El uso de la prueba técnica en los procesos judiciales ha sido determinante para resolver algunos casos. Esa prueba no falla en el 90 % de las veces, dice Daisi Posada de Rodríguez, la directora de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) de la Fiscalía.
La DATI está compuesta por cuatro unidades: la Unidad de Análisis de Información y la Unidad de Gestión de Información Fiscal, que procesan en tiempo real toda la información que genera la Fiscalía; la Unidad de Acceso a la Información Pública, a la que el ciudadano acude para solicitar información pública; y el Departamento de Estadísticas, que procesa los datos que sirven para los análisis en investigaciones.
A pesar de lo complejo de esta dirección, cuenta con pocos analistas. El Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo el pasado 10 de octubre, cuando fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la DATI, que esta tenía solo 30 analistas para realizar las experticias técnicas de todos los casos que atiende la Fiscalía.
Aunque según Posada de Rodríguez ya se hacen gestiones para contratación de más personal, por hoy ese es el escenario de la DATI, cuyo reto es apostarle a la prueba técnica y dejar la prueba testimonial como complemento en aquellos casos que la ameriten. El año pasado, por ejemplo, la Fiscalía usó a 642 criteriados (testigos con beneficios penales) para buscar condenas, pero de esos casos, en 344 hubo fallos absolutorios.
Sin embargo, en algunas investigaciones ha llevado a los juzgados prueba técnica, como los casos de feminicidio de la periodista Karla Turcios y la joven Jocelyn Abarca.
Los costos para el funcionamiento de esta dirección de la Fiscalía son altos, ya que cuentan con software cuyas licencias valen hasta $20,000.
¿Cuál es el mayor reto para la DATI en uno de los países más violentos del mundo?
Ser creativos y tratar de responder a la mayor demanda de delitos que se cometen de forma acertada. Nacimos con la intención de resolver técnicamente los delitos o la mayoría de ellos, tratando de dejar como en un segundo plano la prueba testimonial y volverla eminentemente técnica. ¿Por qué? Porque en la era de la tecnología, definitivamente ya no podemos estar pensando en que siempre los testigos van a ser nuestro único recurso, sino que tenemos que tecnificar las investigaciones y ese fue uno de los propósitos al nacimiento de nuestras dirección. La otra es que hay corrientes de investigación en el mundo que nos arrastran a dirigirnos en ese rumbo, ya la mayoría de las investigaciones que se hacen con mucho profesionalismo dejan por fuera al testigo, este se usa únicamente cuando se trata de hilvanar una investigación y que el testigo nos ayude a terminar de poner las cosas en su lugar, pero desde una perspectiva de ordenamiento y ya no solo de investigación. Esa parte es en la que en la tecnología nos está ayudando a resolver los casos.
¿Qué tan realista es que la Fiscalía reduzca el uso de criteriado y se enfoque en presentar en los tribunales pruebas técnicas cuando la institución funciona con bajo presupuesto y también que en los últimos cuatro años triplicó el uso de esos testigos?
Tengo por ahí una información, en donde por lo menos en los últimos tres años, sí es bien sustancial la disminución del uso del criteriado. Recuerdo que para lo que iba de este año hasta el mes de noviembre, eran como 47 personas las que se habían criteriado. Sin embargo, definitivamente, apostarle a la prueba técnica es hacer una disminución del criteriado y es ganar-ganar, porque ni le da criterio a un delincuente ni va a negociar con el delincuente y va a tener siempre una prueba incortovertible. Definitivamente apostarle a la investigación técnica o científica es, por supuesto, ganarle a la oportunidad que se le ofrece a un criteriado.
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Cuando inauguraron las instalaciones de la DATI, el Fiscal General dijo que contaban solo con 30 especialistas para realizar los análisis. ¿de qué forma repercute la falta de personal en la pronta y cumplida justicia?
Determinante, porque en la medida que tenemos el personal idóneo y el equipo adecuado, y en el número que sean necesarios, obviamente nosotros podríamos darle mayor tratamiento y celeridad a las respuestas que se nos puedan requerir de todas las investigaciones.
¿Están haciendo gestiones para contratar a más personal?
Estamos haciendo gestiones para contratar a personal técnico, eso se llama ingenieros en sistemas, peritos en criminalística, en balística, en todas las áreas en donde sean sujetas de un auxilio para la investigación. Nosotros tendríamos que crecer, pero en este momento sí se está haciendo el esfuerzo porque en el próximo año se tenga un equipo por lo menos de unas 50 personas solo para la Unidad de Análisis. En realidad, nuestra dirección está conformada por 55 personas, entre citadores, secretarias, técnicos, fiscales y equipo de peritos.
