Un grupo de policías golpea la puerta de la casa de Gerson Daniel Vásquez Sandoval, de 24 años, un panadero que acaba de comenzar su propio negocio. Son las 8:00 a.m. del 18 de mayo de 2016 y él aún está dormido, hace solo seis horas que ha terminado de hornear el pan. En la casa también está su pareja, quien le abre la puerta a los policías, y su hijo de cuatro años.
Sin darle mayor explicación, los policías detienen a Gerson Daniel y lo trasladan en una patrulla hasta las bartolinas de la delegación de Ciudad Futura, en Cuscatancingo, al norte de San Salvador. El Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador había ordenado su captura seis meses antes, el 11 de noviembre de 2015. La Fiscalía lo acusaba de pertenecer a la pandilla 18, por el delito de organizaciones terroristas. La Policía lo había incluido en la lista de los 100 delincuentes más buscados. La prueba más fuerte de la Fiscalía para lograr una condena contra él y otras 40 personas era el testimonio de “Jonás”, un testigo criteriado.
El Código Procesal Penal establece que un acusado debe contar con un defensor y el Estado debe velar por todos sus derechos y garantías; de no ser así, es posible que el proceso sea anulado.
Gerson Daniel, según su abogado, nunca enfrentó la audiencia de imposición de medidas (la primera del proceso en los juzgados especializados), en la que el tribunal decide si el imputado continúa el proceso bajo detención o en libertad condicionada a una serie de medidas. Tampoco fue trasladado a la siguiente audiencia, la preliminar, antes del juicio o vista pública, donde el juez decide si habrá condena o no. Gerson Daniel tuvo derecho a un abogado defensor nueve meses después de su captura, mientras se realizaba el juicio, por eso le fue asignado un defensor público.
El 28 de febrero del 2017, el Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador liberó a los 41 imputados, Gerson Daniel entre ellos, tras considerar que “Jonás” había mentido en su declaración. Además, el juez del caso pidió a la Fiscalía que investigara al testigo criteriado. Ese mismo día llegó a las bartolinas de Ciudad Futura el oficio que ordenaba la libertad inmediata de Gerson Daniel, pero el joven aún tuvo que pasar casi un año más en la cárcel. La orden no fue ejecutada hasta el pasado 22 de febrero, después de la intervención de un abogado particular cercano a la familia.
Durante meses, los policías de la delegación insistieron en que el joven tenía otro proceso pendiente, pero la misma Policía Nacional Civil confirmó a El Diario de Hoy que se trataba una orden duplicada por el mismo delito, organizaciones terroristas, y en el mismo juzgado de instrucción que lo había procesado.
La Inspectoría General de Seguridad Pública ya inició una investigación contra los agentes que mantuvieron a Gerson Daniel en detención ilegal por un año, para determinar si los sanciona. Dos delegados de la institución se reunieron entre mayo y junio pasado con el abogado del joven.
El inspector del caso no quiso revelar a El Diario de Hoy el estado de la investigación.
“Tenemos la mayor carga de casos que se ventilan en El Salvador”
Los Juzgados Especializados nacieron en 2007 para aplicar la Ley de Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, que entró en vigencia ese mismo año. En la capital comenzaron a funcionar entonces cuatro juzgados: dos de Instrucción y dos de Sentencia. Pero en 2013 se creó un tercer juzgado de Sentencia, ante la creciente carga laboral de estos tribunales. Por esa misma razón, el 20 de agosto comenzó a funcionar un tercer juzgado de Instrucción.
El nuevo Especializado de Instrucción “C” se fue a paro laboral desde el primer día. Dos días antes que iniciara sus funciones, la Corte le envió una carta para informarle que debía encargarse de todos los procesos nuevos que ingresaran a la sede especializada.
Según una empleada del tribunal, quien no quiso identificarse, no cuentan con el equipo necesario para hacer su trabajo: fax, fotocopiadora y computadoras no funcionan.
En marzo de 2018, seis meses antes de que abriera ese nuevo tribunal, el Juzgado Especializado de Instrucción “B” de San Salvador también se fue a paro laboral. Ese tribunal recibió 419 procesos entre enero de 2014 y diciembre de 2017. Para hacerse una idea, el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, un juzgado común, recibió 170 expedientes durante el año pasado, pero algunos de esos casos tienen solo a un imputado.
