“Entonces, señor Fiscal, ¿qué tiene que investigar, qué irregularidad hay en esto? Si está claro que si no se termina el contrato por la vía de la negociación directa lo que el Estado salvadoreño hubiera tenido que desembolsar es una suma muy superior a la que resultó de la negociación”, dijo Mauricio Funes en su programa radial del 5 de octubre de 2013 “Hablando con el Presidente”.
Funes le reclamaba así al entonces Fiscal General Luis Martínez, la apertura de la investigación del pago de los 108.5 millones de dólares que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le dio a la empresa italiana Astaldi por la obra inconclusa de la presa El Chaparral como parte del trato directo.
“Allí no hay nada oscuro, allí no hay nada amañado, allí no hay nada que se haya hecho, sino apegado a la ley, y en el caso del presidente de CEL (Leopoldo Samour), fue autorizado por su junta directiva”, alegó el exgobernante en ese entonces.
Cinco años después, el 16 de octubre del 2018, el Fiscal General Douglas Meléndez, quien ayer terminó su período de tres años de gestión, revelaba una presunta red de corrupción enquistada en la Fiscalía General, en la administración del exfiscal Martínez.
En esa ocasión, Meléndez reveló que Funes le pagaba dádivas a Martínez mediante sobresueldos entre 10 mil y 20 mil dólares mensuales para que no investigara los casos de la presa hidroeléctrica El Chaparral y el caso Tregua entre las pandillas. Habría recibido $1.5 millones, además de tres vehículos de lujo – uno de estos registrado a nombre de Ada Mitchell Guzmán, actual pareja de Funes.
Ante tales acusaciones, Meléndez ordenó la captura de Funes, prófugo en Nicaragua, y le sumó nueve delitos a Martínez, quien se encuentra recluido en el penal de Mariona. Otras 28 personas ligadas al caso conocido como Corruptela, son acusadas de formar esa red de corrupción.
La acusación
LA FRASE
En otra ocasión, siempre en octubre del 2013, Funes volvió a defender el trato hecho por el expresidente de la CEL, Leopoldo Samour, quien hoy es acusado de peculado en el caso El Chaparral en el Juzgado Noveno de Paz.
“Si el presidente de CEL no recurre a la negociación directa, inmediatamente Astaldi se va a un arbitraje (…) se le agregaron aproximadamente unos $23 millones más porque era un acuerdo al que se llegó por los daños y perjuicios, esos $23 millones no se los echó a la bolsa el presidente de CEL, no me los eché a la bolsa yo”, expresó Funes.
Sin embargo, el peritaje técnico propuesto por la firma Curtis, Mallet, Prevost-Colt, contratada por CEL ante un posible arbitraje internacional, recomendó resolver la controversia por medio de un litigio internacional, “pues existían las condiciones para ganarlo (por parte de CEL), estableciendo una probabilidad del 70 por ciento de éxito” porque el peritaje técnico reveló que no existían amenazas para la construcción del proyecto tal como aseguraba la empresa Astaldi, según la acusación fiscal.