Algunos magistrados que dilataron juicio civil a Funes ahora deben ventilar el pedido de extradición a Nicaragua

En los próximos días se espera que la Corte Suprema de Justicia emita su fallo sobre la solicitud que ha hecho la Fiscalía ante los tribunales que procesan a Funes.

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. Foto EDH/archivo

Por Jaime López

2019-02-10 9:15:43

El trámite de extradición de Mauricio Funes se encuentra actualmente en manos de la Corte Plena, entre la que están varios magistrados hace meses dilataron su envío a juicio civil por enriquecimiento ilícito. Funes está asilado en Nicaragua y al final fue condenado por enriquecerse por $720,000 sin justificación.

Los magistrados que en su momento negaron sus votos para el juicio civil fueron Doris Luz Rivas Galindo, Leonardo Ramírez Murcia, Ovidio Bonilla, Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas de Avilés y Paula Patricia Velásquez.

Para la extradición de una persona, se requiere de mayoría simple o el voto de ocho de 15 magistrados.  Y tras el proceso en la Corte el proceso debe seguir su curso en el Ministerio de Relaciones Exteriores que debe remitirlo en nombre del Estado salvadoreño a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

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Los magistrados Rivas Galindo y Ramírez Murcia, de la Sala de lo Penal, fueron parte de un grupo que se opuso a mandar a juicio a Funes cuando la Sección de Probidad presentó su informe al Pleno, en el que se establecía que el expresidente no logró justificar el origen de $720,000 en su declaración patrimonial.

Ante esos indicios, en el pleno de la Corte hubo un enfrentamiento entre magistrados que pedían se le enjuiciara y otros que emitieron argumentos dilatorios que iban desde: “había que afinar el método” y elegir uno “menos violento” hasta dudar del monto cuestionado por Probidad o de que solo era un borrador, según audios y la transcripción de los debates que El Diario de Hoy publicó el 8 de abril de 2016.

También pedían suspender la discusión porque no estaba presente uno u otro de los miembros del pleno o que no se podía discutir el caso de un hijo del exgobernante.

El magistrado suplente, Ricardo Iglesias, pedía que se llamara a Funes a audiencia para que desvaneciera los señalamientos. Él fue destituido porque su nombramiento fue declarado inconstitucional por su vinculación con el FMLN.

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Ramírez Murcia lo secundó con argumento de que “la investigación del patrimonio de los investigados debe hacerse del conocimiento de ellos, nos guste o no nos guste”. Otros como Dafne Sánchez decía que no había nada que perder mandarlo a oír por cinco días.

Pero magistrados como Sidney Blanco alegaron que Funes había tenido su oportunidad de presentar pruebas y desvanecer los hallazgos en su contra y no lo logró.

La magistrada Velásquez, López Jerez y Ramírez Murcia esgrimieron diferentes argumentos para desvirtuar el informe de Probidad. Al final, todos ellos, además de Bonilla, Rivas Galindo y Dueñas de Avilés votaron en contra de que se le enviara a juicio a Funes.

Tras la intensa discusión Funes fue enviado a juicio y después condenado civilmente. Eso dio paso para que las investigaciones de la Fiscalía continuaran y descubriera hechos más graves, como el presunto desvío de 351 millones de dólares durante su administración.

Ahora el pleno de la Corte tiene en sus manos este otro caso contra Funes y el antecedente de que ya una vez lo rechazaron. Se abre la pregunta de cuál será su posición cuando voten nuevamente.

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Pero el magistrado Aldo Cáder dice que hay un buen ambiente en la Corte Plena de querer sacar adelante el trabajo, entre ello el tema de la extradición de Funes. No descartó que haya múltiples criterios de jueces, pero considera que eso está dentro de lo normal, el pensar distinto.