Mauricio Funes y Miguel Menéndez Avelar hicieron una sociedad “criminal” que abusó del dinero del Estado, dice la Fiscalía, tras hallar su rastro como beneficiario en la ruta que siguieron los millones de dólares extras que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) dio a la empresa italiana Astaldi luego de pactar en julio de 2012 el fin del contrato de construcción de la presa El Chaparral.
El exmandatario de FMLN ordenó ese arreglo millonario, pese a que contravenía el contrato llave en mano y la ley Lacap, ordenó la creación de sociedades fachada en Panamá para recibir una dádiva de $3.5 millones de Astaldi y utilizó a terceros para que no quedara rastro alguno de su implicación en este delito, concluyó la Fiscalía.
Pero a decir de esta investigación fiscal, el exmandatario falló en su intento y dejó evidencia de haber recibido el millonario soborno de la constructora italiana.
Seis años después de aquel arreglo “ilegal”, como lo calificó la Fiscalía, esta reveló que la autónoma pagó $45 millones de más a Astaldi, pese a que esta había entregado una obra con apenas el 29.28% de avance y acumulaba incumplimientos de contrato, pero que esta cantidad incluyó los $3.5 millones para Funes por ordenar el “arreglo directo” que cerraba el contrato.
Pese a fallas detectadas, Funes usó a su favor obra El Chaparral
Astaldi no tenía base legal ni técnica para negociar arreglo porque incumplió el contrato. CEL tenía razones legales para liquidar contrato pero optó por un arreglo y pagó de más. Fiscalía: contrato llave en mano impedía a CEL y Astaldi modificar el monto pactado.
El rastro del dinero que siguió la Fiscalía la llevaron hasta el exmandatario. Las investigaciones establecen que él no solo ordenó el arreglo ilegal con Astaldi, sino que hizo que su amigo y financista de campaña, Miguel Menéndez, alias Mecafé, adquiriera por él dos empresas en Panamá por medio de las cuales Astaldi le canalizó la dádiva.
Pero no solo eso, según la investigación, fue quien hizo los retiros posteriores del dinero y lo invirtió en proyectos personales y de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, quien fue su amante durante la presidencia y ahora su pareja.
El rastro de un jet
Las investigaciones dicen que un mes antes del arreglo, Funes autorizó un jet privado para que Mecafé y José Leopoldo Samour, a quien habían llevado a la presidencia de la CEL, viajaran a Panamá y compraran una de las dos sociedades “off shore” para canalizar la dádiva.
De este viaje, dice Fiscalía, hicieron que solo quedara registrada la salida e ingreso de la aeronave en El Salvador, más no de Samour y Menéndez. Con lo que no contaron es que aquel movimiento migratorio realizado entre el 10 y 12 de junio de 2012 quedaría registrado en el aeropuerto Albrook de Panamá.
En esa visita, Mecafé compró la sociedad Headford Business S.A. por unos $2,000 a Mossak Fonseca, un bufete panameño que fue cerrado luego de que se revelara cómo sus abogados ayudaron a unos 14,000 clientes a usar paraísos fiscales para ocultar sus riquezas.
Mecafé abrió también una cuenta a nombre de dicha sociedad en el FPB Bank Inc de Panamá, “con el objetivo de recibir los pagos de las negociaciones que estaba realizando en representación del exmandatario con Astaldi”, dice Fiscalía.
La Fiscalía hizo público un esquema trazado por el expresidente Funes y Miguel Menéndez para hacer llegar a sus arcas personales $3.5 millones provenientes del arreglo directo con la empresa italiana Astaldi. Así es como la investigación fiscal dice que se repartió el dinero.
Cuatro meses después, Menéndez viaja otra vez a Panamá y compra una segunda sociedad a Mossak Fonseca, la Rayne Services y tramitan una cuenta bancaria a nombre de esta firma en el FPB Bank.
Según la Fiscalía, al justificar la apertura de la cuenta, Menéndez les dice que es porque recibiría en los próximos meses unos $4 millones y que entre las posibles transferencias provendrían de la Railway International Trading Corp, una “off shore” propiedad de Astaldi.
Mecafé señaló entre los beneficiarios de esos depósitos varias empresas: City Management Services Inc, Regional Legal and Consulting Services Inc y BD Consulting Group, con cuentas en Panamá
El primer depósito llegó el 19 de septiembre de 2012, desde una cuenta del Banque de Luxemburgo realizado por la compañía Rift International S.A., propiedad de Astaldi, un día después de que esta recibiera uno de los desembolsos de CEL, dicen las investigaciones.
Después de esa fecha, la Headford Business recibió dos depósitos por un total de $2 millones de una cuenta de Luxemburgo de la Railway International Trading Corp con fechas 22 de octubre y 1 de noviembre de 2012, los que coinciden con los pagos de la CEL a la Astaldi producto del arreglo directo.
Los restantes $1.5 millones fueron depositados a Rayne Services Corp, la otra sociedad panameña adquirida por Mecafé, asegura la Fiscalía. El dinero provino también de una cuenta del Banque de Luxemburgo de la Railway International Trading Corp en dos transacciones: una el 19 de diciembre de 2012 y la otra el 28 de febrero de 2013.
Esas transacciones, dice el ente fiscal, representan una “huella” que dejó vinculados a Funes y Mecafé. El mismo testigo de la Fiscalía en este proceso, identificado como Mateo, dice que le hizo ver ese “error” a Samour pero que este no supo justificarlo.
Hacía las transacciones desde la Residencia Presidencial
Según la Fiscalía, Funes y Menéndez movilizaron $1,510,000 de la cuenta de Rayne Services Corp en el FPB Bank. Los retiros los hicieron desde el día en que se hizo el depósito inicial, el 7 de diciembre de 2012 y acabaron el 19 de septiembre de 2013, cuando libraron el último cheque y dejaron la cuenta a cero.
