Luis Martínez se convirtió hoy en el primer exfiscal general salvadoreño condenado a cárcel. La jueza Sexta de Sentencia de San Salvador, Rosa María Vigil, lo condenó a cinco años de prisión por revelar audios reservados que fueron captados por el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía en contra del sacerdote Antonio Rodríguez.
Vigil también ordenó a Martínez a pagar $125,000 en concepto de responsabilidad civil.
Esta es la primera sentencia que pesa contra el exfuncionario, quien dirigió la Fiscalía entre 2012 y 2015, y que además enfrenta otros dos procesos penales y uno civil por presunta corrupción (ver detalles en notas aparte).
El caso inició en 2016, luego de que Martínez fuera capturado el 22 de agosto de ese año junto al empresario Enrique Rais, abogados y exfuncionarios públicos acusados conformar una estructura delictiva dentro del Órgano Judicial.
Cuatro días después de su detención, Rodríguez se acercó a la Fiscalía, ya encabezada por Douglas Meléndez, para pedir que él investigara a su antecesor por haber difundido audios reservados en su contra en 2014.
Fiscal general: “Rompimos con la impunidad”
Douglas Meléndez hace un balance de su gestión, con el que busca mostrar que ha hecho los méritos suficientes para una reelección.
“Nadie nos dijo que sería fácil enfrentar un proceso como víctima, no solo de una persona y un funcionario, sino de todo un sistema corrompido por los poderes económicos y políticos, que conciben a los funcionarios de segundo grado como rehenes al servicio de economías ilegales y criminales y sus redes de corrupción”. Así inició su discurso Rodríguez, el cual leyó a los periodistas tras conocer el fallo contra el exfiscal.
Según el sacerdote, esperó hasta 2016 para interponer la denuncia, a la espera de que en la Fiscalía existieran las condiciones para ello. Además animó a otras víctimas a “comprometerse con la justicia y no callar”.
Inconformidad por la pena
Uno de los acusadores particulares del caso, Oswaldo Feusier, señaló inconformidad con la condena, ya que según él, la querella había solicitado 20 años de cárcel contra Martínez porque consideraba que no se trató de una divulgación de material reservado, sino que fueron tres.
Por las primeras dos, explicó Feusier, pidieron la pena máxima del delito (ocho años por cada una) debido a que involucraba “aspecto más delicados” contra Rodríguez, y por la tercera pidieron cuatro años.
La reacción fue distinta con la responsabilidad civil impuesta por la jueza, porque la querella (acusador particular) había solicitado $120,000, pero ella la amplió a $125,000, de acuerdo con Feusier.
Mientras que la fiscal de la Unidad Anticorrupción que investigó el caso señaló que para la Fiscalía, Martínez había cometido el delito en modalidad continuada y por esa razón pidieron ocho años de cárcel, aunque la jueza le impuso cinco.
“Habría que analizar la sentencia de señora juez para revisar los fundamentos que ella tuvo para poner la pena de cinco años; sin embargo, consideramos que es un hecho histórico por ser el exprimer fiscal general condenado en El Salvador”, dijo la fiscal.
Las partes no ahondaron en los argumentos de Vigil para condenar a Martínez porque el caso tuvo reserva total. Incluso, aunque la jueza había avalado que la prensa estuviera presente en la sala de audiencias mientras ella daba el fallo, la Fiscalía y la querella se opusieron.
Por su parte, el exfiscal Martínez no dio declaraciones a la prensa cuando fue trasladado a la sala de audiencias, se limitó a saludar a su defensor, Martín Santos.
Tras el fallo, Santos alegó que los argumentos para condenar a su cliente fueron verbales y aún falta la sentencia por escrito.
Exfiscal habría recibido $1.5 millones por proteger a Funes
Luis Martínez enfrenta otro proceso porque no investigó al exmandatario y al empresario Enrique Rais por corrupción.
“Vamos a esperar porque hubo algunos temas que no fueron abordados en la sentencia, no le podría decir por la misma reserva”, alegó el defensor.
Un proceso acumulado
Martínez enfrentó la audiencia inicial por el caso el 30 de agosto de 2016, dos días después de que la exjueza Séptima de Paz de San Salvador, Evelin Jiménez de Solís, le otorgó libertad a él, Rais y los demás implicados en la presunta red de corrupción en el Órgano Judicial.
El proceso en perjuicio de Rodríguez se sumó a ese caso y a ambos les fue decretado reserva total por el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, y luego de conocerlos en la audiencia de preliminar los pasó a juicio.
La etapa de investigación por la divulgación de los audios terminó a inicios de octubre del año pasado, fecha en que la Fiscalía presentó la nueva acusación en la cual pidió que Martínez fuera enviado a juicio.
En la documentación presentada ofreció los 11 audios que el exfiscal general difundió en tres instalaciones, 14 testigos y otra prueba documental.
De los casos que acumula Martínez, el que involucra a Rais está en la etapa de sentencia. El 15 de noviembre anterior, el Juzgado Octavo de Instrucción abrió juicio y la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez informó que será el Tribunal Segundo de Sentencia que juzgará a los imputados.
Ese tribunal fue el que condenó el pasado 12 de septiembre al expresidente Elías Antonio Saca, a tres de sus exfuncionarios y a tres exempleados de Casa Presidencial. Ellos fueron encontrados culpables del desvío y lavado de 301 millones de dólares del Estado.
Sin embargo, Martínez también encara un proceso en el que se le acusa de recibir sobornos del expresidente Mauricio Funes y de Rais en concepto de dádivas para que no fueran indagados. Ese caso está en la fase de investigación e involucra a su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez en presunto lavado de dinero.
El exfuncionario y su esposa también fueron demandados por enriquecerse de manera ilícita con $486,213.80 del Estado. El proceso está en curso.