El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llevaron este mediodía la reorientación de $22.8 millones de fondos provenientes del impuesto que pagan los salvadoreños para la seguridad.
Según el detalle descrito por Ortiz, de ese monto, han destinado $5 millones que serán administrados por la Presidencia de la República.
Según el viceministro de Seguridad y Prevención Social, Luis Roberto Flores Hidalgo, y el vicepresidente Ortiz, parte del dinero es para cancelar becas de los jóvenes que son beneficiados con los programas que desarrolla el INJUVE (Instituto Nacional de la Juventud).
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El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, denunció que entre febrero y abril de 2018, hubo 186 contratos nuevos y que algunos podrían ser puestos “fantasma”.
“Estamos dejando $5 millones para el INJUVE para cumplir con los grandes compromisos que ya tenemos en marcha, el tema que tiene que ver con las becas, con las pasantías, con los programas que están integrando INJUVE a lo largo y ancho del país, de acuerdo a lo proyectado en el plan El Salvador seguro”, argumentó Ortiz.
Incluso, dijo que de lo que se recaude del impuesto de la seguridad del último trimestre del año, a INJUVE se le inyectará $3 millones más.
El monto destinado para el Instituto Nacional de la Juventud sobrepasa en $4 millones lo que el gobierno destinará de la recaudación del tercer trimestre del impuesto de la seguridad para la Fiscalía, ya que el Ministerio Público solo recibirá $1 millón.
Otras instituciones que también recibirán mucho menos son: la Procuraduría General de la República $150,000; y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos otros $150,000.
Usó mecanismos como las transferencias de ministerios, modificaciones a la programación presupuestaria y decretos legislativos para hacer llegar millones a Capres, según la Fiscalía
El resto de la distribución de los fondos de acuerdo a la información brindada por las autoridades de Seguridad queda así:
Para la Policía Nacional Civil: $7.3 millones. Ortiz informó que en ese monto se incorpora el bono de $150 que serán entregados cada tres meses a más de 9 mil agentes de la Policía que trabajan en labores de seguridad desde las áreas administrativas, además de los 40 mil agentes de campo que ya reciben un bono de $300 trimestrales.
En total, de los $122 millones que se recolectan anualmente, el gobierno estaría destinando $54 millones solo para cancelar bonos de los policías, añadió Ortiz.
– Para Prevención Social se destinan $4.2 millones
– Para Centros Penales $2.8 millones
– Para Atención a Víctimas de la Violencia $400,000
– Para la Academia Nacional de Seguridad Pública $68,250
– Para Migración y Extranjería $911,400
– Ministerio de la Defensa $587,850