Los otros $2 millones depositados por Astaldi a la cuenta de Headford Business en el FPB Bank, los retiraron desde su depósito inicial y quedó a cero el 16 de septiembre de 2013, asegura la Fiscalía.
¿Cómo retiraban el dinero? Fiscalía dice que, pese a que Menéndez era el único que tenía la firma autorizada sobre las cuentas de ambas sociedades “off shore”, era Funes quien lo administraba desde su laptop en la Residencia Presidencial.
Dos testigos han dicho a la Fiscalía haber visto a Funes introducir las claves de acceso a esas cuentas que guardaba en un folder y que además tenía en su poder la tarjeta con códigos de verificación que el banco entregó a Menéndez cuando abrió la cuenta.
Un testigo dijo también que vio a Funes revisar el estado de cuenta de ese dinero desde su laptop y autorizaba transferencias. Luego de esto, personal del banco llamaba a Miguel Menéndez y él autorizaba verbalmente esas operaciones.
Hubo una ocasión en la que, asegura un testigo, vio a Funes y Menéndez apurados y requiriendo los servicios de Leonel Flores para traducir unos formularios del inglés, porque les urgía hacer una transacción desde la cuenta del Headford Business a la cuenta en el First Caribbean International Bank Willemstad Head Branch, ubicado en Curacao, a nombre de la sociedad Wartila Engineering Process Lt, otra firma fachada de los imputados, dice el Ministerio Público.
La emergencia consistía en que habían tenido una notificación de dicho banco de que les cerrarían la cuenta por sospechas de lavado de dinero, tanto de Rayne Services como de Headford Business.
Según la Fiscalía, Wartila Engineering Process fue creada en Islas Marshall como “un vehículo fiduciario para manejo de fondos”, fue adquirida por Mecafé al despacho estadounidense L.S. Evans &Associates, P.A., y que fue otra firma fachada que usó junto con Funes para movilizar $550,000 de las cuentas de Headford Business y Rayne Services bajo el concepto o justificación de “payment of services provided (pago por servicios prestados)”.
En total, esta sociedad manejó $1,470,000 que recibió de Rayne Services Corp Panamá más otros $550 mil de Headford Business S.A. Panamá.
El correo electrónico de Funes
Pero hay otro dato que relaciona al exmandatario con esas cuentas, que dijeron testigos y que luego confirmó el banco panameño tras un “suplicatorio penal” hecho por la Fiscalía: la cuenta de correo electrónico registrada en el banco asociada a esas cuentas era camafu1959@gmail.com, que corresponde a las dos iniciales de sus dos nombres y uno de sus apellidos: Carlos Mauricio Funes y el año de su nacimiento.
Eso “le daba la facultad al exmandatario de realizar las autorizaciones de transferencias de fondos; además el correo electrónico que se encontraba en dicho banco como correo de contacto para la referida cuenta era el de Mauricio Funes, camafu1959@gmail.com”, estableció la Fiscalía.
De esa manera, Funes manejaba el dinero creyendo que no dejaría evidencia. Incluso, dice la Fiscalía que después de que mediáticamente se conociera cómo había favorecido con dinero estatal a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, adquiriendo un negocio de spa, dice Fiscalía que el prófugo y Mecafé intentaron deshacerse de las acciones de la sociedad Latin America Spas, la que pretendían que se convirtiera en una franquicia de otras dos sociedades similares constituidas en el extranjero.
Es la cantidad de dinero que según la Fiscalía, recibió Funes en sobornos desde cuentas de Astaldi en bancos de Panamá.
Terminarán pagando los salvado-reños por la presa El Chaparral, luego del “arreglo directo”. El precio inicial pactado era $219 millones.
Según la Fiscalía, esos fondos de la dádiva fueron mezclados con flujos de dinero provenientes de otros actos de corrupción cometidos por Funes, los que se llevan en una investigación por separado.
Evidencias del arreglo ilegal
La Fiscalía establece que Funes no solo está vinculado con la recepción de ese dinero sino en que fue él quien ordenó que se concretara el arreglo directo entre la CEL y Astaldi.
Es más, dice que Mecafé junto con Irving Pavel Tóchez Maravilla, entonces director ejecutivo de la autónoma, “convinieron el nombramiento como titular de la CEL a una persona cercana a Mecafé”, y que así es como nombran a José Leopoldo Samour Gomez.
Funes siempre defendió el arreglo millonario con Astaldi
Decía que litigio internacional le saldría más caro a CEL, pero firma de abogados dijo que podían ganarlo.
Una vez Samour en el cargo “y con la promesa de recibir una dádiva a cambio”, Funes y Mecafé “lo instigaron a cometer el delito de peculado mediante la negociación y suscripción de un arreglo directo con Astaldi, el cual era totalmente ilegal al contravenir las cláusulas del contrato del proyecto y la Ley Lacap, por un monto que además excedió por millones el costo por obra ejecutada”, asegura la Fiscalía.
Dice además que por instrucciones de Funes y Menéndez, Samour “se encargó de justificar esta “solución” (arreglo directo) a la controversia en lugar de un arbitraje internacional como fue recomendado en un inicio por la firma de abogados internacional. Eso quedó evidenciado, añade, cuando logra que los miembros de la Junta Directiva de la CEL “avalaran sus actuaciones, de que la solución era legal” y les dice que “eran órdenes del entonces Presidente de la República”.
Para la Fiscalía, Funes y Menéndez “resolvieron sacar provecho injusto a la controversia existente entre CEL y la contratista Astaldi, y como parte de los actos tendientes a la ejecución de su plan criminal” es que gestionaron la obtención de $3.5 millones a través de una red de sociedades fachada fuera del país.
