Red usó nombre de Asamblea para estafar a una empresa con $9,000

Norman Quijano denunció ayer que falsificaron su firma, sello y membrete de la Asamblea. Pide a la Fiscalía agilizar la investigación para dar con el paradero de la "red de estafadores".

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Foto EDH/ Jorge Reyes

Por Eugenia Velásquez

2018-11-30 9:40:05

Una “red de estafadores” logró falsificar la firma del presidente de la Asamblea, Norman Quijano, de ARENA, el sello y membrete de la Asamblea Legislativa para timar con $9,000 en concepto de mercadería a una empresa, cuyo nombre no fue revelado por Quijano ayer.

Este fue el segundo intento que logró “materializarse” de los estafadores, ya que el 14 de noviembre, Quijano había puesto un aviso en la Fiscalía advirtiendo de que su firma estaba siendo falsificada, pero en ese momento el delito no se había logrado concretar.

“En esta ocasión el pedido fue de $11,000 y la estafa se consumó por $9,000, retiraron mercadería por el orden de $9,000 a nombre de la Asamblea Legislativa”, explicó Quijano en rueda de prensa ayer junto al apoderado legal del Órgano Legislativo, Juan Gilberto Contreras Gómez, y a la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), Iliana Valladares.

Según Quijano puede tratarse de personas que bajan de manera ilegal e inescrupulosa del sitio de Internet de la Asamblea la firma, sello y membrete legislativos, por lo que advirtió a los empresarios que venden servicios y mercadería a la Asamblea a no dejarse sorprender.

 

“Mi deber como presidente de esta institución es alertar a todas las personas, ya sean naturales o jurídicas que estén interesadas en establecer algún vínculo o relación comercial con esta institución que verifiquen todas las peticiones que reciban, que estén convencidos de que emanan de aquí de la Asamblea”, instó el funcionario.

Anteriormente, Quijano había informado que lograron detectar en un documento de carácter administrativo la falsificación de su firma, en un hecho un poco confuso, ya que también el diputado de ARENA, Mario Marroquín, había sido sorprendido con el mismo caso.

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“Esto se da a pesar de que el pasado 14 de noviembre presentamos una denuncia a la Fiscalía, porque logramos detectar a tiempo, debido a que el proveedor nos alertó que le estaban haciendo un pedido por el orden de $8,000; pero en este caso si se consumó (el de ayer). Los abogados de ellos (de la empresa afectada) se han reunido con los abogados nuestros y ellos también presentaron un aviso a la Fiscalía”, ahondó Quijano.

Para evitar que más empresas proveedoras de la Asamblea se miren en la misma situación, la jefa de la UACI, Valladares, explicó cuál es el procedimiento que se sigue para adquirir productos y servicios.

“La modalidad que usaron fue de libre gestión, como UACI al recibir un requerimiento de cualquiera de los solicitantes procedemos a solicitar las cotizaciones vía electrónica, pero también se publican en el sitio de Comprasal, cualquier proveedor que le llegue una invitación puede corroborar en ese sitio para asegurarse que la petición ha llegado de la Asamblea”, informó Valladares.

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Añadió que deben cerciorarse que el correo es de la Asamblea. Al recibir las ofertas se hace la evaluación y es conocido por la Junta Directiva para su posterior aprobación y publicación, la cual es firmada por un delegado de la Junta Directiva que no es el presidente de la Asamblea, se notifica y se coordina con el administrador para su posterior entrega, ya sea en el almacén o en cualquier otra área de la institución, pero nunca fuera de la Asamblea, como fue el mecanismo que usaron los estafadores.

“No tiene por qué ir una orden de compra firmada por este servidor, eso se llama estafa y hacemos la denuncia pública. La entrega de productos solicitada por la Asamblea se debe hacer obligatoriamente en las instalaciones de la institución, nunca retiramos mercadería en los establecimientos comerciales”, reafirmó Quijano.

El abogado de la Asamblea, Contreras Gómez, aseveró que la Asamblea no tiene responsabilidad en el caso porque los procedimientos ordinarios de la UACI para hacer las compras fueron violentados.

“Eso llevó a que se cometiera un delito en contra de la Asamblea Legislativa por estar usando presuntos sellos de la institución y la falsedad material e ideológica por usar la firma del presidente de la Asamblea Legislativa”, expresó el abogado.

Quijano sostuvo que ha solicitado al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, una reunión urgente para platicar sobre el caso, ya sea con él directamente o con el apoderado legal de la Asamblea.

Mencionó que conoce que hay casos similares en otras instituciones del gobierno, de las cuales no quiso citar nombres ayer, sin embargo, en entrevistas anteriores afirmó que en el Tribunal Supremo Electoral se estaría cometiendo el mismo delito de usurpación de firmas y sellos para estafar.