Después de 265 días de sufrimiento, incertidumbre, angustia y desesperanza por su desaparecimiento, la familia de la agente de la Policía Carla Mayarí Ayala, por fin podrá darle cristiana sepultura a sus restos mortales.
Ayer el Instituto de Medicina Legal entregó los restos de la agente Ayala, bajo autorización de la Fiscalía General, a sus familiares, tras finalizar el estudio antropológico de las osamentas, el cual tenía como fin establecer la causa y el tiempo de su muerte.
Sin embargo el representante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Arnaus Baulenas, sostuvo que no pueden revelar los resultados del examen antropológico porque el proceso judicial tiene reserva total.
Las osamentas fueron halladas enterradas el 7 de septiembre pasado en un terreno del caserío Los Ríos del cantón Los Hornos, en San Francisco Javier, Usulután.
En ese momento las autoridades policiales encontraron indicios como pertenencias personales de Ayala, los cuales les hacían pensar que esos restos correspondían a la agente desaparecida.
Familiares de la agente asesinada Carla Ayala finalmente podrán velar sus restos
Después de las pruebas de ADN determinaron que los restos pertenecen a la agente.
No fue hasta cuatro días después que el Fiscal General, Douglas Meléndez, y autoridades el Instituto de Medicina Legal (IML) revelaron que la prueba de ADN confirmó que se trataba de la agente desaparecida y asesinada la madrugada del 29 de diciembre pasado, luego de asistir a una fiesta en el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).
La prueba de ADN se realizó de manera expedita, según el Meléndez, debido a que Medicina Legal ya contaba con alrededor de 26 evidencias como cabello y tela ensangrentada, así como muestras de sangre de tres familiares de la agente Ayala. Éstas últimas fueron tomadas entre finales de abril y principios de mayo.
Sin embargo la jefa de la Unidad Antihomicidios y Antipandillas, Guadalupe de Echeverría, aseguró que los restos aún no serían entregados a la familia porque serían sometidos al estudio antropológico forense para establecer la causa de la muerte y el tiempo de haber sido asesinada.
Los restos de la agente fueron velados en una funeraria de San Salvador y para este día se tiene programado el entierro en un cementerio privado.
La familia de la agente asesinada no dio declaraciones a la prensa a la salida de Medicina Legal.
El representante del Idhuca, Baulenas, pidió a los medios de prensa que no fotografiaran a la familia por cuestiones de respeto y de seguridad.
Las osamentas estaban en un terreno que pertenece a un familiar de Juan Josué Castillo Arévalo, de indicativo “Samurái” en la Policía y quien es el principal sospechoso de haber asesinado a Carla Ayala.
Se confirma que cuerpo de Ayala fue movido de una tumba a otra
La Fiscalía confirmó que las pruebas realizadas en la primera fosa corresponde a la agente desaparecida el 29 de diciembre de 2017. Ministro de Justicia dice que gestionan con países vecinos para que ayuden a localizar a prófugo.
Para confirmar que la osamenta hallada el 7 de septiembre pasado pertenecía a la agente Ayala, la Unidad de Genética del Instituto de Medicina Legal comparó el ADN de los restos recuperados con 26 muestras de sangre tomadas a tres familiares de la agente.
Luego que los resultados del ADN confirmaran que se trataba de la agente Ayala, los forenses realizaron el examen antropológico con el fin de establecer las causas y el tiempo de muerte que tenía la víctima.
Las autoridades también confirmaron esta semana, a través de las pruebas de ADN, que la agente fue enterrada en dos lugares.
Las investigaciones mostraron que los familiares del exagente movieron los restos de la primera fosa, donde la enterraron en un principio, a la fosa donde la Fiscalía y Policía encontraron sus restos. Dicha acción fue al darse cuenta de que las autoridades estaban cerca de dar con la primera tumba.
El crimen de Ayala está considerado como “una expresión máxima de feminicidio”, según Graciela Sagastume, coordinadora nacional de feminicidios de la Fiscalía.
Tras el asesinato de Ayala, el GRP fue desintegrado. Las autoridades policiales conformaron un nuevo grupo elite, Jaguares.
“Samurái” sigue prófugo
Entierran a policía asesinado en Ciudad Arce
El crimen ocurrió el pasado martes cuando el agente Jorge Antonio Alfaro realizaba diligencias personales.
Hasta el momento las autoridades no cuentan con pistas del paradero de Juan Josué Castillo, el principal sospechoso del crimen de la agente.
Las investigaciones han determinado que Castillo, quien tenía el indicativo “Samurái”, podría estar en México y tener vínculos con grupos de narcotraficantes.
El Fiscal General Meléndez dijo en su momento que investigan si Castillo Arévalo está ligado a una organización criminal que ha cometido una serie de delitos en San Francisco Javier, Usulután.
La investigación fiscal indica que tras finalizar la fiesta navideña del grupo elite, el 28 de diciembre pasado, el exjefe del GRP, Julio César Flores, ordenó a los expolicías Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras a ir a dejar a Ayala a su casa, en Apopa.
Sin embargo, a ellos se les unió “Samurái”, quien a la altura del semáforo de la residencial La Gloria, en Mejicanos, lesionó de bala a Ayala.
La Fiscalía informó que la víctima recibió el impacto de bala en la cabeza y que Pacheco y Deras no la auxiliaron.
Todavía se desconocen las razones por las que “Samurái” le habría disparado a la agente cuando iban en el carro patrulla hacia Apopa, donde estaba destacada en la
Unidad Disciplinaria de la Policía.
Dos procesos judiciales
El juez sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, realizó una audiencia especial el pasado viernes para cambiar el delito de privación de libertad -con el que inicialmente fueron acusados “Samurái”, dos familiares suyos, Pacheco y Deras- a feminicidio y complicidad para ese delito, respectivamente. Además remitió el caso al Juzgado Especializado para la Mujer.
Castillo Arévalo es acusado de feminicidio y los otros dos de complicidad.
Encuentran cadáver en las riberas del río Acelhuate
La Policía presume que la mujer fue asesinada en otro lugar y lanzada al río y la correntada la trajo hasta el sector.
A ese juzgado también fue remitida la segunda fase de investigación fiscal, en la cual capturaron al exjefe del GRP por incumplimiento de deberes.
Este expediente lo conoció el Juzgado Octavo de Paz de la capital, que decidió cambiar el delito de feminicidio agravado a homicidio, en junio pasado.
En la etapa de instrucción, el Juzgado Octavo de Instrucción analizó el proceso, cambió el delito a feminicidio, tal como lo había solicitado la Fiscalía.
Se espera que las altas autoridades de la Policía acompañen a la familia doliente en el funeral.
