Con 56 votos de mayoría calificada, los diputados superaron el veto presidencial a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Es la primera vez en los últimos 10 años del gobierno del FMLN que el Órgano Legislativo supera un veto del Ejecutivo.
La negativa del presidente Salvador Sánchez Cerén de avalar un decreto que le da más autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) le costó a El Salvador ser suspendido del grupo Egmont, un organismo internacional clave en el combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De GANA, que no había acompañado con sus votos anteriormente para rechazar el veto presidencial, esta vez lo hicieron seis diputados de los 10 que tiene el partido: El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, los diputados Numan Salgado, Francisco Zablah, Osiris Luna, Juan Carlos Mendoza y el diputado suplente Wilfredo Guevara, votaron a favor de superar el veto.
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El Salvador ya estaba advertido de ser suspendido o expulsado de no cumplir con una serie de requisitos
Pleno Legislativo logra superar veto presidencial a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con 56 votos. vía @AsambleaSV
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 17 de octubre de 2018
Vásquez argumentó que después de oír a sus abogados comprendieron que las reformas avaladas por la Asamblea en julio pasado no van en contra de la Constitución, como lo argumentó el Ejecutivo. Agregó que en la fracción de GANA todos son libres de votar, por eso no votaron todos, justificó.
Por su parte, el diputado Jorge Schafik Handal, del FMLN, señaló que aún con el veto, las reformas no pasarán de allí, ya que no hay magistrados de la Sala de lo Constitucional. Según dijo, lo que harán es una contrapropuesta de modificaciones que no violente la Constitución.
Para el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, de ARENA, superar el veto es un “mensaje” al grupo Egmont de que la mayoría de los partidos están en la sintonía de combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Repercusiones de la sanción de grupo Egmont
La suspensión del país de grupo Egmont significa un riesgo para la cooperación financiera internacional, además de no poder acceder a información financiera de otros países, según explicó hace unos días el Fiscal General, Douglas Meléndez, a los diputados en la Asamblea Legislativa.
El Salvador ya estaba advertido de ser suspendido o expulsado de no cumplir con una serie de requisitos luego de que Funes, hoy procesado por actos de corrupción, divulgó en plena campaña presidencial el referido documento confidencial que contenía información sobre el expresidente Francisco Flores.
Organismo que combate el lavado y terrorismo suspende a El Salvador
Debido a veto presidencial a decreto, el país entra a lista de paraísos fiscales y no accederá a información financiera internacional. Por lo mismo se prevé que subirán los intereses de los créditos internacionales e incluso los de las tarjetas de crédito y débito.
Los requisitos que le estableció fueron cumplidos pero luego vino la recomendación para que la Fiscalía garantizara la autonomía de la UIF.
Días atrás, dos jefes fiscales enumeraron las repercusiones financieras para el país y para su trabajo en la UIF el haber sido suspendidos como país del grupo Egmont.
Jorge Cortez, jefe de la UIF, incluso consideró que el expresidente prófugo Mauricio Funes es uno de los mayores beneficiados con la suspensión de El Salvador de este grupo anticorrupción, ya que el país no podrá acceder a información que manejan las Unidades de Inteligencia Financiera de ese ente.
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“Solo del caso del expresidente Mauricio Funes estarían afectadas 25 solicitudes de información de personas jurídicas, es decir , de sociedades, y 13 de personas naturales; estamos hablando de 38 solicitudes que habíamos solicitado el apoyo a la UIF para requerir información al extranjero”, dijo Cortez.
La Fiscalía logró el apoyo de la mayoría de las fracciones legislativas para reformar el artículo 70 de dicha normativa pero en julio pasado el presidente Salvador Sánchez Cerén la vetó por considerar que violaba la Constitución y porque restaba atribuciones al ente fiscal.