Finaliza juicio en caso Saca pero resolución será en dos semanas

El Tribunal dará el fallo el próximo 12 de septiembre

Por Jaime López/David Marroquín

Ago 29, 2018- 15:08

El juicio del expresidente Elías Antonio Saca, tres de sus exfuncionarios y tres exempleados de Casa Presidencial, terminó la tarde de este miércoles. Cinco de los procesados desistieron de hacer uso de la última palabra, solo Pablo Gómez ratificó su inocencia y pidió ser exonerado.

El Tribunal dará el fallo el próximo 12 de septiembre, a las 2:00 de la tarde. 

El expresidente Saca, su exsecretario Privado Elmer Charlaix, el exsecretario de la Juventud, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; así como los exempleados de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera; se adhirieron a un proceso abreviado en el que se declararon culpables de haber desviado fondos públicos para beneficios personales. La Fiscalía General les atribuye haber desviado 300 millones 347 mil dólares.

Tras ese acuerdo cinco de los siete procesados desistieron de hacer uso de la última palabra, oportunidad que tienen los imputados de exponer sus peticiones al tribunal que los ha procesado.
Pablo Gómez, ex empleado de Casa Presidencial, fue el único que rechazó declararse culpable y expresó su última petición a los tres jueces.

“Quiero perdibles que hagan una consideración a mi persona. Me considero inocente de las acusaciones que me hace la Fiscalía, es un error en el caso de mi persona. Les pido que emitan un fallo absolutorio de los dos delitos a favor de mi persona”, dijo Gómez.
Ayer en el último día de juicio, los alegatos finales estuvieron a cargo de los abogados de Julio Rank, Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez.

Este miércoles por la mañana en el día 17 de juicio, los alegatos finales estuvieron a cargo de los abogados de Julio Rank, Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez.

El abogado, Lisandro Quintanilla, alegó que Rank ha justificado los fondos que le fueron asignados en administración del expresidente Saca por un monto de 8.3 millones de dólares y que la Fiscalía sostiene que desvió.

“Los peritos dicen no se puede concluir cuánto dinero de esos 300 millones fue objeto de peculado y lavado de dinero; ni determinar la razonabilidad de cada uno de los gastos que fueron hechos en casa presidencial en la partida de los gastos reservados”, afirmó Quintanilla.

El defensor  manifestó que más de 7.5 millones de dólares fueron gastados en la Secretaría de Comunicaciones en programas oficiales como “Hablemos claro”,  “Orgullosamente salvadoreños”,  así como en  de pago de asesores, actividades oficiales del expresidente Saca y cobertura de gastos imprevistos; que cerca de 305 mil dólares los ganó en salarios; mientras sus bienes sumaban 428 mil dólares que incluyen cuentas efectivo, vehículos y propiedades.

Basado en esos datos, el profesional dijo que estaban convencidos que podían ganar el caso y que el juicio abreviado venía a eliminar la incertidumbre incluso de una condena de 15 años “nos fuimos por lo práctico, por lo seguro y no correr riesgo”.

En ese sentido, el abogado pidió al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que lo absuelva de toda responsabilidad civil y aunque negoció una pena de cinco años con la Fiscalía; pidió a los jueces que valore una pena menor de tres años.

Según la Fiscalía, Pablo Gómez habría favorecido agencias de publicidad y otras instituciones.

La abogada dijo Gómez tenía la función de mensajero y pagador; que al él lo enviaba a retirar fuertes sumas de dinero al banco con la seguridad presidencial . “El era el último eslabón de la estructura de Casa Presidencial”.

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Por su parte, el abogado Roberto Claros, defensor del extesorero institucional, Jorge Alberto Herrera y del exjefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, acusados de lavado de dinero y peculado, solicitó una pena menor de 5 años negociada con antelación con la Fiscalía, como beneficio por acogerse a un proceso abreviado.

Claros sostuvo que antes de la vigencia del gobierno de Saca, en 2003, el patrimonio de Francisco Rodríguez era de 64 mil 218 dólares que con los sueldos devengados a 2015, asciende a 183 mil, por lo que no ha desviado fondos del erario público durante la gestión de Saca.

Detalló que en el caso de Jorge Alberto Herrera Castellano, al inicio de la administración Saca, tenía cuentas por pagar  por más de 6 mil dólares y al finalizar la gestión estaba en proceso de embargo por más de 36 mil dólares, lo que demuestra que no se valió de los fondos públicos para enriquecerse, porque al contrario tenía embargos en su contra, por tal razón Claros pidió su absolución tanto civil como penalmente.

Sobre la situación de Pablo Gómez, la abogada, Ana Silvia Rodríguez, sostuvo que su defendido no era funcionario como la Fiscalía lo ha calificado, sino que era un empleado de la Secretaría Privada de la Presidencia; la profesional intentó explicar la diferencia que hay entre un funcionario que tiene poder de decisión y un empleado que está subordinado a las directrices superiores.

“La diferencia entre un funcionario y un empleado es el poder de decisión, don Pablo Gómez era un asistente técnico que tenía funciones de mensajeros y pagador; no tenía decisión sobre la manera de ejecutarse los gastos reservados”.

La abogada dijo Gómez tenía la función de mensajero y pagador; que a él lo enviaba a retirar fuertes sumas de dinero al banco con la seguridad presidencial . “El era el último eslabón de la estructura de Casa Presidencial”.

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Esa versión fue corroborada con las declaraciones que el exmandatario Saca hizo ante el Tribunal, al afirmar que conoció a Gómez en la División Antinarcótico de la Policía luego de ser detenido pero antes no sabía quién era.

Gómez era empleado de Casa Presidencial desde 1994, quien según el peritaje contable financiero de la Fiscalía hizo transferencias bancarias, no tenía vehículos ni tarjetas de crédito y lo que le encontraron en su cuenta de ahorro era su salario. Las investigaciones establecieron que tenía otra cuenta en la que se manejan los fondos que le transferían de Casa Presidencial para hacer diversos pagos y transferencias.

“El no tenía dominio de lo que sucede”,dijo la abogada, al pedir al Tribunal que cambien el delito de peculado por malversación de fondos no intencional.

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