Un subinspector y siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban en prisión por los delitos de conducción peligrosa de vehículo así como tenencia y portación irresponsable de arma de fuego fueron liberados de cargos el domingo por el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana. La Fiscalía General pedirá a un tribunal superior que anule el fallo.
Los policías que recobraron su libertad son el subinspector Juan Carlos Rivera y los agentes César Stanley Osorio Espinoza, Rubén Antonio Borja, Fredys Chavarría, Francisco Gómez, Amílcar Antonio Alfaro, Manuel de Jesús Vásquez y William Damián Álvarez.
Todos están destacados en Apopa y fueron arrestados, el lunes pasado, cuando presuntamente estaban bajo los efectos de bebidas embriagantes y protagonizaban un escándalo en el cantón Planes de la Laguna, en los contornos del lago de Coatepeque, Santa Ana.
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Fuentes fiscales de Santa Ana aseguraron que los agentes fueron detenidos en horas de la tarde, pero los llevaron a Medicina Legal para el alcotest hasta las 11:00 de la noche
Los imputados, quienes a excepción del subinspector estaban en su día de descanso, se conducían en diferentes automotores y portaban las pistolas que les ha asignado la PNC, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público.
Además, dos de ellos y una policía (quien no ha sido arrestada) hicieron disparos al aire y amenazaron a un adolescente, informaron las autoridades. Por estos delitos, los tres deberán comparecer el miércoles en la misma sede judicial.
La jueza basó la resolución que favoreció a los policías en que no hay pruebas que determinen el grado de embriaguez en el que estaban los acusados al momento de los hechos, señaló la Fiscalía.
Hermetismo e investigación contra policías captores
La audiencia inicial contra el oficial y los siete agentes se llevó a cabo en medio de hermetismo. Los periodistas no pudieron estar en la diligencia, como ocurre en otros casos en los que se procesa a civiles por diferentes delitos.
Además, los imputados fueron llevados desde el lugar donde estuvieron recluidos hacia el edificio judicial más o menos una hora antes de la hora señalada para la audiencia, para no exponerlos ante medios de comunicación como si pasa con otros imputados, como cuando la Policía los presenta.
El miércoles pasado, el Ministerio Público informó que había iniciado una investigación contra los agentes que detuvieron a sus ocho colegas por la tardanza con la que los llevaron al Instituto de Medicina Legal para que les hicieran la prueba de alcohol en la sangre.
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Ya hay condena contra un jefe policial y otros agentes son procesados en diferentes casos.
Fuentes fiscales sostuvieron que los imputados fueron arrestados a las 4:00 p.m., cuando estaban en evidente estado de ebriedad, pero los trasladaron a Medicina Legal hasta las 11:00 p.m. A juicio de los fiscales, ese tiempo fue suficiente para que les bajaran los niveles de alcohol en la sangre.
Los encargados del procedimiento argumentaron que los aparatos para la prueba de alcotest de la Policía están dañados y no se les pudo hacer el examen en la delegación.
El director de la corporación, Howard Cotto, sostuvo que los delitos cometidos por los policías son graves y, a su juicio, el Tribunal Disciplinario de la Policía debería de destituirlos. El funcionario reveló que la Inspectoría General ya inició un proceso contra los ocho, quienes han sido suspendidos mientras se desarrolla el proceso disciplinario.