Fotos/ Eileen Grench
Rivas –también tepesiana— siguió con determinación a cualquier persona que no hubiese comprado todavía un boleto y hasta llenar su contenedor de plástico con dólares.
Rivas trabaja limpiando casas en Long Island y de noche apoya el comité local de Tepesianos. Con 41 años, ella llegó a los EE.UU. a la temprana edad de 17 años. Se casó con otro tepesiano, y ahora es mamá de dos hijas de 7 y 12 años. También es dueña de una casa en Glen Cove.
“Temo por mis hijas,” dijo contemplando lo que podría pasar si fuera obligada a regresar a El Salvador. “Veo las noticias y pienso ‘Dios mío’”.
El año pasado, ocurrieron 60 asesinatos por cada 100,000 habitantes en El Salvador, una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Datos recientes del gobierno salvadoreño demuestran que ha habido una leve reducción.
“Si nos quedamos en el sofá mordiéndonos las uñas, nunca lograremos nada,” dijo Rivas. “Mejor luchar por la residencia, por algo positivo”.
Rivas espera que las marchas y la creciente presión en el congreso permitan que su familia y otras en su misma situación permanezcan legalmente en los Estados Unidos.
Ayuda de los oficiales locales
En los 17 años desde que llegaron a Long Island, muchos tepesianos se han convertido en negociantes y dueños de casas. Y mientras luchan por su derecho a quedarse, los políticos locales de Long Island les han apoyado. En una carta escrita al congreso, los ejecutivos Steven Bellone y Laura Curran de los condados de Nassau y Suffolk, respectivamente, citaron una “pérdida potencial de hasta 13,500 trabajos”, si se deporta a los tepesianos. Los oficiales también exhortaron al congreso a “apoyar y defender una solución legislativa para mantener a miles de familias y contribuyentes en Long Island”.
El año pasado, el comité local de tepesianos –TPS Camino a la Residencia—se juntó con la Alianza Nacional TPS para apoyar dos legislaciones que darían la residencia permanente a los tepesianos. El acto SECURE y el Acto de Promesa Americana (American Promise Act) están en la Cámara de Representantes y el Comité Judicial del Senado, respectivamente. La Alianza Nacional TPS espera recibir más apoyo de parte de los legisladores elegidos durante la reciente elección de medio trimestre y tienen esperanza de poder pasar una legislación proresidencia en el 2019.
Pero mientras la lucha de los tepesianos se hace más urgente, más crisis migratorias y propuestas de ley, principalmente una que solidificaría el estado migratorio de los niños DACA, están tomando el papel protagónico.
Entonces, para ganar tiempo, los tepesianos están mirando hacia las cortes, como en el caso de CASA de Maryland versus Trump, presentado en la Corte del Distrito Federal de Maryland a mediados de septiembre.
El caso afirma que la decisión de terminar el TPS para los salvadoreños fue hecho de manera discriminatoria. Ramos v Nielsen, donde la orden de detener el fin del TPS se emitió, se enfoca en los niños ciudadanos de todos los beneficiarios del TPS, sin importar de donde provengan sus padres. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus signos en inglés) y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las organizaciones que presentaron el pleito Ramos, afirman que el fin del TPS viola los derechos de los niños por el hecho de obligarles a escoger entre sus padres y su país natal.
“[El pleito] es sobre niños porque tenemos muchas familias donde ambos padres son beneficiarios del TPS”, dijo Evelyn Hernández, miembro del comité ejecutivo de la Alianza Nacional del TPS. “¿Qué le pasará a estos niños si sus papás son deportados?”.
Todavía en Peligro
En San Patricio, Elmira Valle contempló lo que podría suceder a su hija de 13 años, Lisbeth, si termina el TPS. Lisbeth recién había ofrecido a sus papas –ambos Tepesianos– una solución sorprendente: Puede simplemente entrar al sistema de acogidas temporales.
“Como madre, tengo miedo”, dijo Valle, mientras miraba a un grupo de niñas riéndose en la esquina. Valle se aterrorizó al escuchar las alegaciones de abuso en las agencias de acogida temporal donde alojaban a los niños migrantes separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México.
“Si solo fuera yo, no me importaría”, dijo Valle. Pero su hija “es la única que tengo”.
Marta (su nombre ha sido cambiado por razones de seguridad), de treinta años, también asistió al concurso en Glen Cove. Ella es beneficiaria de DACA, una hija adulta de padres tepesianos y madre de tres. En el 2014, dejó EE.UU. para visitar a su familia en Santa Ana, El Salvador. Pero cuando iba a regresar a los EE.UU., se dio cuenta de que sus papeles se habían vencido. De repente, Flores se encontró separada de sus hijos y viviendo la pesadilla que todos los tepesianos temen, sin conocimiento de que nunca podría regresar.
“Me sentí terrible, ¡había tanta inseguridad!”, dijo Marta. “Mi familia me dijo que ni hablara en público porque la gente escucharía un acento”.
Después de seis meses de temor, el permiso de viajar llegó y pudo reunirse con sus niños en Long Island. Pero después, una noticia impactante le llegó de El Salvador.
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Según detalla la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el niño de 8 años comenzó a mostrar signos de "una posible enfermedad" el lunes mientras estaba bajo custodia de los agentes fronterizos.
“Había un niño vecino que vivía a la par”, dijo. “Le sacaron de la casa y le mataron”.
Pronto, el DJ en San Patricio llamó al público a prestar atención al frente del escenario. Una por una, cada competidora de la Miss Chiquitita desfiló entre dos palmas de papel maché hasta que llegaron todas al frente de la sala.
Al final, una niña vestida de blanco –la reina del año pasado— caminó por el pasillo para otorgar su corona a la próxima ganadora.
La ganadora fue Abigaíl Cruz.
Fue un momento de felicidad durante un tiempo muy oscuro en la vida de Abigaíl y su mamá.
“El otro día, me preguntó por qué quieren mandarnos de regreso si no soy mala persona”, recordó Villalobos. “Me hizo reír cuando dijo: “Si viene la migra, yo los corro y nunca dejaré que te lleven”.
Antes de la incertidumbre del TPS, la familia Villalobos planeaba comprar una casa. Ahora, tienen que esperar. Hay mucha incertidumbre también alrededor del esposo de Villalobos, quien trabaja en paisajismo. ¿Qué pasará si pierde su licencia de conducir? ¿Cómo llevarán los niños a la escuela? Algo es seguro: sus hijos no irán a El Salvador.
“Algunas personas me decían que firmara un poder para que otra persona, un residente, pudiera encargarse de mis niños”, dijo Villalobos. “Pero no lo voy a hacer … Me siento que, si firmo esa carta, me estoy dando por vencida y no quiero dejarme. Quiero seguir luchando”.
NOTA: Este reportaje fue publicado originalmente en documentedny.com y traducido al español por su autora para El Diario de Hoy.