Denys Suárez es el principal sospechoso de asesinar a su compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, doctora que residía en Santa Ana. El acusado limpió las evidencias dentro de la vivienda. Foto EDH/ Archivo
A la diligencia compareció la madre de la doctora Bonilla, quien dijo que “como hija de Dios lo he perdonado y espero que él se haya arrepentido de quitarle la vida a mi adorada hija”.
Poco antes de iniciar la audiencia, Sagastume puntualizó a los periodistas que llegaban a la diligencia con toda las pruebas necesarias, las cuales les fueron admitidas por el tribunal. En ese sentido, aseveró que como Fiscalía están preparados para sostener la responsabilidad penal contra Suárez Mejía en un juicio.
La doctora Bonilla murió el 23 de enero en un centro hospitalario del Seguro Social de Santa Ana, un día después de haber sido supuestamente vapuleada por su pareja. Informes de las autoridades revelaron que Suárez Mejía tenía lesiones en su cuerpo supuestamente causadas por su víctima al intentar defenderse, lo que de alguna manera ayudó a las autoridades a armar el rompecabezas que había detrás del crimen de la profesional.
Al principio, el imputado dijo a las autoridades que la doctora Bonilla se había caído y que los golpes que tenía en su cuerpo le habían causado la muerte. Pero Suárez Mejía tenía golpes y rasguños en los hombros, brazos y otras partes del cuerpo, que cambiaron el panorama de doliente a agresor.
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Así era la violenta relación entre la doctora asesinada en Santa Ana y su pareja
El 23 de enero pasado, la doctora fue trasladada por el procesado a un centro asistencial alegando que se había caído en su casa de habitación, ubicada en una residencial de Santa Ana.
Sagastume manifestó que a la hora de procesar la escena del crimen, en la casa donde vivía la pareja se encontraron rastros de sangre de la víctima, las cuales intentaron ser limpiadas por Suárez Mejía y por ello será acusado de fraude procesal.
El delito de feminicidio agravado es sancionado con pena de 30 a 50 años de prisión y el de fraude procesal, de dos a diez años, explicó Sagastume.
En una nota, el Ministerio de Salud Pública, para el cual trabajaba la víctima, exhortó a las autoridades a imponer el peso de la justicia contra el imputado de la muerte de la doctora Bonilla.