El fiscal general, Douglas Meléndez, indicó el jueves que han identificado otras propiedades vinculadas al expresidente Elías Antonio Saca y que están a nombre de testaferros. Sin embargo, no indicó si estas ya habían sido incautadas por las autoridades para declararlas a favor del Estado.
Señaló que la última propiedad relacionada con Saca fue hallada en la carretera al Puerto de La Libertad, cuyo valor ronda entre cuatro y cinco millones de dólares.
Meléndez dio las declaraciones este jueves, después de una entrevista en el Canal 21, en la que también se refirió a un supuesto desvío de 10.5 millones de dólares de Taiwán para la campaña del presidente Salvador Sánchez Cerén (ver nota aparte).
Saca se convirtió el pasado miércoles en el primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción. En su gobierno encabezó una red de lavado de dinero que desvió $301 millones públicos. Su pena es de 10 años, ya que aceptó confesar los delitos de lavado de dinero y peculado, a cambio de una reducción de la condena.
Ana Ligia de Saca enfrentará audiencia preliminar en noviembre
La exprimera dama es acusada de lavar dinero en la administración Saca.
De su caso, denominado “Destape a la Corrupción”, se han desprendido otros dos procesos por supuesto lavado de dinero, uno que se ventila en el Juzgado Séptimo de Instrucción, donde es procesada la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, y otro en el Juzgado Noveno de Instrucción, que involucra al expresentador de televisión, Jorge Hernández.
Hernández, de acuerdo con Meléndez, es uno de los testaferros de Saca. La investigación apunta a que la mayoría de las 35 propiedades que le incautaron están vinculadas al expresidente condenado. Pero el funcionario indicó que hay otras personas y sociedades que también sirvieron de testaferros.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, que condenó a Saca, tres de sus exfuncionarios y otros tres exempleados de la Presidencia, también les ordenó restituir al Estado el dinero extraído.
El expresidente tendrá que devolver $260 millones y los demás condenados, entre los cuales está César Funes, exsecretario de la Juventud, y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, el resto del dinero desviado.
La restitución monetaria también fue ordenada a Pablo Gómez, excontador de la Presidencia; Jorge Herrera, extesorero presidencial; y Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera. Ellos también fueron condenados penalmente.
Expresidente Saca deberá devolver al Estado $260 millones
Además el Tribunal sentenció otras cifras que deberán reintegrar al país cada uno de los condenados
Meléndez dijo que los bienes incautados a Saca (terrenos, haciendas y casas) suman entre $30 y $40 millones. La defensa del exmandatario adelantó que apelará la condena civil impuesta por el tribunal.
“Esta sentencia civil nos da la pauta siguiente: vamos a perseguir bienes y ejecutar bienes del expresidente Saca. A futuro el expresidente Saca, parientes o personas vinculada a él, no van a poder tener bienes; o si los tienen, el Estado, la Fiscalía, va a ir sobre esos bienes”.
Hay investigación contra la Corte de Cuentas
La Corte de Cuentas de la República fue una de las instituciones que pasó por alto el desvío de fondos públicos en la administración de Saca, y tampoco dio alertas de anomalías en el gobierno de Funes, investigado por el supuesto desvío de $351 millones.
Meléndez señaló ayer que existe una investigación contra la institución, específicamente en el periodo de Saca y Funes. Para entonces, quienes presidieron el ente contralor fueron Hernán Contreras y Rosalío Tóchez Zavaleta.
En 2016, Funes publicó en su cuenta de Twitter un finiquito que al parecer le había entregado Tóchez, pese a que en la Corte no hay registro de la solicitud y extensión del documento, con fecha 23 de junio de 2014. La Fiscalía anunció en su momento que había abierto una investigación por las entregas de estos finiquitos exprés.
¿A quién se le impuso la pena mayor en el caso Saca?
La condena más alta fue de 16 años de cárcel y no para el expresidente Saca
Aunque enfrenta un proceso penal, Funes ya fue condenado por enriquecerse ilícitamente, junto a su hijo Diego.
La Cámara Segunda de lo Civil les ordenó restituir $419,145.09, pero el caso está en apelación en la Sala de lo Civil de la Corte de Cuentas de la República.
Mientras que Saca, en su declaración ante el tribunal, detalló que en su gestión las auditorías de la Corte de Cuentas fueron superficiales. El exauditor del ente contralor, Alfonso Bonilla Hernández, manifestó que Contreras le ordenó realizar los análisis financieros desde su oficina, cuando el procedimiento es asistir a la institución por auditar.