Más de cuatro meses hace que el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador presentó la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes a la Corte Suprema de Justicia, quien se encuentra asilado y prófugo en Nicaragua tras ser acusado de desviar más de 351 millones de dólares de las arcas del Estado durante su gestión entre junio de 2009 y mayo de 2014.
Funes y su familia tienen asilo político desde septiembre del 2016, huyeron antes de que la Fiscalía lo acusara por el desvío millonario de la cuenta institucional de la Presidencia a cuentas de terceros para usar el dinero de forma personal.
Por esos hechos es procesado por los delitos de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Por este último hecho y por la vía civil, en noviembre de 2017, la Cámara Segunda de lo Civil lo condenó a él y a su hijo Diego Roberto a devolverle al Estado 419 mil 145 dólares, tras hallarlos culpables de enriquecimiento ilícito.
El Juzgado Quinto de Instrucción envió la petición de extradición a la Corte Suprema el 28 de septiembre 18 días después de que la Fiscalía General de la República lo solicitó formalmente.
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Sin embargo, la Corte Plena conoció la solicitud hasta el 24 de octubre e inició su trámite. El presidente de la CSJ explicó entonces que luego de estudiar la solicitud, la Corte Plena decidiría si procede o no solicitar la extradición de Funes.
La petición de proceder a la captura y extradición del exmandatario también incluye a su pareja sentimental, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
El juzgador también notificó en esa misma fecha al jefe de la Interpol en El Salvador, Alfredo Orlando Nolasco Acosta, la necesidad de publicar la difusión roja para pedir la captura y extradición de los cuatro imputados desde Nicaragua.
El pasado 8 de junio, el Ministerio Público acusó al exmandatario y a 31 personas de desviar $351 millones de la cuenta de fondos reservados a cuentas de terceros. Al expresidente lo acusaron de haber lavado directamente $10 millones.
El magistrado constitucionalista Aldo Cáder Camilot afirmó que el caso registra ciertas resoluciones de trámites o lo que es lo mismo, la solicitud de más documentación a los juzgados que llevan la causa del expresidente para mayor fundamentación.
“Se han sacado algunas resoluciones de trámites para obtener más información”, dijo el magistrado.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia acordó decretarle reserva al trámite de extradición de Funes, lo que impide que los salvadoreños sepan del avance que lleva el proceso.
Los magistrados decidieron, de forma unánime, decretar la reserva amparados en el literal “E” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que cataloga como información reservada todos los procesos deliberativos de los funcionarios.
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La reserva, según la ley, finaliza cuando ellos tomen una decisión definitiva. “Lo cierto es que no se sabe que están haciendo los magistrados con el caso, la verdad es que no ha salido ninguna orden de extradición ni negándose”, afirmó el exmagistrado de la Corte Suprema, René Hernández Valiente.
La deliberación dentro del Pleno
El exmagistrado Hernández Valiente sospecha que entre lo que pueda estar pasando en el seno de la Corte Suprema de Justicia, es la falta de mayoría para poder resolver.
“Que haya tanto nivel de dificultad de decidir que no se toma acuerdo, porque no están los votos. Son 15 en total, como mínimo deben haber ocho a favor y siete en contra”, explicó el constitucionalista.
En eso hay mucha tela que cortar, afirma el exmagistrado, como el hecho de que hayan abstenciones, unos que no quieren votar, unos que se levantan y se van; y al final el trámite no avanza.
A juicio del magistrado Cáder, todos los casos de extradición activos y pasivos son delicados para el país, en el que el acto es enviar a un ciudadano (para que se someta a procesos judiciales) o requerir (a un imputado) de otro país, son decisiones importantes y requieren de un criterio profundo porque se trata de la libertad ambulatoria de una persona.
“Creería yo que todos los casos de extradición, no solo del expresidente Funes sino de toda persona, son delicados”, detalló el magistrado.
Entre tanto reconoció que por tratarse de un expresidente y ser un hecho público, se puede decir que tiene una relevancia especial. Cáder fue prudente al hablar del panorama que hay en el interior de la Corte Plena para tomar una decisión respecto a la petición de extradición de Funes y familiares.
Dijo que todavía no hay mayores discusiones en el seno de la Corte Plena que impidan llegar a un acuerdo, porque ni siquiera se ha discutido el fondo de la solicitud.
“A la fecha no, porque solo han habido resoluciones de trámites, no hay mayor discusión sobre el fondo, cuando se tome una resolución final creería que habría una discusión más profunda”, explicó.
Sostuvo que, a más de cuatro meses de que les llegó la petición, el caso ha seguido el trámite ordinario normal que llevan todas las solicitudes de extradición.
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Pero por la experiencia y conocimiento del exmagistrado Hernández Valiente sobre esos procesos, no se descarta que por haber más solicitudes de extradición que se siguen sumando, los magistrados están dando tiempo y tratar de resolver con base no en una sola sino en la totalidad de peticiones.
Mientras tanto, una segunda petición de extradición contra Mauricio Funes y su grupo familiar fue interpuesta por el Juzgado Séptimo de Instrucción el 23 de octubre.
No se descarta que en los próximos días los juzgados Cuarto y Noveno de Instrucción envíen otras dos nuevas solicitudes extradición contra Funes, su familia a la Corte Superma por otros cargos penales.