La elección del fiscal general de El Salvador que debe realizar la Asamblea Legislativa en las próximas semanas es una preocupación para la Fundación para el Debido Proceso y un grupo de organizaciones salvadoreñas que se han adelantado ante los escenarios adversos y acudirán este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
La oficial jefe de programas para la Región, Úrsula Indacochea, habla con El Diario de Hoy para exponer algunos puntos que a su criterio debe prestarse atención en el proceso iniciado para elegir al titular del Ministerio Público, entre varios candidatos incluyendo al actual fiscal general, Meléndez.
¿Por qué es importante monitorear el proceso de elección de fiscal general de El Salvador?
Nuestra organización DPL lleva muchos años trabajando en la región en la temática de justicia y el debido proceso, y la elección del fiscal general ha llegado a ser relevante en estos últimos años por esfuerzos de diferentes organizaciones, sobre todo por los estándares para esa figura; empezamos con México en una audiencia que fue hace dos años, y luego con Honduras y Guatemala, porque vimos que la posición de fiscales generales en la región, suelen tratar de influenciar y hasta coaptar, en algunos de los peores casos, los grupos que buscan asegurar la impunidad.
¿El actual contexto es más proclive a esto?
No estamos en los mismos escenarios que teníamos en la década de 1980, cuando había dictadores y estaba muy diferenciado, ese escenario ya casi no existe en la región. Es muy difícil diferenciar quienes están en la parte pública y la privada; hay redes y estructuras organizadas que necesitan garantizar impunidad en todos sus miembros y la manera de hacerlo es controlando o total o parcialmente el sistema judicial.
Jueza justifica pena civil de $125,000 que le impuso a exfiscal
El Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador lo condenó a pagar $125 mil al sacerdote para resarcirle el daño a su imagen. b La jueza Rosa Irma Vigil afirmó que el monto impuesto sale de la suma de gastos en que el excura por el daño moral y económico por la divulgación de información privada.
¿La fiscalía puede ser clave en esos objetivos?
Claro, en ese control el fiscal general es clave porque es el titular de la institución que prácticamente es el guardián de la puerta a la impunidad, y además como las fiscalías son muy verticales, son instituciones jerarquizadas; controlar la figura del fiscal general es la joya de la corona para los esquemas corruptos y de crimen organizado. Esa es la razón por la que nosotros prestamos tanta atención a este tipo de elecciones.
¿Hay algún matiz especial en El Salvador en este proceso?
En el caso de El Salvador tenemos un especial interés porque nuestra organización se creó por los miembros de la Comisión de la Verdad (Para investigar crímenes y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado como parte de los Acuerdos de Paz 1992), hace más de 20 años, tenemos un nexo con el país y seguimos de manera muy constante todas las grandes elecciones de funcionarios de segundo grado. Y la del fiscal general de El Salvador es la tercera en un año en el Triángulo Norte.
¿Qué particularidad puede notarse en El Salvador en esa trascendental elección para fiscal general?
Ahí lo que nos ha llamado mucho la atención ha sido la poca regulación que hemos visto, y temíamos que toda la energía que se generó para el país y los grupos de la sociedad civil con la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional dejara a esas fuerzas rendidas, sin recursos ni capacidad para reaccionar a una elección tan importante. Bajo esa perspectiva decidimos promover la audiencia con un grupo de organizaciones que ya venían trabajando, incluso siguiendo la elección anterior en el caso del actual fiscal Douglas Meléndez.
¿Cuáles son los objetivos de la audiencia de este jueves ante la CIDH?
El enfoque que le vamos a dar a la audiencia junto con las organizaciones es el impacto que esta elección tendrá respecto a la protección de los derechos humanos, de la persecución de los responsables de graves violaciones de crímenes del pasado, las del presente, que se cometen en el marco de la lucha contra el crimen por las fuerzas de seguridad y también los graves casos de corrupción; entonces estos gigantes desafíos que tiene el siguiente fiscal pueden verse potenciados o frustrados si se elige un buen o mal fiscal.
¿Qué organizaciones están participando en este esfuerzo y con qué tipo de coordinación e insumos están operando?