Uno de los motivos de esta saturación se debe a que los tribunales especializados de la capital reciben los procesos de siete departamentos (área central y paracentral del país). Mientras que San Miguel y Santa Ana cuentan con sus propios juzgados de Instrucción y Sentencia para cubrir la zona oriental y occidental del país, que suman en total siete departamentos. Sin embargo, la Fiscalía a veces prefiere judicializar algunos casos en San Salvador, aunque los delitos no hayan sido cometidos en esta jurisdicción.
Juez 1 y Jueza 2 son dos jueces especializados de la capital, uno de Sentencia y otra de Instrucción, que pidieron no revelar sus nombres en este reportaje. Ambos recuerdan que la saturación de procesos en los tribunales comenzó cuando la Fiscalía malinterpretó su competencia y empezó a presentar casos en los especializados cuando muchos podían haber sido llevados a un juzgado común.
En 2011, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia sobre la competencia de los juzgados especializados. La Sala dijo que estos tribunales solo debían conocer sobre delitos específicamente relacionados con el crimen organizado.
Antes de esta sentencia, la Jueza 2 realizaba hasta 14 audiencias en un día. En esas jornadas, su tribunal veía casos de todo tipo: homicidios, extorsiones y otros delitos que podían judicializarse en juzgados comunes.
Doris Luz Rivas Galindo es la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, la máxima autoridad en justicia penal salvadoreña. Para ella es necesario generar una política “profunda” dentro de la Corte Suprema de Justicia para redistribuir la carga laboral.
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Rivas Galindo señala a la Fiscalía por la saturación en los especializados. Dice que el Ministerio Público debe analizar su política de persecución penal y pone como ejemplo los casos donde acusa a centenares de personas en un solo caso, como suele ocurrir en los juzgados especializados.
Además, la retardación de justicia no solo depende de los tribunales – señala la magistrada-, sino de “situaciones imprevistas” para los jueces como el desarrollo de las investigaciones fiscales, los casos y la cantidad de imputados.
El Diario de Hoy intentó entrevistar a un delegado de la Unidad de Administración de Justicia de la Fiscalía para hablar sobre la retardación de justicia en los juzgados especializados, pero la Unidad de Comunicaciones dijo que ninguno de los agentes fiscales de esa área estaba autorizado para hacerlo.
Sin embargo, en julio del año pasado, representantes de la Fiscalía señalaron a la Sala de lo Constitucional, en la audiencia de seguimiento sobre la sentencia que declaró ilegal el hacinamiento, que la política de persecución delictiva de la institución no establece metas sobre el número de detenciones administrativas que decretan y que estas se basan en criterios de “racionalidad y necesidad”.
El problema actual de los juzgados especializados no es la cantidad de procesos, sino el número de imputados por cada caso, en ocasiones hasta 300, asegura la Jueza 2.
Por ejemplo, cuenta que en el año 2014, ella tenía a un secretario y tres colaboradores, con los que atendía las 14 audiencias diarias. En su tribunal, hoy tiene 10 colaboradores y un secretario, pero el calendario de audiencias, en la tercera semana de junio, estaba saturado hasta octubre.
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Al 26 de junio pasado, el tribunal que preside la Jueza 2 recibió 20 procesos con un total de 515 imputados.
“Nadie ignora que los juzgados especializados tenemos la carga de mayor cantidad de casos que se ventilan en El Salvador”, dice la juzgadora, quien asegura que todos los jueces especializados de San Salvador están en contra de trabajar con los plazos que establece el Código Procesal Penal porque son los mismos que los de los juzgados comunes: instrucción tiene 48 horas para remitir un proceso a sentencia y sentencia tiene el mismo lapso para decidir si lo acepta o lo rechaza.
En junio, los jueces presentaron a la Comisión de Legislación de Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa propuestas para reformar la Ley contra el Crimen Organizado y una de sus peticiones fue que los plazos se adapten de acuerdo a la carga laboral con la que trabajan.
Sin embargo, los diputados solo acordaron cambiar el nombre de la ley y reiterar cuál era la competencia de los Juzgados Especializados. No se pronunciaron sobre los cortos plazos para resolver proceso, según el Juez 1.
