Prontitud y transparencia en el trámite de extradición del expresidente Mauricio Funes y tres familiares suyos asilados en Nicaragua desde septiembre de 2016, es lo que representantes de las organizaciones sociales demandan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La reacción de estos sectores de la sociedad surge tras la imposición de reserva total que la Corte Plena le impuso el martes anterior a las deliberaciones sobre la solicitud de extradición del expresidente y sus familiares, quienes son reclamados por el supuesto desvío de $351 millones de dólares durante su gestión entre 2009 y 2014.
Por esa suma millonaria, la Fiscalía General de la República ha abierto un proceso judicial al expresidente Funes, así como a su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán; y a sus hijos: Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
¿Cómo el expresidente Funes y su hijo restituirán los fondos al Estado?
La Cámara Segunda de lo Civil condenó al expresidente y su hijo Diego Funes de enriquecimiento ilícito.
Funes es acusado de los delitos de peculado (apropiarse de fondos públicos) y lavado de dinero (origen ilícito de riqueza) en el Juzgado Séptimo y Quinto de Paz. Sus tres parientes también son procesados por los delitos de lavado de dinero y casos especiales de lavado de dinero en perjuicio de la administración pública y del orden socioeconómico del país.
Frente a la disposición de la Corte para el debate de la solicitud, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Domingo Méndez consideró que la Corte Plena “no debería cerrarse totalmente, puede ser una publicidad parcial, tal vez haya discusiones de orden muy confidencial que no es necesario que se ponga a discusión pública, pero el conocimiento que se le dé a eso, sí, debería de ser público”.
Agregó que el caso no solo tiene importancia nacional sino también internacional, por lo que cree que “se le puede dar apertura a eso, a menos que hubieran elementos jurídicos que la Corte Plena considera que no deben divulgarse”.
El exmagistrado estima que es un poco complicado, “pero es un caso tan importante que la Corte debería de estudiarlo dos veces y darle apertura al caso de Mauricio Funes”.
Por su parte, Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (Fusades) es del criterio que la Corte deberá hacer transparente su decisión cuando dé a conocer su resolución y revelar cuáles fueron sus deliberaciones que los llevaron a tomar la decisión.
“Y esas deliberaciones deberán quedar consignadas en el acta de Corte Plena y, desde luego, en la resolución tiene que estar debidamente justificado el porqué se tomó determinada decisión”, dijo Castro.
Sostuvo además que de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, la reserva solo opera mientras se toma la decisión.
Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), dijo que la reserva total a las deliberaciones del trámite no exonera el deber rendir cuentas sobre la forma en la que se ha decidido, la parte resolutiva debe estar bien fundamentada.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Carlos Sergio Avilés adelantó que ya se comenzó a discutir la referida petición. La solicitud de extradición incluye a la compañera de vida de Funes, Ada Mitchel Guzmán, y dos de sus hijos.
“Porque el hecho que el proceso tenga reserva no significa que el resultado no debe ser en una forma muy transparente con todos los documentos sobre la parte sustantiva o extracto de la decisión”, recalcó Umaña.
Entre tanto el exmagistrado de la Corte y miembro del Consorcio de Transparencia, René Hernández Valiente, afirmó que no le ve problema que el debate en Corte Plena sobre la extradición de Funes sea a puerta cerrada, porque le parece que podría haber más libertad de parte de los magistrados de poder decidir lo que mejor convenga y proceda legalmente.
“Me parece mejor que la sesión sea a puerta cerrada que en abierta, en donde posiblemente hayan otras influencias u otros intereses que quieran aparentar los 15 magistrados que tienen que decidir”, añadió.
Para Valiente lo más importante que la reserva es la “prontitud” con la que resuelvan, si van a pedir la extradición. “Lo importante es la resolución que salga, el debate es un proceso que no es definitivo hasta que no tenga una resolución”, dijo.
Para la deliberación, la Corte en Pleno no tiene ningún plazo. La discusión comenzó esta semana.