Los magistrados de la Cámara Ambiental de San Salvador, Cesia Romero y Samuel Lizama, encabezaron ayer una inspección en el volcán de San Salvador para corroborar información sobre daños a la flora, fauna, ecosistema y afectaciones indirectas a los habitantes de comunidades aledañas, debido a la ejecución de proyectos urbanísticos.
Los magistrados hicieron la diligencia con especialistas de la Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se encargaron de recabar información que les servirá para elaborar un informe técnico sobre los problemas ambientales que se están dando en esa zona, la cual ha tenido un acelerado crecimiento comercial y residencial en años recientes.
La decisión judicial fue tomada a raíz de una demanda que, el mes pasado, presentó Víctor Amaya Chinchilla, apoderado general de la Asociación Ecológica para Acción y Protección del Medio Ambiente “Tierra Verde” (Aeproterra) contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y subsidiariamente contra el Estado salvadoreño, por no impedir las construcciones en el volcán.
“La finalidad es corroborar los hechos que se han planteado por la Asociación y, una vez se nos dé el informe técnico, estaríamos emitiendo una resolución relacionada con la petición que se ha hecho”, explicó Lizama.
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Preliminarmente, entre los problemas que detectó la comitiva (integrada por un ingeniero agrónomo, un ingeniero químico, una ingeniera civil y una arquitecta) es “un crecimiento indiscriminado en la zona” por falta de ordenamiento territorial, señaló la jefa de la Unidad de Medio Ambiente de la CSJ, Maira Cabezas. Mientras que el magistrado señaló que algunos tramos de los drenajes o canaletas de aguas lluvias están obstruidos.
Petición de medidas cautelares para ministerio y empresa
La Aeproterra pidió a la Cámara Ambiental que ordene medidas cautelares sobre las actuaciones u omisiones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Además, solicitó que detenga la entrega de permisos que no cuenten con un estudio de impacto ambiental en la zona del volcán arriba de los 100 metros sobre el nivel del mar.
También quiere que el MARN haga un inventario físico de los restaurantes, hoteles, complejos turísticos, lotificaciones y urbanizaciones que hay en el volcán, así como toda la información relevante sobre ellos.
Otra solicitud que realizó la asociación ecológica es que le ordene a la sociedad Avance Ingenieros S.A. de C.V. que suspenda la construcción del proyecto residencial “Puerta Real”, por los posibles daños ambientales causados en la localidad; y que el Ministerio de Medio Ambiente entregue al tribunal una copia del permiso ambiental que se le otorgó a esta empresa y del expediente íntegro.
La gerente comercial de la empresa, Patricia de Paredes, aseguró que para ejecutar el proyecto se han obtenido todos los permisos correspondientes de instituciones como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
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“Esta área que compramos estaba deforestada, era el casco de una finca. Tenemos todos los permisos de las instituciones y ellas se encargan por velar que todas esas medidas que han solicitado se cumplan; auditan esos permisos y al final hay una recepción final del proyecto donde se deben haber cumplidos los requerimientos”, sostuvo De Paredes, vía telefónica.
Aeproterra fundamenta su demanda en el artículo 101 de la Ley de Medio Ambiente, que establece que “la acción civil podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas que hayan sufrido perjuicios derivados de daños ambientales”. Esta entidad se define como una asociación ambiental que tiene la finalidad de ejercer acciones judiciales en defensa del medio ambiente en El Salvador.
Antecedente
En febrero de 2015, el Ministerio de Medio Ambiente anunció la suspensión en el volcán de San Salvador la construcción de un complejo turístico por falta de permisos ambientales. También fueron frenadas otras obras que se hacían en terrenos aledañas al proyecto.
En junio del mismo año, la institución emitió dos decretos ejecutivos con los que suspendieron los procedimientos administrativos relacionados a la obtención de permisos ambientales para la ejecución de proyectos urbanísticos y de construcción en el volcán y en la Cordillera del Bálsamo.
El magistrado Lizama señaló que elementos de este antecedente podrían servirles para abordar el caso actual.
El funcionario agregó que, como tribunales ambientales, pueden ordenar procesos de restauración del medio ambiente y cuando no son posibles se decreta el pago de una indemnización.