¿Alrededor de cuántas solicitudes de extracción y análisis de información reciben ustedes por día?
De extracciones quizá 15 o 20 diarias. De análisis es después de que yo le puedo extraer la información, el fiscal ve si es importante la información que se ha encontrado y entonces la procesamos. Procesar significa que nosotros la analizamos. Pero al final nosotros estamos trabajando en análisis de información unos 3,000 análisis al año, si lo hacemos división entre 12 (meses), 249 mensuales.
Lo que nosotros tenemos son convenios con instituciones en donde nos permiten tener la información en tiempo real. Es decir, si un número de teléfono está involucrado en un delito, me lo piden inmediatamente por un sistema que nosotros tenemos. El fiscal del caso viaja por ese sistema con encriptación segura hacia la compañía telefónica que automáticamente lo reconoce, y nosotros, en cuestión de cinco, 10 minutos tenemos la respuesta de la bitácora de llamadas o solamente la información del abonado. Lo otro que también tenemos convenios en tiempo real para tener información en tiempo real con otras instituciones del Estado, de tal manera que a nosotros nos lleva aproximadamente cinco o 10 minutos máximo para poder identificar a una persona o para saber quién es una persona, luego que tenemos nombre y apellido obviamente.
Ese es un plus que no tienen las otras unidades de análisis de Centroamérica, incluso ni Costa Rica. La ley nos permite a nosotros tener esos convenios y esos accesos. Guatemala, por ejemplo, para obtener una bitácora de llamada necesita una autorización judicial, lo cual para nosotros no se requieren dadas las facultades que nos otorga el Código Procesal Penal para las investigaciones.
¿Hay un protocolo a seguir por los tipos de delitos? ¿Cuáles son los más complejos?
Es un solo protocolo, solo que el tratamiento es diferente dependiendo, no del delito, sino de la técnica. Es decir, si vamos a trabajar una investigación con técnicas de análisis de bitácoras, tiene su propio protocolo; si lo vamos a trabajar por activación de antenas, tiene su propio protocolo; si vamos a trabajar por la extracción de información de un dispositivo, también la tiene; si vamos a trabajar por un análisis circunstancial o de caso, también tiene su propio protocolo y también tenemos nuestras limitantes de qué es lo que nosotros podemos hacer y qué no. Usted puede venir como un fiscal y me trae su caso, y me dice: ‘aquí está, yo ya le busqué pie y cabeza y esto tiene un rompecabezas, y no lo encontramos’.
¿Cómo han enfrentado con el avance de la tecnología los delitos cibernéticos? ¿Qué tan frecuentes vienen acá las solicitudes de extracciones y análisis sobre esos delitos y cómo los enfrentan?
Hemos tomado dos medidas importantes. La primera es capacitar a todos los compañeros fiscales sobre la forma de direccionar la investigación, porque es un mundo completamente diferente. Y la segunda es indicarles cómo es que ellos tienen que solicitar información a otros países, y el gran valladar con el que nosotros nos estamos encontrando en este momento, no es la imposibilidad de poder llegar hacia quién fue la persona que produjo u originó esa información en un momento determinado, sino es la identificación como para decir: desde acá fue donde se llevó a cabo por “fulano de tal” esta información.
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Pero, ¿cuál es el gran problema que estamos enfrentando, no solo la Fiscalía de El Salvador, sino todos los países de América Latina? Es que los servidores centrales y los dueños de las grandes redes sociales como Facebook y Twitter tienen su nacionalidad estadounidense y entonces ellos no están en la disposición de acordar plazos largos para el resguardo de la información, sino que plazos cortos, y tiene un sentido. Y es que en Estados Unidos, cuando se lleva a cabo una investigación, las investigaciones son con mucha más seguridad que las nuestras, pero para que tenga validez una información en El Salvador, yo tengo que solicitarla de forma oficioso o de forma oficial.
Entonces esa es la mayor de las dificultades con las que nos enfrentamos para la identificación de las personas que han podido generar un troll, que han generado una información pornográfica, lo que sea. No es tanto de capacidad tecnológica, sino de comunicación y coordinación para obtener la información de origen.
¿De qué forma un criminal puede borrar las evidencias y hacerle difícil el trabajo a la DATI?
Yo soy abogada de profesión, pero los ingenieros en sistemas me han enseñado una cosa: no hay un delito perfecto, y mucho menos, en cuestiones informáticas. Sí se pueden complicar las cosas cuando son tratadas por un experto, pero siempre tenemos formas de encontrar las respuestas.