Haber votado en contra de enviar a juicio civil a Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito, no significa que esta vez sigan la misma senda, aclara el magistrado de la Corte Suprema, Óscar López Jerez, uno de los que se opuso en aquella ocasión.
“Quizás hay personas que interpretan que ya decidimos no pedir la extradición y eso no es cierto”, dice sobre ese antecedente de su oposición junto a otros seis magistrados.
Para López Jerez, el juicio civil ordenado en 2016 partiendo del informe de Probidad que estableció que Funes no justificó $702,000, era “sin causa justa”, mientras que el que ahora tienen en sus manos es un caso penal en el que hay “cantidades muchísimo mayores”.
¿No le convencieron las pruebas presentadas en el informe de Probidad?, se le pregunta a López Jerez, y este responde: “Tenía mis dudas. Es que, como le repito, el caso de López Cardoza (el diputado enjuiciado y luego absuelto) me dejó bastante preocupado sobre cómo se estaban llevando las cosas. Hubo otros casos como el de Tony Saca en que sí voté contra él porque se estaba hablando de $3.5 millones”.
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En el proceso civil contra Funes, fue la “mecánica” seguida lo que no le pareció, pues para él “las cosas se debían manejar sin error alguno”.
Pero al comentarle que de ese informe de Probidad del que dudó partió una investigación fiscal en la que se le encontró ingresos cuestionados mucho más altos y por lo que ahora estudian su extradición en la Corte, López Jerez considera que de haber tenido esa información en aquel momento habría votado contra el exmandatario.
Tras la condena contra Funes y su hijo Diego Roberto por la Cámara Segunda de lo Civil por enriquecimiento ilícito por no justificar el ingreso de más de $419 mil, la Fiscalía inició una amplia investigación que le llamó “Saqueo Público”, que determinó que el exmandatario y otros funcionarios extrajeron $351 millones de las arcas estatales.
“La interrogante es válida y lógica”, dice el magistrado cuando se le hace ver la importancia que ahora reviste aquel informe de Probidad. Es más, dice que esta oficina de la Corte requiere más abogados y personal contable para analizar miles de declaraciones patrimoniales.
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“Yo habría votado contra él, pero yo ya tenía duda del procedimiento, no me parecía cómo lo estaban llevando. Cuando me juramentaron como magistrado dije a los medios que yo venía a la Corte a hacer las cosas correctamente, no a servir políticamente, no quiero que un político me utilice ni me voy a prestar a estrategias políticas. Para mí es lo jurídico, la ley y la justicia”, asegura el funcionario.