Inmuebles, acciones, dinero depositado en cuentas bancarias y vehículos -que suman un total de $1,782,479.13- pasarán a manos del Estado luego de que la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República se los incautara, entre el miércoles y el jueves, a 14 detenidos durante la “Operación Cuscatlán”, realizada a mediados de febrero pasado.
Las autoridades acusan a estas personas de lavar dinero de la Mara Salvatrucha (MS) a través de restaurantes, cervecerías, billares, autolotes, mototaxis y empresas de transporte colectivo. Las investigaciones fiscales indican que estos comercios presuntamente fueron constituidos con dinero que era proporcionado por la pandilla.
Delegados del Ministerio Público informaron que a esta estructura se le decomisaron 41 inmuebles que están valuados en $762, 614.80 y 26 vehículos con un valor total de $623,863.76,
También $324,723.43 en efectivo y depositados en cuentas bancarias; así como 6,263 acciones (la Fiscalía no reveló de qué tipo) por un monto de $71,567.14.
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Los inmuebles están situados en los departamentos de La Unión, Usulután, San Miguel, Cuscatlán, La Libertad y San Salvador.
Algunos de los bienes confiscados pertenecen a Buenaventura Gómez Hernández, (a) “Tomatero”, distribuidor mayorista de tomates en San Miguel. Junto con él están siendo procesados en un Juzgado Especializado tres de sus familiares.
Cuando los Gómez fueron arrestados, el 15 de febrero, la Policía Nacional Civil (PNC) explicó que el dinero que la pandilla obtenía de forma ilícita era administrado por los imputados, quienes lo blanqueaban a través del comercio de verduras, especialmente de tomates. Así es como habrían adquirido varias residencias, terrenos y ganado.
“(Buenaventura) no solo ha manejado dinero de las pandillas para hacerlo crecer por medio de lavado de dinero en la distribución de verduras. También identificaba quién era la competencia e, incluso, hay unos casos que por indicación de él la pandilla mató a personas por competir en la venta de verduras”, sostuvo en esa ocasión el director de la PNC, Howard Cotto.
En mayo de 2016, Gómez Hernández ya había sido detenido junto con un centenar de personas, porque presuntamente utilizaba dinero proveniente de las extorsiones para lavarlos por medio del negocio de verduras. Esa vez, las autoridades le decomisaron $10,500 en efectivo. Seis meses después, un juez lo dejó en libertad condicional.
Otro “golpe” a finanzas de la MS
A decir de las autoridades, la “Operación Cuscatlán”, realizada el 15 de febrero, les permitió dar otro “golpe” a las finanzas de la Mara Salvatrucha.
Durante ese operativo se llevaron a cabo más de 50 detenciones y a unos 500 pandilleros que ya estaban en prisión (la mayoría en los penales de Zacatecoluca, en La Paz, y en Izalco, Sonsonate) les notificaron que serán procesados por nuevos delitos.
El Ministerio Público y la PNC decomisaron en esa ocasión viviendas, negocios, ranchos de playa y vehículos, entre ellos varias microbuses de la Ruta 29, que circula entre el municipio de Ilopango y San Salvador.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, señaló que se habían hecho “capturas importantes” de personas que aparentaban no estar involucradas en grupos delincuenciales porque eran dueños de buses de diferentes rutas.
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En La Unión, fueron arrestados por lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, Mirna Dalila Andasol y Héctor Alfredo Melgar, quienes eran dueños de rancho Las Tunas, en Conchagua.
También fue detenido Óscar Walter Rivera, (a) “Serrucho”, quien tenía varios negocios en los alrededores del lago de Ilopango, en San Salvador. Las investigaciones determinaron que la alcaldía le extendió permisos para que sus negocios pudieran funcionar en la zona.
Florinda Recinos Blommaert, entonces era presidenta de la cooperativa de microbuses de la Ruta 29 A, e Irma Lorena Rodríguez Amaya fueron capturadas por lavado de dinero.
Ellas eran propietarios de varios negocios como pupuserías, venta de lácteos, lavado de carros, panaderías y bares, según las investigaciones.