Fiscalía propone subir a ocho años pena mínima por lavado de dinero

Douglas Meléndez presentó a diputados proyecto que contempla integrar comité que ayude a prevenir y combatir el delito. Este organismo lo conformarían instituciones públicas y privadas. La normativa sería supervisada por el GAFI.

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El fiscal general, Douglas Meléndez, presentó el miércoles a los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley. Foto EDH/ Jorge Reyes

Por Diana Escalante

2018-10-31 9:40:38

La Fiscalía General de la República presentó el miércoles a los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoatividad de la Asamblea Legislativa una propuesta de nueva ley especial para la Prevención y Control del Lavado de Activos.

Con la normativa se busca que el Ministerio Público ya no tenga que destinar recursos para investigar posteriormente los casos de lavado de dinero, sino que se apuesta a la prevención con el involucramiento de instituciones públicas y privadas, así como de personas particulares.

También se pretende incrementar de cinco a ocho años la pena mímina de cárcel para quienes cometan ese delito.

“Es un proyecto que contiene elementos innovadores en la persecución (del delito de lavado de dinero), pero en el fondo (se centra) en la prevención y el control. No obstante, viene un apartado para la parte sancionatoria”, explicó a los diputados el Fiscal General, Douglas Meléndez.

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Según el funcionario, la ley cumple requisitos que exigen organismos internacionales dedicados a la prevención del delito de lavado de dinero. El proyecto contempla la creación del Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo o (CIPLAFT) que tendrá como funciones detectar y combatir el delito. Además, delegará a cada institución las actividades y responsabilidades que tendrá que cumplir.

Este organismo consultivo -que estará conformado por 12 instituciones públicas y tres subcomités técnicos en los que habrá representantes del sector privado- tendrá facultades para diseñar y proponerle al Órgano Ejecutivo políticas nacionales para combatir el lavado de dinero.

Entre las instituciones que conformarán el CIPLAFT está la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) y la empresa privada.

La normativa permitirá realizar un estudio para identificar las 16 actividades económicas a través de las que se corre más riesgo de que se cometa el delito de lavado de dinero.

Además, el Sistema Financiero tendrá más capacidad para poder informar a las autoridades sobre la realización de operaciones irregulares. También impondrá obligaciones a particulares y servidores públicos para reportar operaciones sospechosas.

Con esta ley también se le asignará a algunas instituciones funciones de supervisión y vigilancia de sujetos obligados no financieros, quienes serán supervisador por primera vez, entre ellos: abogados, notarios, contadores, propietarios de casinos, así como comerciantes de metales y piedras preciosas.

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“Podemos contar con muchos sujetos obligados pero si no tenemos quién los supervise queda vacío. En ese sentido, se está incoporando la figura de supervisor. En el caso de los notarios serán supervisados por la Corte Suprema de Justicia; en el caso de los partidos políticos serán supervisados por el Tribunal Supremo Electoral”, sostuvo Meléndez.

Supervisión del GAFI y aumento de penas para lavadores de dinero

El Fiscal General señaló que la ley que el Ministerio Público propone crear será supervisada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que fija los estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos.

La normativa, dijo el funcionario, recogerá e incorpora 40 recomendaciones que ha hecho el GAFI.

Con este proyecto de ley se pretende incrementar de cinco a ocho años la pena mínima de cárcel para los responsables de lavar dinero; además busca sancionar la proposición y conspiración para cometer ese delito.

También se creará un régimen sancionatorio para personas naturales y jurídicas, al igual que para funcionarios. Además, se ha previsto devolver a las instituciones del Estado el dinero incautado a lavadores de dinero.

Algunos casos recientes de lavado de dinero que la Fiscalía logró judicializar son contra los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes (prófugo). También hay proceso abierto contra el exfiscal general, Luis Martínez.