Un estimado de 300 mil unidades de diferentes tipos de pirotécnicos fueron destruidos por la Policía, esta mañana, en el predio situado en el cantón Changallo, jurisdicción de Ilopango.
Según el detalle proporcionado por las autoridades, parte del material destruido era 22,060 silbadores, 5,620 fulminantes, 702 tipos de luces chinas, 52 morteros con medidas que van del 6 en adelante; 240,916 de producto autorizado o legal pero que estaba en coheterías ilegales.
“La principal aportación de productos incautados se da en el centro de San Salvador, Santa Tecla (La Libertad), Sonsonate y Cojutepeque (Cuscatlán), explicó el jefe de la División de Armas y Explosivos (DAE), Fausto Carranza Noyola.
El jefe policial manifestó que los juegos artificiales fueron decomisados durante el plan que la PNC llevó a cabo durante la temporada de Navidad y Fin de Año que tuvo como objetivo inspeccionar lugares donde se fabrica y comercializa pólvora.
Quema de pólvora por fiesta de fin de año causó niveles altos de contaminación en el aire
El monitoreo del aire refleja presencia de material particulado de fácil ingreso en los pulmones de las personas y muy dañino para la salud de la población.
Pero también, aquellos locales que gracias a la denuncia ciudadana son reportados a la PNC como cohetería clandestinas.
De estas últimas, uno de los decomisos más relevantes ocurrió en noviembre pasado en la comunidad Modelos 3, al sur de la capital, donde se confiscaron 130 mil unidades de fulminantes y se detuvo a la persona encargada del material.
“Este tipo de productos atenta contra la integridad y salud de los niños, que como consecuencia de su manipulación resultan amputados de sus miembros”, afirmó Carranza Noyola.
El subcomisionado aseguró que para el cierre de 2018 Cojutepeque desplazó a Ciudad Delgado en tema de decomisos, pues tradicionalmente en este último municipios eran más comunes estas acciones.
En julio del año pasado, tres personas resultaron gravemente quemadas tras la explosión de una cohetería ubicada en la colonia Fátima, en Cojutepeque, donde se fabricaba mortero número 3 y las llamadas milpitas.
En esa ocasión dos viviendas quedaron totalmente destruidas por causa de la explosión.
Durante el jornada de esta mañana, la Policía no detalló el monto económico al que asciende la pólvora destruida.
Informaron que el delito al que incurre una persona, que es sorprendida comercializando o almacenando pólvora sin la debida autorización es infracción a las reglas de seguridad que es penado con tres años de cárcel.