo purgarán 60 años debido a que la legislación salvadoreña establece que ninguna persona puede permanecer prisionera por más tiempo.
Quema de microbús en Mejicanos
El 20 de junio de 2010, el centro de Mejicanos fue escenario de uno de hechos más atroces registrados en el país. En la colonia Jardín, varios pandilleros de la 18 quemaron un microbús de la Ruta 47 que llevaba más de 30 pasajeros a bordo, entre ellos niños y ancianos. Para que las víctimas no escaparan, los delincuentes disparaban contra el vehículo mientras ardía en llamas.
En este hecho murieron 17 personas y 15 más sufrieron lesiones graves. Además, los dolientes quedaron desamparados por el Gobierno, quien les prometió $2,000 por cada víctima, pero nunca lo hizo.
Durante el juicio contra tres pandilleros que fueron condenados por cometer la masacre se supo que lo hicieron para vengar el homicidio de uno de los suyos. Ellos sospechaban que lo mató el bando rival que delinque en la colonia Montreal, donde vivían casi todos los pasajeros del microbús.
Cinco años después, el 30 de marzo de 2015, la banda de narcotraficantes “El Choco”, masacró a nueve personas en un predio que servía para guardar furgones y camiones en Quezaltepeque, La Libertad. La Fiscalía aseguró que la matanza se derivó del robo de 26 kilogramos de cocaína entre dos organizaciones criminales.
Uno de lo muertos fue Ramón Alemán Osorio, integrante de la estructura y dueño del terreno. Él fue acribillado con su hermano y cinco trabajadores.
También fueron asesinados dos jóvenes y una pareja de esposos. Ellos nada tenían que ver con los narcotraficantes, sino que habían llegado a comprar repuestos para furgones y los mataron para no dejar testigos. Un bebé, hijo del matrimonio, sobrevivió porque sus padres lo ocultaron en la cabina de un vehículo.
Los cadáveres fueron hallados amontonados en una oficina, en cuyas paredes habían escrito con sangre la letra “Z”. Los fiscales explicaron que lo que pretendían los homicidas era hacer creer a las autoridades que los autores de la masacre eran del cartel mexicano “Los Zetas”.
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Siete integrantes de “El Choco” fueron condenados en abril del año pasado. Entre ellos estaba Juan Urbina, (a) “El Tigre”, el cabecilla de la banda, quien purga una condena de 252 años de cárcel.
Los criminales cometieron el ataque en represalia porque Osorio no compartía las ganancias de la venta de drogas. También porque hacía negocios con otros criminales y no con ellos.
“Matamos a la gente que no era”
En mayo de 2017, un marero de la 18 declaró en el juicio contra siete de sus compañeros que ellos masacraron a 11 trabajadores en San Juan Opico, La Libertad. El 3 de marzo de 2016, en el cantón Agua Escondida, los delincuentes torturaron y asesinaron a 10 empleados de una empresa distribuidora de energía eléctrica y a un jornalero. Además, grabaron el ataque con sus teléfonos celulares.
Los obreros estaban haciendo excavaciones para colocar postes de energía. Cerca de ellos el lugareño hacía tareas agrícolas y fue testigo de la matanza.
El informante aseguró que la orden la dio el cabecilla José Landaverde (a) Coche, de Quezaltepeque, para vengar la muerte de otro delincuente. Armados con pistolas, escopetas, fusiles M-16 y machetes interceptaron en unos cañales a los 11 trabajadores y los asesinaron aunque no eran pandilleros. Los siete homicidas fueron condenados a 390 años de prisión.
En otro hecho de sangre, el policía Walter Guardado fue asesinado, el 31 de octubre de 2017, junto con su esposa, la hija de ambos, de 4 años, y un amigo de la pareja. Esto ocurrió en una zona rural de Coatepeque, Santa Ana.
Los cuatro iban en un pick up cuando cinco pandilleros de la MS los detuvieron. Sometieron a la familia y se llevaron a más de un kilómetro de distancia al policía para torturarlo y matarlo. Luego regresaron e hicieron lo mismo con las otras tres víctimas. El cuádruple asesinato sigue impune.
El homicidio múltiple más reciente fue el 16 de enero contra cinco familiares del preparador físico del Sonsonate Fútbol Club, Omar Pimentel. Su esposa, su hijo (de 12 años), su suegra, su cuñado y la novia de este fueron raptados por pandilleros en Nahuizalco. Tres semanas después, sus cadáveres fueron hallados en una tumba clandestina. Aunque ya hay seis capturados, las autoridades no han revelado cuál fue el móvil del asesinato.
Ley de Proscripción de Pandillas y Medidas Extraodinarias
Tres meses después del incendio del microbús en Mejicanos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Proscripción de Pandillas que penaliza la pertenencia y financiación de pandillas y otros grupos criminales. Con ella se declara ilegales a las maras y faculta a la Fiscalía y a los jueces ordenar la inmovilización de cuentas bancarias o incautar bienes relacionados con delitos cometidos por estas bandas.
En 2016, la matanza de los trabajadores en San Juan Opico llevó al Gobierno a pedir a los diputados que aprobaran la ejecución de las medidas extraordinarias en las cárceles del país, las cuales se mantienen vigentes. El propósito era cortar la comunicación de los cabecillas de las maras que están presos con los que están libres para que no les dieran órdenes de agudizar la violencia.