El director de la Policía Howard Cotto confirmó esta mañana que la familia de la agente Carla Ayala fue sometida a un peritaje socioeconómico para saber el daño económico que les ha causado su desaparición y asesinato, para buscarle alternativas de manutención.
Cotto dijo que se trata de una diligencia de carácter judicial que fue solicitada por los asesores legales que la familia de la agente Ayala tiene en el proceso judicial.
Reconoció que los resultados del peritaje pueden tener implicaciones para la Policía, sin especificar de qué tipo.
Policía que raptó a Carla Ayala: “de ella me voy a deshacer”
La noche de este jueves se reconstruyó la escena de la desaparición de la agente
“Nosotros entendemos que obedece a hacer un análisis de tipo económico, una evaluación financiera o socioeconómica que determine el nivel de necesidad de la familia, tanto previo al hecho como posterio, pero los detalles no los puedo mencionar porque no los conozco”, dijo Cotto.
Dijo desconocer en qué sentido resolverá el tribunal que ordenó el peritaje y si esa decisión judicial obligará a la Policía a asumir algún costo económico para el manutención de la familia de la agente Ayala.
Agente prófugo habló con inspector del ex-GRP antes de desaparecer a Carla Ayala
Nuevos testigos en el caso relataron a la Fiscalía que el inspector Pablo Estrada Villalobos tuvo contacto con Juan Josué Castillo Arévalo, alias Samurai, dos veces, una de ellas antes que huyera con la víctima.
Tiene que transcurrir cuatro años para que la familia de una persona desaparecida pueda reclamar derechos económicos como una pensión, un seguro de vida, aceptar una herencia, o hacer uso de bienes materiales de la persona ausente.
Luego de ese plazo, los familiares podrán promover un juicio civil en el que se declare legalmente como muerto a su pariente, lo que se conoce como muerte presunta.
A ocho meses de la desaparición de la agente Ayala, Coto aseguró que hay un equipo integrado por personal de inteligencia que está a tiempo completo para la búsqueda de la víctima y del exagente del Grupo de Reacción Policial (GRP) Juan Josué Castillo Arévalo, principal sospechoso del crimen.