Cada organización tiene una especialidad en que trabaja, hemos tratado de congregar un grupo que nos permita cubrir los principales temas, por ejemplo: la investigación de juicios del pasado con la Fundación Cristosal, el IDUCA expondrá sobre los crímenes del presente con la militarización, estará el movimiento feminista Cemujer y el Centro Reproductivo con el tema de la criminalización de las mujeres, y también tendremos a Funde para hablar de los graves casos de corrupción; nosotros como DPL hablaremos del procedimiento y del perfil para fiscal general.
¿Qué esperan de la audiencia ante la CIDH?
Nosotros no sabemos quién va a integrar la representación del estado, esperamos que hayan traído a alguien de la Asamblea Legislativa, que sería lo ideal, porque esa representación la coordina la Cancillería, pero lo que nosotros esperamos es que el estado responda en cómo van a garantizar que se cumplan los estándares internacionales en ese proceso de elección del fiscal.
¿Desconfía del proceso?
En lo personal, y quizá en lo institucional pero solo por DPL, estoy sorprendida de cómo están entrevistando o ya terminaron de entrevistar a todos los candidatos a fiscal sin ni siquiera tener reglas para el procedimiento.
Para el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por lo menos existía un reglamento, no entiendo por qué no lo han hecho; sé que un diputado independiente presentó una propuesta, pero que no se ha adoptado, entonces si no se sabe como van a evaluar, cómo lo van a hacer cuando ya han entrevistado. Es como hacer una casa sin planos y después hacer el plano, se puede caer en cualquier momento.
¿Eso ya dice mucho…?
Exacto, con esto el equivalente a que se nos caiga la casa es que surja un fiscal incapaz o deliberadamente complaciente con la criminalidad, que sería lo peor. Hicimos cálculos con México, el tener un mal fiscal podría retrasar el desarrollo de un país hasta unos 15 o 20 años. El impacto no es poco.
¿Qué ventajas y desventajas ve usted que siga o no el fiscal actual Douglas Meléndez?
La postulación de un fiscal general para la reelección genera un poquito de distorsiones respecto de los demás contrincantes por tratarse de un candidato que todo el mundo conoce, eso puede ser un beneficio, pero un perjuicio también, es alguien que tiene como credencial lo hecho en su período anterior, eso en las fuerzas políticas puede ser valorado positivamente o negativamente, a veces cuando la criminalidad está metida en la clase política un buen fiscal no va ser elegido pese a tener una buena gestión.
Con el precedente de la elección de magistrados para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con un retraso y desgaste que usted señaló antes. ¿Qué cree su organización ante esta elección?
A mi me parece que se va retrasar también, no creo que lo terminemos de ver este año, primero tendría que surgir ese mecanismo de aprobación del procedimiento; tengo la esperanza de que suceda a la brevedad. Me parecería un error que surgiera un nuevo fiscal con el método usado por los reyes en el siglo XVI, a dedo.
¿La aritmética legislativa en El Salvador les da tranquilidad al saber que ninguna fuerza política reúne votos para impulsar una terna?
Mirando la experiencia de la Sala, o de la Corte mejor dicho, hasta cierto punto me parecía positivo la demora, en ciertos aspectos, evidentemente no es lo ideal vivir tanto tiempo sin una Sala de lo Constitucional, pero eso demostraba que las cosas no estaban tan pactadas, y que había oposición de intereses, y en ese esquema cada grupo de interés estaba buscando los mejores argumentos para neutralizar las propuestas del otro, y entre esos argumentos estaban las evaluaciones.
¿Pero ese jaloneo puede alargar la elección?
Nosotros impulsamos un panel de expertos que hizo una evolución paralela, para evaluar no solo a los candidatos sino también a las instituciones, por ejemplo ver si el CNJ, (Consejo Nacional de la Judicatura) estaba tan comprometido con su propio instrumento, más allá de ser bueno o malo, sino si ellos confiaban en sus propias reglas, y ese informe que hizo el panel mostraba a los peores candidatos y casi todos se logró que fueran excluidos.
¿El caso de la elección del fiscal debe hacerse público todo el expediente de vida de los candidatos?
Por supuesto, eso debería ser el mínimo, vemos aquí en Estados Unidos que a los candidatos le rebuscan hasta 40 años atrás, no es tan difícil de hacerlo, solo hay que tomarse el tiempo y tomarse en serio la evaluación.