En medio de la austeridad que el Gobierno suele anunciar, la Dirección General de Centros Penales incrementó su planilla en casi un tercio de su personal al crear 1,046 plazas en el último año; las autoridades del ramo han justificado ese aumento en la puesta en marcha de varios proyectos o programas con los que buscan reducir el hacinamiento carcelario que, en la actualidad, es de 189 por ciento.
Otros sectores ven esta masiva contratación como una estrategia de cara a las próximas elecciones presidenciales.
La planilla de Centros Penales subió de 2,643 a 3,690 empleados en 2018, la mayoría de puestos es del área de seguridad (custodios), técnico y administrativo, en ese orden. Según las autoridades, las 1,046 nuevas plazas se comenzaron a implementar en el transcurso del año con ajustes presupuestarios; y para el 2019 buscan que estén contempladas en el presupuesto general.
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Solo los salarios suman $ 9,439,103 en el presente año y, para el año entrante, aún se desconoce el monto, pero consideran representará el 11,3 % del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad.
El aumento de plazas en Centros Penales representa el 45 % del total (2,326) de nuevas plazas del Gobierno Central en sus instituciones descentralizadas proyectada para 2019 y que eleva el presupuesto en más de 112 millones de dólares.
Los que adversan la cifra de nuevas plazas, si bien reconocen la necesidad de más personal en Centros Penales, discrepan en la cantidad, pues “lo consideran exagerado”, lo que los hace tener sus reservas y sospechan que podrían tener otras motivaciones.
“Nosotros sabemos que ese es un tema por desarrollar, pero nos parece un número extremadamente alto, vamos a estudiarlo”, afirmó Rodrigo Ávila, diputado por el partido ARENA y miembro de las comisiones de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, así como de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
Sobre el tema, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, José Antonio Almendáriz, dijo no tener opinión, porque no estaba al tanto de los pormenores de la iniciativa penitenciaria. “Desconozco si son para vigilantes penitenciarios, no me gusta opinar sobre lo que no conozco”.
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Casi en esa misma dirección se expresó la diputada efemelenista, Yanci Guadalupe Urbina, presidenta a de la Comisión de Hacienda, quien manifestó que ese tema era más competencia del ministro de Justicia y Seguridad que de ella como diputada, a pesar de representar la comisión donde se evalúan todas peticiones del presupuesto y son los encargados de dictaminarlo para que la presidencia de la Asamblea Legislativa lo someta a votación. Y es que el rubro de las nuevas plazas se conoció en la presentación del proyecto del presupuesto General de la Nación para 2019, recién dado a conocer a los diputados, razón por la cual alegan desconocimiento de determinados renglones del mismo.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, afirmó que las nuevas plazas “son prácticamente para cubrir seguridad, tratamiento, administración y personal de apoyo para los nuevos proyectos”.
Ramírez Landaverde detalló que los nuevos proyectos que entrarán en ejecución serán los centros de menores de Izalco, Sonsonate y Santa Ana; así como el que se construye en el penal La Esperanza o Mariona, con lo que buscan reducir el hacinamiento en más de 19 mil espacios (uno por reo), desde que se inició la reforma penitenciaria. El proyecto adjunto a Mariona lleva varios meses de retraso.
“Ambos centros penitenciarios serán los más grandes y más modernos del país”, afirmó Ramírez Landaverde. Entonces, explicó, “el sistema necesita crecer en la misma dimensión, tal y como los nuevos centros y los nuevos espacios que se crearán lo van a demandar”.
El nuevo personal que se ha contratado en los últimos doce meses es para suplir vacantes de seguridad, técnicas (como psicológico, legal y educadores) así como administrativo y médico.
“Estamos conscientes de que se van a necesitar más plazas pero mil y pico puestos de trabajo, ahí es donde entra la duda, me parece un poco elevado”, reiteró Ávila.
Sin embargo, el director Marco Tulio Lima explica que la mayoría de las plazas es necesaria, al punto que ya lo ejecutan con ajustes al presupuesto ordinario de 2018.
El director afirmó que la ampliación al sistema penitenciario son las que se realizan en el sector de: fase III del penal de Izalco, Sonsonate, en las que se prevén 2,000 nuevos cupos, 2,400 en Mariona, en este último con una inversión de 14 millones de dólares; asimismo están en proceso las ampliaciones en los penales de Ciudad Barrios en San Miguel y Quezaltepeque en La Libertad, a parte de mejoras que se realizan en la ventilación e iluminación de otros centros.
“Se trabaja en la solución de problemas de abastecimiento de agua dentro del sistema penitenciario”, afirmó el funcionario.
Lima afirmó que una vez que se reabra el Centro Menor de Santa Ana, programado para los próximos días, se descongestionarán las bartolinas policiales. “Implica que entre noviembre y diciembre se van a remover de las bartolinas cerca de 3,000 internos”, con lo que se eliminará la saturación que ha existido en los últimos diez años, de más de 5,000 reos.
El ministro Ramírez Landaverde adelantó que en 2019 finalizarán la segunda fase del centro La Esperanza e iniciarán otro, cuya construcción durará todo el 2019, “que es la segunda fase del centro penitenciario de Izalco o fase dos”.
Presupuesto 2019
El tema de las 1,046 plazas trascendió tras plantearse éste en el presupuesto de 2019, entregado a los diputados para su estudio.
El ministro Ramírez Landaverde no precisó el monto que se necesitará para cubrir los salarios de estas plazas, pero dice que todo depende ahora de Hacienda.
El Ministerio de Cultura también registra 126 nuevas plazas y el Seguro Social 583 nuevos puestos laborales.