El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador programó para el sábado 20 de octubre, a las 8:30 de la mañana, la audiencia inicial contra 30 personas vinculadas al caso que la Fiscalía General de la República (FGR) ha llamado “Corruptela”, una red que operó durante la administración del exfiscal Luis Martínez.
Entre los acusados figuran exempleados de Fiscalía, supuestos consultores, el expresidente de la República, Mauricio Funes, el prófugo Enrique Rais y el exfiscal Martínez.
La mañana de este jueves, fiscales de la unidad de lavado de dinero presentaron la acusación formal contra los imputados. El requerimiento contiene 22 cajas con pruebas y declaraciones de testigos criteriados.
Juzgado Cuarto de Paz reprogramó la audiencia contra el exfiscal Luis Martínez y otros 29 acusados en el caso “Corruptela” para el sábado a las 8:30 a.m.
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 18 de octubre de 2018
El exfiscal Martínez, su esposa y dos directores de la Fiscalía fueron acusados de haber lavado $1.5 millones. Un fiscal del caso manifestó que Martínez realizaba transferencias por $25,000 al mes y que entró a su cargo en la Fiscalía General con una deuda de $240 mil dólares.
De acuerdo con el Ministerio Público, Funes pagó y entregó dádivas al exfiscal a cambio de impunidad.
Martínez habría recibido $1.5 millones en concepto de dádivas para dar protección a Funes. "Se vendió justicia desde la Fiscalía" dijo el fiscal Douglas Meléndez.
La Fiscalía acusa a Martínez de haber gestado, durante su administración como Fiscal General entre 2012 a 2015, una red de corrupción desde la institución que le permitió obtener dinero ilícito desde cuatro fuentes.
Los viajes de Martínez, viáticos, reparaciones de vehículos personales, pago de tarjetas de crédito y servicio de telefonía celular fueron cancelados con fondos de Fiscalía, según las investigaciones.
En el plano mediático, Funes y Martínez mantuvieron un rifirrafe en temas como El Chaparral, la tregua entre maras y la divulgación de un informe confidencial de operaciones sospechosas (ROS), pero en privado, a decir de la Fiscalía, negociaban sumas de dinero para frenar o evitar cualquier indagación al respecto.