A mediados del año pasado, los cabecillas de la mara Salvatrucha (MS) acordaron que cada grupo de pandilleros que integran esa organización criminal tenía que asesinar a dos personas al mes, entre policías, soldados, custodios penitenciarios y quienes les afectaran sus intereses.
Las intenciones de la referida pandilla con esa medida era “presionar al gobierno para que quitara las medidas extraordinarias del sistema penitenciario”.
Éstas órdenes fueron emitidas por los cabecillas de la MS a nivel nacional entre julio y septiembre del 2017, según se conoció en la audiencia inicial contra 158 pandilleros de la MS, acusados de más de mil delitos, según revelaron fiscales del caso. Al final de la audiencia, el Juzgado Antimafia de Instrucción A los envió a prisión por los próximos seis meses, mientras se prepara la segunda audiencia.
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La mayoría de éstos pandilleros operaban en Ilopango, Soyapango, San Martín, San Miguel, Santa Ana y Chalatenango. “Se resuelven una gran cantidad de casos, entre ellas homicidios, no son los mismos homicidios, sino que dentro de esa gran cantidad que se logran resolver están delitos de homicidio, privaciones de libertad, feminicidio, tráfico de droga, tráfico de armas, y tráfico de personas. Entre todos los imputados quizá puede ser una cantidad de aproximadamente mil delitos, pero eso contabilizando cada imputación”, dijo la fiscal del caso.
Los pandilleros fueron acusados de más de 10 homicidios y cuatro feminicidios. Éstos últimos cometidos en el Proyecto Santa Teresa de San Martín.
Como parte de las evidencias, la Fiscalía ofreció conversaciones telefónicas intervenidas a los celulares de los cabecillas en las que se escucha cuando ordenaban homicidios y otros tipos de delitos.
La Policía dijo que con las capturas de estos mareros se resolvían 1,979 homicidios ocurridos entre julio y diciembre del año pasado.