El perito Carlos Tejada tomó como referencia para el desarrollo de algunos puntos del análisis financiero del exasistente del excontador de la Presidencia, Pablo Gómez, cinco auditorías que la Corte de Cuentas hizo a la administración del expresidente Elías Antonio Saca.
La semana pasada, Alfonso Bonilla, un exauditor del ente contralor testificó al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que, entre 2004 y 2009, elaboró esas cinco auditorías de forma “superficial” a la partida secreta de la Presidencia, como el mismo Saca reconoció que la Corte de Cuentas le realizó esos exámenes financieros.
El testigo dijo que recibió órdenes de Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas, de realizar los informes desde su oficina, ya que ahí le remitirían la información contable.
Auditorías de gastos de Presidencia en tiempo de Saca fueron hechas sin respaldo legal
La orden habría sido extendida por el entonces presidente de la Corte de Cuentas, según exempleado
Durante el juicio, ayer Tejada señaló que para abrir dos cuentas institucionales de la Presidencia que también contenían el nombre de Gómez, había una decisión discrecional propia del expresidente Saca, a través de un reglamento creado a la medida. Además, que los gastos reservados no tienen una norma que regule su uso.
El fiscal Mario Huezo indicó que en el procedimiento para el manejo de dinero de la Presidencia debió aplicarse la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI) y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP), no el reglamento creado en la administración Saca.
Para Roberto Claros, defensor de Gómez, a partir de la creación del reglamento para usar los fondos reservados, inició la discrecionalidad de Saca.
Douglas Meléndez advierte que veto de Presidente a Ley de Fiscalía favorece el lavado de dinero
Con la disposición presidencial se le quitaría autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, señala
“Lo que ha hecho (Tejada) es venir a invadir competencias que no le son atribuibles a él. ¿Cuáles? Analizar lo relacionado a la legalidad en cuanto a la aplicación de las normas o cómo es que se deben aplicar las normas”, sostuvo Huezo, quien junto a su equipo cuestionaron la participación del analista financiero, ya que se excedía en las preguntas realizadas por la Fiscalía y defensa.
Huezo señaló que para procesar a Hernán Contreras y a Bonilla debe analizarse si las irregularidades que se les atribuyen aún no han prescrito, e indicó que el proceso de Saca arroja otros nueve casos que ameritan ser investigados.
Según el Tejada, el patrimonio de Gómez entre 2004 y 2015 fue de $137,372.17, pero un perito de la Fiscalía indicó la semana pasada que fue de $50,012,643 en ese periodo. Claros dijo que esa cantidad surgió porque la Fiscalía retomó fondos de cuentas personales e institucionales que abrió su cliente.