La Fiscalía urge a juez que solicite extraditar a Funes

La Fiscalía General de la República ratificó y urgió al juez Quinto de Instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, que solicite la extradición del expresidente Mauricio Funes, tres de sus hijos y su pareja sentimental, Ada Mitchell Guzmán, quienes están asilados en Nicaragua desde septiembre de 2016.

“La efectividad de la notificación roja, dependerá de la formalización de la solicitud de extradición aquí planteada, de lo contrario a los procesados solo podría retenérseles por 24 horas. De allí la urgencia de dar trámite al proceso de extradición”, dice el documento que la Fiscalía presentó en el tribunal el jueves pasado en horas de la tarde.

Funes es acusado del delito de lavado y peculado de $351 millones del Estado, entre 2009 y 2014, junto a otras 31 personas, incluida la exprimera dama, Vanda Pignato.

La defensa de Pignato y de otros dos acusados ha pedido que Blanco se separe de conocer el proceso denominado “Saqueo Público”, ya que cuando fue magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia votó para que Funes fuera enviado a juicio por enriquecimiento ilícito. La recusación es estudiada por la Cámara Segunda de lo Penal.

Este medio intentó conocer, a través de la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, cómo procederá Blanco, ya que según un juez consultado, él puede remitir la solicitud de extradición a la Corte o esperar que haya una resolución de la Cámara que lo separe o mantenga conociendo del caso.

Una vez la petición sea remitida a la Corte, esta tendrá que enviarla a Cancillería, y esta tendrá que remitirla a su par de Nicaragua (ver infográfico).

Hasta las 4:00 p.m. de ayer, una delegada de prensa informó que el Juzgado Quinto de Instrucción no se había pronunciado al respecto, porque todavía debe redactar una resolución para hacer constar que recibió la solicitud de extradición.

Fiscalía plantea en petición que asilo de Funes no es político

Para solicitar el asilo político, Funes alegó al régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo que su vida, la de sus hijos Diego Roberto, Carlos Mauricio, el menor M.A.F.G, y Guzman estaban en peligro por “luchar por la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”, además, por su “filiación política”.

Pero la Fiscalía expuso, en el documento presentado al juez Blanco, que los argumentos de Funes no coinciden con el lavado millonario de dinero del que le acusan.

“Definitivamente no coinciden con el objetivo de protección de derechos humanos vinculado a la figura del asilo diplomático o político. Esta clase de delitos económicos definitivamente no pueden clasificarse como ‘político’ ”, sostiene en su escrito el Ministerio Público.

Según los fiscales del caso, el delito de peculado (apropiación de fondos públicos) y lavado de dinero atribuidos a Funes, tienen la misma tipificación en Nicaragua, y por lo tanto, no hay limitantes para que no sea extraditado.

Además, señalan que la Constitución y convenios, como el Convenio de Extradición Centroamericana, firmado por los cinco países centroamericanos y ratificado por El Salvador el 4 de junio de 1925, contemplan la extradición.

Los fiscales razonaron que el artículo 1 de esa convenio establece que las personas que estén refugiadas en los países sujetos a él, pueden ser extraditadas si son procesadas por un delito mayor o menor a dos años.

 

 

Mientras que el artículo 2 del mismo convenio establece aquellas situaciones para las cuales no aplica la extradición, una es por razones políticas. Según la Fiscalía, esto no coincide con los señalamientos contra Funes.

De acuerdo con los fiscales del caso, El Salvador también ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción, que regula la cooperación internacional para la extradición, e insistieron, que el caso “Destape a la Corrupción” no está vinculado a un delito político.

“Ni los graves delitos investigados en la República de El Salvador podrían considerarse como conductas relacionadas con la lucha en ‘pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política’ tal como fue considerado por el gobierno nicaragüense en su decisión ministerial de asilo”, plantea la Fiscalía.

Funes reaccionó desde Nicaragua

Desde Nicaragua, Funes reaccionó sobre la petición de su extradición.

“Ante la vergüenza de haber mentido en público al asegurar que mi gobierno desvió recursos de Taiwán para la campaña del 2014, al Fiscal no le queda más opción que hacer publicidad de un trámite que el juez no puede llevar a cabo porque ha sido recusado por tres de los imputados”, señaló el también acusado y prófugo.

El pasado jueves, el Fiscal General, Douglas Meléndez, reveló en una entrevista televisiva que también investigan a Funes y al excanciller y hoy candidato a la presidencia del FMLN, Hugo Martínez, por el supuesto desvío de $10.8 millones como parte de $38 millones donados por Taiwán. El dinero, dijo el funcionario, aparentemente fue a parar a la campaña presidencial de Salvador Sánchez Cerén.

Martínez negó los señalamientos a través de un comunicado. Señaló que era una persona comprometida con “la transparencia y lucha contra la corrupción”, y que por eso había asistido como testigo a la Fiscalía por la investigación que esta realiza sobre ese asunto. (Ver más detalles en página siguiente).

Dos exempleados de la Presidencia: Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Arteaga, condenados junto a Saca y cuatro más por robar $301 millones del Estado, son acusados de participar de forma similar en el presunto esquema de Funes.