Contradictorio. Así es lo que pasó hace unas semanas en la Asamblea Legislativa al aprobarse una reforma constitucional con la finalidad de hacer “inclusivo” el lenguaje que usa la Constitución de la República para garantizar que se cumplan los derechos de las personas que sufren alguna discapacidad física.
Si bien los diputados avalaron que en la Carta Magna no se use un vocabulario peyorativo al referirse a las personas con discapacidad, el mismo día que aprobaron esa reforma también permitieron que los buseros y microbuseros sigan manejando unidades del transporte que no cuentan con las condiciones adecuadas para facilitar el traslado de las personas que tienen discapacidad.
David Reyes, diputado de ARENA, es uno de los que más se quejan de que los transportistas se resisten a cumplir con lo que aprobó la Asamblea hace unos meses, de que el 25% de la flota de unidades del transporte público de cada ruta deben ser buses y microbuses adaptados para trasladar a personas discapacitadas.
Según Reyes, es la segunda vez que la Asamblea cedió a la petición de los transportistas. En la primera ocasión les dieron un plazo de 90 días para comprar las unidades adaptadas para facilitar el tránsito de los discapacitados. Este último decreto legislativo les concede 60 días para cumplir con su obligación.
“En ese momento (hace varios meses) se aprueba como a medio regaña dientes. Los transportistas tiene varios emisarios en la Asamblea de todos los partidos. En ese momento se aprueba y como a la semana presentan una iniciativa los transportistas para pedir prórroga a la entrada en vigencia de esa reforma 90 días después, porque aducían que ya tenían comprados algunos buses y en todo lo que venían no los habían comprado siguiendo ese criterio, y que el VMT (Viceministerio de Transporte) no les iba a dar la autorización de usarlos”, explicó Reyes.