Desde hace un año, la Corte envía a los juzgados especializados a un juez suplente que se encarga de conocer todos los procesos que ingresan, mientras el juez titular estudia un caso complejo. Para la Jueza 2, lo indicado sería una mejor distribución de la carga laboral.
Según los datos de la Unidad de Información y Estadísticas de la Corte, entre enero de 2014 y diciembre de 2017, los juzgados especializados recibieron 1,954 procesos: 817 en Instrucción y 1,147 en Sentencia.
El año pasado, la Corte presentó una propuesta de ley que no prosperó para que todos los juzgados comunes de Sentencia del país y los de Instrucción de las cabeceras departamentales pudieran conocer delitos de crimen organizado. A pesar de la propuesta, Rivas Galindo acepta que hay tribunales comunes también saturados.
Nueve de cada diez procesados tienen un defensor público (cuando lo tienen)
En una pizarra de la cuarta planta de la Procuraduría General de la República (PGR), una empleada administrativa escribe horas y nombres. Es una mañana de junio. La pizarra sirve de agenda donde se ordenan los viajes que parte de los defensores públicos que trabajan en la capital tendrán que realizar ese día. A la par de la pizarra, hay una pantalla con una agenda que muestra las audiencias diarias y el nombre del procurador que las asistirá. Cada defensor sabe que, además de reportar la programación de las audiencias, debe registrar por escrito las diligencias que realizará ese día.
En todo el país hay 285 defensores públicos, el 26 % (75 defensores) trabaja en la capital. Para distribuirse el trabajo forman 13 equipos de cinco o cuatro defensores del área penal. Algunos disponen de computadoras para realizar sus labores. Los que no tienen equipo elaboran los documentos a mano, y para garantizarle la defensa a los imputados en las audiencias, según una procuradora, hacen dos cosas: presentan la documentación, cuyo contenido también es expuesto verbalmente ante el juez.
Gerson Daniel es uno de los nueve de cada 10 salvadoreños que no pueden costearse un abogado particular, por eso su caso quedó en manos de un defensor público, detalla Nerio Martínez, coordinador local de la Defensoría Penal de San Salvador.
La defensoría pública deja en desventaja el derecho a la defensa de las personas. A veces un solo abogado de la PGR tiene que defender a 50 imputados en un solo proceso -cuenta Martínez- y mientras tanto tiene que llevar otros casos; también es frecuente que les toque asumir la defensa de un imputado en plena audiencia, cuando su abogado privado ya abandonó el seguimiento del caso.
Otros problemas son la acumulación de audiencias, hasta cinco diarias, y que los juzgados convocan a los defensores con pocas horas de anticipación a una audiencia, sin darles tiempo para prepararse o llegar a la hora, agrega Martínez.
En el caso de los fiscales, la carga laboral también es un problema para la administración de justicia. En 2013, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló que un fiscal tenía hasta 150 procesos a su cargo.
Dennis Muñoz es abogado particular y es conocido por llevar casos complejos, como los relacionados con detenciones ilegales. Muñoz sostiene que la Policía y la Fiscalía realizan detenciones masivas con el fin de dividir luego a los capturados en diversos grupos para llevar hasta 10 procesos diferentes.
Uno de esos casos es Operación Jaque, donde fueron procesadas 87 personas. Una de ellas fue Dennis Antonio González, un importador de carros al que la Fiscalía vinculó vinculó con la MS. Él fue absuelto de organizaciones terroristas pero, mientras era juzgado, fue acusado por estafa en dos tribunales comunes. En uno de esos casos ya concilió. Además, tiene otros dos procesos por contrabando de mercadería tentado y contrabando de mercadería.
De acuerdo con la experiencia de Muñoz, en ese tipo de detenciones masivas hay muchas personas pobres, a quienes no les queda más que recurrir a un defensor público. Por lo tanto, señala, el defensor podría proponerle a los imputados que se sometan a un procedimiento abreviado y tener una pena menor. Para ello, deben confesar que son culpables, aunque no sea así.
Muñoz dice que en las acusaciones masivas, la Fiscalía pretende confundir a los defensores para que ellos no tengan argumentos que desvinculen a sus defendidos de los hechos. “El Juzgado de Instrucción no tiene más oportunidad que hacer un ‘atarrayazo’ (enviar a todos los acusados a prisión)”, sostiene el abogado.