Fiscalía: Astaldi sobornó a Funes con $ 3.5 millones por Presa El Chaparral

Más de un millón de dólares de esas dádivas sirvieron para crear Latin América Spa, que administraba Ada Guzmán, pareja de Funes.

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Mauricio Funes, expresidente de la República, asilado en Nicaragua. Foto/ Archivo

Por David Marroquín

2019-01-04 9:21:24

El expresidente Mauricio Funes fue acusado formalmente ayer de recibir sobornos por 3.5 millones de dólares de parte de la empresa italiana Astaldi, después que ella dejara abandonada la construcción de la represa El Chaparral y, pese a ello, le terminaran pagando 108.5 millones de dólares.

La acusación fue presentada en el Juzgado Noveno de Paz por supuestos actos de corrupción que se habrían derivado del pago de 108.5 millones de dólares que la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), durante el gobierno de Funes, le pagó a la empresa Astaldi.

Además de Funes también han sido acusados Leopoldo Samour, expresidente de CEL en ese periodo; la pareja sentimental de Funes, Ada Michelle Guzmán; Miguel Menéndez, conocido como Mecafé; Mario Pieragostini, representante de la empresa italiana Astaldi, y el contador José Efraín Quinteros.

Los seis enfrentan cargos penales por los delitos de peculado, instigación al peculado, lavado de dinero, cohecho activo y agrupaciones ilícitas.

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Junto a Funes son acusados por el caso El Chaparral Michelle Guzmán, Leopoldo Samour (ex titular de CEL); Miguel Menéndez (Mecafé), Mario Pieragostini y José Enfraín Quinteros, ambos representantes de Astaldi.

La Fiscalía ordenó el 21 de diciembre pasado las capturas de Funes, Guzmán, Pieragostini y Quinteros, quienes no fueron localizados por la Policía.

Sin embargo la Fiscalía le notificó a Menéndez de las nuevas acusaciones en el centro penal donde se encuentra recluido por el saqueo de 351 millones de dólares, en el que se señala como principal autor a Funes.

La audiencia inicial contra Menéndez está prevista para hoy, mientras que los otros cinco acusados, quienes son prófugos, el juzgado resolverá de acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía en el requerimiento.

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Según la acusación, en 2011 la empresa italiana dejó abandonada la construcción de la represa El Chaparral, en el oriente del país, con sólo un 29 por ciento de avance, pero llegó a un arreglo por el cual le pagaron como si hubiera sido de casi el 50 por ciento.

Astaldi alegó “imprevistos imprevisibles”, pese a lo cual la CEL firmó el acuerdo directo que fue defendido públicamente por Funes.

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Funes dijo, en su momento, que se había pagado para evitar ir a un arbitraje internacional.

El contrato suscrito por CEL y Astaldi, el 26 de septiembre del 2008, era “llave en mano”, es decir que había una prohibición expresa: que no se podía incrementar el precio de la obra, cuyo valor total era de 219 millones de dólares.

Además, la empresa constructora se comprometió a asumir el riesgo de un posible incremento en los costos de construcción de la obra.

Sin embargo, Astaldi comenzó a retrasarse y hubo suspensiones temporales de los trabajos. Eso era motivo para que CEL hubiera cancelado el contrato, imponerles multas y se hicieran efectivas las fianzas contractuales.

La autónoma CEL contrató dos firmas de abogados, expertas en arbitrajes internacionales, previendo que se abriera un litigio con la empresa italiana Astaldi.

No obstante, Miguel Menéndez ordenó a la firma de abogados salvadoreños que buscara un arreglo directo con la empresa italiana y evitara el arbitraje a “toda costa”.

Posteriormente, Funes nombró a Leopoldo Samour como presidente de CEL, el 11 de julio de 2011, y de inmediato alcanzó el acuerdo directo con Astaldi. Samour le pagó 63 millones de dólares a Astaldi que correspondían al costo de la obra que se había ejecutado hasta ese momento.

“(Funes) le giraba instrucciones, no de una forma oficial, pero sí de una manera directa hacia él y también era secundado por Miguel Menéndez, ya que Miguel Menéndez tenía también trato con Leopoldo Samour y le ordenaron irse por la figura del arreglo directo con una retribución para Astaldi”, dijo un fiscal del caso.

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Sin embargo, Samour ordenó pagar 45.244,418 de dólares de más, es decir que no había una base legal ni técnica para cancelar ese monto adicional, según las investigaciones fiscales.

Por los hechos anteriores, Samour, Funes y Menéndez fueron acusados por peculado. A Samour lo consideran autor directo y los oros dos como instigadores de ese trato ilegal.

De los más de 45 millones de dólares que CEL entregó adicional a Astaldi, esta compañía italiana, a través de dos sociedades fachadas, transfirió 3.5 millones de dólares a otras dos empresas fantasmas que Menéndez había comprado en Panamá para tal fin, según la Fiscalía.

“Con esas dos off shore (empresas fachadas), Menéndez aperturó dos cuentas de ahorros en bancos de Panamá y ahí fue donde Astaldi, por medio de sus testaferros Rift International y Railway, hizo transferencias desde el banco de Luxemburgo para Panamá”, dijo una fiscal.

De ese total, más de un millón de dólares sirvieron para la creación y funcionamiento de la franquicia de sociedades Latin América Spa que se constituyeron en El Salvador, Panamá y Suiza, en las cuales aparece Funes como propietario.

En El Salvador, Latin América Spa había instalado un negocio de masajes, peluquería y spa que era administrado por Ada Michelle Guzmán, conocida como Michy y pareja sentimental de Funes.

También, con ese dinero, compraron dos residencias de alto costo económico: una situada en la colonia Maquilishuat, donde funcionaba el negocio de spa, y la otra, en Sierra de Santa Elena, donde Michy residía.

Aquí aparece otro personaje que no era conocido: el contador José Efraín Quinteros, quien le llevaba la contabilidad a la empresa Latin América y él se encargaba de conseguir a los testaferros para cubrir a los verdaderos propietarios de los dos inmuebles y del dinero que procedía de los sobornos que les transfirió la empresa Astaldi, según Fiscalía.

En ese sentido, la Fiscalía acusó a Guzmán y a Quinteros de lavado de dinero en la compañía Latin América SpaS en El Salvador.

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La otra parte del dinero entregado por Astaldi en dádivas a Funes y a Menéndez fueron transferidas a la sociedad Wartila Engineering Process LT, una sociedad constituida por Menéndez en islas Marshall y con cuenta bancaria en Curacao.

Por esos hechos, la Fiscalía acusó a Funes y a Menéndez de lavado de dinero en la sociedad Latin América Spa y por las transferencias de fondos a la sociedad Wartila.